La mitad de las propuestas del PP en el debate de política general de Galicia ponen deberes a Sánchez y no a Feijóo

El PP gallego empleará la mitad de sus cuarenta propuestas de resolución en el debate de política general de la autonomía en ponerle deberes al gobierno en materias como cambio climático, el futuro de Ferrol, sanidad o cajeros automáticos. Pero al central, no al gallego. En línea con el discurso de Feijóo en la primera jornada de la sesión plenaria, trufado de ataques y críticas al Ejecutivo de Sánchez, el Grupo Popular se ha esforzado en pedir cuentas a los demás. “Nos centraremos en mejorar el bienestar de los gallegos”, aseguró el diputado y secretario general del partido Miguel Tellado.

Sus propuestas, que ofrecerán negociar a la oposición de BNG y PSdeG, se estructuran, explicó tellado, en cuatro apartados: bienestar y servicios públicos; industria, empleo y sector primario; infraestructuras; y autogobierno e institucional.

En el ámbito de los servicios públicos, el Grupo Popular pide eliminar las tasas de reposición en la convocatoria de ofertas públicas de empleo; apoyar a las universidades gallegas con una financiación estable para el periodo 2022-2026 o impulsar la digitalización e innovación de la cultura gallega. En lo referido al sector industrial, un Pacto de Estado por Ferrol, una transición ecológica y energética justa y ordenada que facilite el mantenimiento del empleo en empresas como Alcoa, Ence, Alu Ibérica o la central térmica de As Pontes. También proponen el diseño de la primera fábrica de fibras textiles de España en la provincia de Lugo.

Las infraestructuras centran el tercer bloque de las propuestas del PPdeG, que inciden en el cumplimiento del compromiso del Gobierno de España con la llegada del AVE a Galicia en este otoño o la modernización de la red ferroviaria, además de la extensión de las bonificaciones de los peajes aplicados en la AP-9 a la AP-53. En lo referente a autogobierno, piden la agilización del traspaso de las competencias prioritarias para Galicia, en particular la AP-9, la gestión del dominio público marítimo terrestre y la gestión del ingreso mínimo vital.