La Xunta recurre la sentencia que obliga a indemnizar a los Franco por el Pazo de Meirás al considerar que actuaron “de mala fe”

La Xunta de Galicia ha cambiado de opinión y ha optado finalmente por presentar un recurso, que deberá dirimir el Tribunal Supremo, contra la sentencia que confirma la titularidad pública del Pazo de Meirás pero obliga a indemnizar a los Franco por los gastos de mantenimiento desde la muerte del dictador, en 1975. Los servicios jurídicos del Gobierno gallego consideran que sí hubo “mala fe” en los herederos al quedarse con el inmueble y sus terrenos y señalan en su escrito que no se puede argumentar lo contrario sin “atentar contra las reglas más elementales de la lógica y la razón”.

La decisión ha sido comunicada este domingo a través de una nota de prensa, después de que el sábado se confirmase que los nietos del dictador siguen adelante con la batalla judicial para quedarse con el pazo con el argumento de que su ocupación fue “pacífica”. La Xunta concreta que ha presentado un recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña del pasado 12 de febrero.

Se confirma así el giro en la postura del Gobierno gallego, que aceptó inicialmente lo recogido en ese fallo: que la propiedad del Pazo de Meirás era del Estado pero que los herederos habían actuado de buena fe y debían ser indemnizados por el mantenimiento desde que murió Francisco Franco. La Abogacía del Estado reaccionó de la misma manera, pero terminó por anunciar esta misma semana que sí presentará recurso. Esta postura abrió un debate y supuso una ruptura en la unidad de acción de las administraciones que se había logrado en los últimos meses. El ayuntamiento de Sada (donde está el pazo) dijo desde un primer momento que agotaría las vías judiciales para evitar tener que pagar a la familia Franco, una postura que compartieron la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de la capital provincial.

El presidente de la Xunta, que asumía en 2017 las tesis de los Franco, se alinea ahora con quienes rechazan la indemnización con esta decisión de su Gobierno. El escrito presentado considera que, a la vista de los hechos probados, es “contradictorio” que el fallo califique la posesión del inmueble como “de buena fe” por parte del dictador y su familia. Es, agrega, “una incoherencia” sostener esto al mismo tiempo que se admite que los descendientes de Franco eran conocedores de la situación en la que se hizo con el pazo. Esta contradicción, argumentan los servicios jurídicos, supone infringir las normas procesales.

“Es obvio que Francisco Franco no solo era conocedor del vicio de su título, sino que, además, hizo intentos forzados para ocultarlo”, agrega el recurso de la Xunta. También alega que hubo una transmisión “de mala fe” a la hija del dictador porque “existen hechos declarados en la sentencia que necesariamente conducen a pensar que la misma era consciente del vicio de la posesión”. Igualmente, sostiene, lo sabía Carmen Polo.