La Fundación Franco advierte de un “justo castigo” a los militantes del BNG por “asaltar” el Pazo de Meirás
La Fundación Francisco Franco insiste en sus comunicados sobre el Pazo de Meirás. Después de que se conociese hace varias semanas que va a gestionar las visitas al inmueble y que pretende con ellas exaltar la figura del dictador, la entidad ha optado por responder a todas las reacciones políticas, protestas o iniciativas institucionales. En esta ocasión, y después de que diese por “canceladas” las obligadas visitas al BIC “hasta nueva orden” y la familia del dictador se enfrente a una nueva multa, la institución responde a la ocupación simbólica llevada a cabo por militantes del BNG el pasado 30 de agosto y advierte de que “hará todo lo que esté en su mano para asegurarse de que que los asaltantes reciban su justo castigo de acuerdo con la ley”.
En el comunicado, la Fundación compara esta acción de afiliados del Bloque con lo que considera la “sedición de una amplia mayoría de las instituciones democráticas catalanas”, en referencia a la convocatoria del referéndum del próximo 1-O, y asegura que su decisión de hacer pública la denuncia del que considera un “asalto” es “aconsejable” ante la “oscurantista presentación del referido asalto por parte de múltiples actores políticos y mediáticos”. Además, la entidad fascista ha amenazado y advertido de que “esta decisión tendrá consecuencias importantes” y, en su opinión, “muy positivas sobre la sociedad española”. Será así, añade, “porque la aplicación del peso de la ley a los culpables del asalto al Pazo de Meirás y a los culpables de la sedición del Parlamento regional catalán será el caballo de batalla del enfrentamiento entre la democracia y la ley en la España de los próximos meses”.
Para la Fundación, lo relevante “no es el asalto en sí mismo”, ya que, según dicen, “el respeto a la ley de la izquierda española es nulo”, sino “en la respuesta ante dicho asalto”. Así, ha censurado que “una amplia mayoría de las organizaciones políticas y mediáticas españolas tomó la decisión de no condenar el flagrante delito cometido” y denuncia que “decidió ni tan siquiera mencionar que el referido asalto era obviamente ilegal”.
La institución franquista se queja de que “la versión más difundida del asalto lo define como un pequeño festejo, en el cual los delincuentes son presentados como defensores del bien común, y las víctimas del delito, la familia de Francisco Franco y la Fundación en tanto que organizador de las visitas, son descritos como delincuentes”. “¿Cómo es posible que en la España de la II Restauración Borbónica se alcanzase un grado tan elevado de falta de respeto público a la ley?”, se pregunta la entidad, que se responde a sí misma: “Se debe a una errónea equiparación entre democracia y ley”.
La Fundación, en su habitual retórica reaccionaria, denuncia que “en España son legión los que piensan que la democracia debe prevalecer sobre la ley”. Y considera que este error “explica la reacción política y mediática al asalto al Pazo de Meirás”. “Como el asalto tuvo lugar contra una entidad que defiende la España de Franco, lo políticamente correcto es definirlo como una actuación democrática y, en consecuencia, legal”. Y la institución resume: “La sedición del Parlamento regional y la no condena del asalto al Pazo de Meirás nacen de un mismo mito: que la democracia debe prevalecer sobre la ley”.
El BNG no ha tardado en responder al comunicado de la entidad franquista. Su diputado Luis Bará calificó de “inaudito e intolerable” que a estas alturas la Fundación Franco “sea legal, que se comporte con total impunidad, que reciba beneficios de los poder del Estado, que incumpla la ley en las visitas al Pazo de Meirás” y ahora anuncie amenazas contra el BNG por la acción simbólica de ocupación del Pazo. La formación nacionalista pedirá, a través de una proposición no de ley, ilegalizar esta institución por “apología del franquismo, terrorismo y genocidio” y declararla, junto a la familia del dictador “no gratas en Galicia”.
Bará ha recalcado que el BNG no acepta “ni amenazas ni chantajes” por parte de los franquistas. “No les tenemos miedo” y “seguiremos denunciando por todos los medios el incumplimiento de la ley, la impunidad del franquismo, el expolio, el robo de bienes públicos por la familia Franco y la complicidad de las instituciones del Estado, de la Xunta de Galicia y del PP con el franquismo”.
