Víctimas del Alvia en el Congreso: “Hubo una cacería del Gobierno al maquinista”

“El 24 de julio de 2013 decidí, junto con mi pareja y mis sobrinas de nueve y once años, viajar en tren a Santiago, ya que pensábamos que era mucho más seguro que hacerlo en coche”. Así comenzó este martes en el Congreso su intervención en la primera sesión de comparecencias de la comisión de investigación sobre el accidente de Angrois Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de víctimas, que tardó cinco años en ver hecho realidad este foro de análisis político sobre un siniestro que provocó 80 muertos y 144 heridos. Esa fue su única referencia a su condición de víctima en una comparecencia en la que se centró en plantear, con datos sacados de la instrucción judicial, las numerosas dudas que planean sobre el caso sobre posibles intervenciones políticas de PP y PSOE tanto antes como después del siniestro que no serán dirimidas en la investigación penal.

“Hubo una cacería del Gobierno al maquinista”, llegó a criticar Domínguez, en referencia al foco que los responsables políticos pusieron desde el primero momento en el conductor del tren, imputado en la causa judicial ahora junto con otros seis cargos de Adif y Renfe por los defectos de seguridad que existían en la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el siniestro. “Les pedimos que dejen de lado los intereses de partido para que esta comisión cumpla realmente con sus objetivos y se depuren las responsabilidades políticas”, reclamó.

Al exministro socialista de Fomento José Blanco lo acusó Domínguez de tener prisa por inaugurar el AVE Ourense-Santiago en diciembre de 2011 antes de dejar el ministerio. Al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al entonces secretario de Estado de Fomento, Rafael Catalá, de insistir tras el siniestro en que esa línea no era AVE, a pesar de que así lo ratificó la justicia, para no perjudicar la imagen internacional de la alta velocidad española. Y a la exministra popular Ana Pastor, de prometer una investigación técnica independiente que la UE sigue reclamando a España y una supuesta colaboración con la justicia que Adif y Renfe no siempre han acatado. “Los papeles los tuvimos que sacar nosotros de Adif”, dijo. “¿Ustedes creen que la política puede estar en manos de personas con estos valores y que tienen estas prioridades?”, se preguntó Domínguez. Todos esos citados y otros más, hasta medio centenar de comparecientes, irán pasando en los próximos meses por el Congreso.

En el accidente de Angrois el maquinista del tren, Francisco José Garzón, se despistó tras recibir una llamada del interventor del convoy y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois. Ni en las vías ni en el tren había activo ningún sistema de seguridad que evitase o paliase ese previsible error humano. En las vías el sistema de control constante de la velocidad (ERTMS, el propio del AVE) se había recortado en 2010 y a bordo de los Alvia se había desconectado en 2012. Domínguez puso el foco sobre la posible interferencia de responsables políticos en cuatro hechos que obvió la investigación oficial de Fomento, en los que se está centrando la investigación penal (por los que están también imputados los directores de Seguridad en la Circulación de Adif y Renfe, Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares, en cargos de confianza con PSOE y PP) y que vienen de ser puestos en cuestión por la Unión Europea.

En primer lugar, el cambio del proyecto original de la línea durante el mandato de Blanco que supuso recortar la seguridad en la curva. El segundo, la desconexión en 2012, ya con Pastor al frente de Fomento, del sistema de seguridad también a bordo de los Alvia porque fallaba y provocaba retrasos. El tercero, el hecho de que no se actuase tras una alerta expresa de un maquinista jefe un año y medio antes del siniestro de que en la curva de Angrois podía ocurrir un accidente como el que acabó sucediendo. Y el cuarto, la no realización por parte de Adif de la evaluación de riesgos de la curva que exigía la normativa europea. “Todo indica, como señaló el juez, que intereses comerciales y políticos se antepusieron a la seguridad de las personas”, dijo.

Junto con estos hechos, Domínguez citó también “la inacción” del primer fiscal del caso que se centró en acusar sólo al maquinista y la imposición por parte de la Xunta al juzgado de dos peritos sin experiencia en materia ferroviaria, uno de los cuales plagió parte de su informe de la investigación oficial de Fomento. “¿Esto es reflejo de la separación de poder de un Estado democrático?”, se preguntó, para lamentar que “pese a todo esto, ningún responsable político dimitió o pidió perdón y, para nuestra humillación, muchos fueron incluso premiados”, en referencia, entre otras cuestiones, al nombramiento de Pastor como presidenta del Congreso, de Catalá como ministro de Justicia o de Blanco como eurodiputado, pero fundamentalmente de otros varios responsables inferiores del sistema ferroviario.

“Los ministros están en otras cosas”

Fue durante las preguntas de los diversos grupos parlamentarios cuando Domínguez incidió, por una parte, en su mensaje de que Blanco y Pastor no pueden ser acusados de 80 homicidios, “los ministros están en otras cosas”, pero que los responsables políticos del sistema ferroviario español deben dar explicaciones. Igualmente, destacó el interés de esos mismos responsables por poner todos los focos sobre el maquinista en lo que calificó como “una cacería del Gobierno al maquinista”, que a su ver “tuvo un despiste y tuvo responsabilidad, pero hubo más responsables”. Domínguez también aseveró que hubo un “pacto” político entre PP y PSOE para protegerse de manera mútua.

El único de los grupos que no formuló preguntas a Domínguez sino que se limitó a hacer una exposición de su postura fue el PP, representado por el diputado ourensano Celso Delgado, quien hizo hincapié en que la causa penal aun está abierta cinco años después por su complejidad y en que esta comisión política puede interferir con ella. Domínguez le respondió que es “infantil” culpar a otros de unas demoras y complejidades de las investigaciones de las que él considera muy responsable al Gobierno del PP.

Junto con Domínguez, este martes también comparecieron en el Congreso otras víctimas y familiares de fallecidos.

Cristina Liras, que perdió en el siniestro a su hijo de 27 años, insistió en no ser tratada como una víctima sino como una ciudadana que exige atención y respeto por parte de los poder públicos. “¿Tienen hijos? Ustedes no lucharían por averiguar la verdad y exigir responsabilidades?”, preguntó a los diputados presentes. En similares términos se expresó Concepción Díaz, citada a la comisión como vocal de otra asociación de víctimas creada tras el siniestro, minoritaria y que no está teniendo actuaciones de investigación activa de todo lo que rodea al accidente como sí hace la plataforma. “Tuvimos que ir a la Unión Europea para que se nos escuche como ciudadanos que somos”, dijo esta madre de un hijo fallecido en Angrois con 21 años.

Por el contrario, otra víctima que no forma parte de ninguna asociación, Elena Moreno, que fue diputada de UCD en la legislatura constituyente del Congreso, aseguró en su comparecencia que lo que ella desea es olvidar el accidente, que no se siente representada por ninguna asociación y que esta comisión política en el Congreso no tendrá utilidad y puede interferir en la investigación judicial.

Este miércoles están citados, a petición de PP y PSOE, el maquinista del tren, Francisco José Garzón, y el interventor cuya llamada telefónica lo despistó. Las víctimas no entienden qué pueden aportar el maquinista y el interventor a una investigación política como la del Congreso.