Tres legislaturas, cuatro ministros y cinco años después, las víctimas abren la comisión de investigación del Alvia
A dos semanas de que se cumpla el quinto aniversario del accidente del tren Alvia en Santiago del 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas y 144 quedaron heridas, este martes comenzará la comisión de investigación política en el Congreso, diez meses después de su aprobación. El primero en intervenir será el presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez. La suya, avanza, no será una intervención victimista sino documentada, en la que expondrá las dudas existentes, para las que buscan respuesta, sobre diversas interferencias políticas antes y después del accidente.
Para llegar a este punto y ver cumplida la reivindicación de los afectados de un análisis político de lo ocurrido en la curva de Angrois han tenido que pasar tres legislaturas, con cuatro ministros al frente de Fomento. “No se puede acusar a los exministros José Blanco y Ana Pastor de cometer 80 homicidios imprudentes, pero sí hay muchas responsabilidades políticas y muchas respuestas que tienen que dar en el Congreso”, declarí a este diario Domínguez al explicar los porqués de su reclamación de una investigación política del siniestro que escarbe en aquellas cuestiones a las que no va a llegar la instrucción penal, que en todo caso consideran prioritaria.
En el accidente de Angrois, el maquinista del tren, Francisco José Garzón, imputado en la causa judicial, se despistó tras recibir una llamada del interventor del convoy y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois. Ni en las vías ni en el tren había activo ningún sistema de seguridad que evitase o paliase ese previsible error humano. El sistema de control constante de la velocidad (ERTMS, el propio del AVE) se había recortado en 2010 y a bordo de los Alvia se había desconectado en 2012. Por no evaluar correctamente el riesgo previsible que suponían esas decisiones, tomadas durante los mandatos al frente de Fomento de Blanco y Pastor, están imputados los directores de Seguridad en la Circulación de Adif y Renfe, Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares, en el mismo cargo con gobiernos socialistas y populares. Con ellos y con el maquinista están también imputados otros tres técnicos de la consultora pública Ineco y uno más de Adif subordinado del anterior.
A pesar de que las propias víctimas asumen que Blanco y Pastor no son responsables directos del siniestro, el miedo de socialistas y populares a que la comisión de investigación los salpicase bloqueó durante cuatro años esa petición que las víctimas comenzaron a reclamar al poco del siniestro, en otoño de 2013. Una reclamación cada vez mayor a medida que comenzaban a desvelarse las numerosas deficiencias de seguridad que presentaba la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente. No fue hasta la vuelta de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE hace un año cuando la postura socialista cambió y en septiembre se concretó su apoyo a la creación de la comisión, que dejó al PP solo en su negativa.
Hasta ver su reclamación concretada este martes, las víctimas han tenido que contemplar cómo finalizaba la X Legislatura en cuya mitad ocurrió el siniestro y cómo pasaban la brevísima XI Legislatura y más de un año de la XII. Mientras, Ana Pastor, ministra cuando el accidente, dejaba su puesto para ser presidenta del Congreso y lo asumía en funciones Rafael Catalá, al tiempo ministro de Justicia pero que era secretario de Estado de Fomento cuando ocurrió el siniestro. Los sucedería el popular Íñigo de la Serna y ahora el socialista José Luis Ábalos. Todos ellos, critican las víctimas, mantuvieron en puestos de confianza los dos directores de seguridad de Adif y Renfe imputados.
Durante los mandatos de los tres primeros, lamentan los afectados, que recibieron desplantes de ellos, las dos empresas públicas obstaculizaron en diversas ocasiones la investigación judicial a pesar de que los ministros reiteraban en público promesas de colaboración. Este mismo lunes, fuentes de Fomento han informado de que el nuevo ministro recibirá a las víctimas, que le habían solicitado un encuentro a los pocos días de llegar al cargo.
Las interferencias políticas en la investigación de Angrois llegan incluso hasta esta primera comparecencia, que se producirá diez meses después de la aprobación de la comisión por el Pleno del Congreso. Serán medio centenar de personas las que pasarán por el Congreso a lo largo de los próximos meses -no estará Feijóo, presidente de la Xunta, a pesar de que las víctimas querían que explicase varias decisiones polémicas que tomó tras el siniestro-, y la plataforma de víctimas quería ser la última en intervenir para así poder refutar con datos y documentos las falsedades que vertiesen antes el resto de comparecientes.
Pero PP y PSOE se volvieron a poner de acuerdo para situar a las víctimas de primeras y que la última palabra la tengan los exministros Blanco, que lleva meses mostrando su disposición a declarar, y Pastor, previsiblemente ya durante el próximo otoño. También citaron a comparecer al maquinista del tren (lo hará este miércoles), a quien los dos partidos mayoritarios siguen colocando el foco de todo el caso, y el interventor que realizó la llamada que lo despistó. Las víctimas no entienden qué pueden aportar el maquinista y el interventor a una investigación política como la del Congreso.
