El municipio en el que se encuentra el Pazo de Meirás recurrirá la decisión que obliga a compensar a los Franco por la conservación del edificio

Fachada del Pazo de Meirás, en el concello coruñés de Sada, reflejada en el retrovisor de un coche.

El Ayuntamiento de Sada celebra que la Audiencia Provincial de A Coruña haya rechazado la parte fundamental del recurso de los Franco para recuperar el Pazo de Meirás, pero no está conforme con otros aspectos del fallo y va a recurrir las partes que obligan al Estado a pagar a los herederos del dictador una compensación por el mantenimiento y conservación de la propiedad desde la muerte de este, en 1975. La familia pide un millón de euros.

Los Franco reclaman al Estado más de un millón de euros por los gastos del Pazo de Meirás desde la muerte del dictador

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El alcalde del municipio en el que se encuentra la emblemática propiedad, Benito Portela, ha manifestado en un comunicado su desacuerdo con algunas partes del documento judicial. En concreto, rechaza que los descendientes de Franco sean considerados "poseedores de buena fe". El fallo admite parte del recurso y la Justicia reconoce, así, el derecho de los siete nietos del dictador a ser compensados por los gastos de los últimos 45 años. Además, permite "consolidar a favor de los Franco todos los ingresos generados por el pazo".

"No se ajusta a derecho", defiende el regidor, que cree que "la posesión de los herederos del dictador debe ser considerada como de mala fe". Opina que no es creíble que los descendientes desconociesen las condiciones en las que el pazo llegó a manos de Franco y que su posesión era ilegal. "No pueden resultar beneficiados de la posesión de un bien detentado ilegalmente desde su origen, apropiándose y consolidando los ingresos obtenidos durante tantos años. Franco actuó de mala fe y sus herederos, también", sostiene Portela.

Anima a que Estado, Xunta, Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de A Coruña presenten también recursos en este mismo sentido. Sí se felicita por que el fallo haya ratificado que el inmueble es propiedad del Estado, como establecía la sentencia de septiembre de 2020.

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