300 semanas de protestas por la manipulación informativa de la televisión pública gallega dominada por el PP y las denuncias por represalias han llegado a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo de la mano de los trabajadores de la Corporación de la Radio y Televisión de Galicia (CRTVG), pero el PP y la extrema derecha de los Conservadores y Reformistas (ECR, el grupo en el que se engloba Vox) han sumado sus fuerzas para rechazar la queja.
El comité de intercentros de la CRTVG presentó sus denuncias hace meses y fue admitida en septiembre de 2023, pero no se incorporó al orden del día hasta este martes después de los intentos de la derecha de dejar la queja fuera del debate. El representante sindical ha relatado las denuncias por manipulación que los trabajadores llevan denunciando desde los tiempos de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta y que se han mantenido con su sucesor Alfonso Rueda.
Las últimas tuvieron que ver con la “burda manipulación informativa” de la crisis de los pellets o el seguimiento del argumentario del PP tras el debate electoral que no salió bien al presidente de la Xunta. Todo eso trufado con denuncias de represalias por las quejas de los trabajadores.
Pero el PP ha reclamado el cierre de la petición. “Las acusaciones de censura, falta de pluralidad me parecen juicios de valor que no han sido apoyadas o hechas suyas resoluciones judiciales, salvo algún caso”, ha dicho el eurodiputado José Millán Mon, que ha aprovechado para atacar a TVE. Luego ha seguido esa dinámica su compañera Rosa Estaràs con la catalana TV3. “La corporación pública de Galicia tiene una estabilidad en su gobernanza, las cuentas saneadas y una posicion de liderazgo”, ha apostillado la balear.
La representante de Vox, Margarita de la Pisa, se ha limitado a decir que su grupo ECR apoyaba el cierre de la petición. Esa ha sido la medida que ha salido adelante en función del voto ponderado que ha decidido el presidente de la comisión que sustituía en este caso a Dolors Montserrat, el también popular Peter Jahr. Esa opción ha sido la elegida dado que no habrá nuevas reuniones de coordinadores por la celebración de las elecciones europeas. Con un resultado de 12 votos a favor de acabar con la queja y nueve en contra (socialistas, verdes y la izquierda), su camino ha terminado esta legislatura.
“Se trata de la dignidad de los periodistas que quieren cumplir con su trabajo con sus estándares, sus principios éticos haciendo su trabajo y no les deja la propia direccion de la televisión pública de gallega”, ha defendido el parlamentario del PSOE Nicolás González, que ha recordado que en la campaña “la Junta Electoral de Galicia le dio un tirón de orejas por querer retirar tiempo a los candidatos” y que hay “también denuncias por acoso laboral”.
“El Gobierno de Feijóo ya cometía abusos y ahora el señor Rueda también con una television al servicio del PP. Se impide a los medios públicos que hagan un buen trabajo”, ha señalado la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que ha asegurado que su partido sufre los “ataques” y ha puesto como ejemplo que ni siquiera la televisión pública estaba presente en ese debate. “Pedimos que se tenga en cuenta la nueva legislación comunitaria para que se eviten nuevas manipulaciones como las que se están produciendo en mi país”, ha agregado Miranda en referencia a la ley de medios de comunicación recientemente acordada en la UE, que es la que se remite la Comisión Europea, que deja en manos de las autoridades nacionales “investigar los casos individuales”.
“No me extraña nada que el PP haya hecho esto con la teleisión pública gallega porque lo hizo en la Comunidad Valenciana, allí sufrimos su corrupción hasta el punto de que tuvo que cerrar”, ha manifestado la eurodiputada de Podemos Esther Sanz.
Una vez terminado el debate y decidido el cierre de la petición, se ha producido una bronca de varios minutos por la negativa del presidente a dar la palabra de nuevo a los peticionarios. Finalmente han podido intervenir un minuto en el que han recordado que “las audiencias por buenas que sean no justifican que se incumpla la ley”y han asegurado que sus denuncias “no son casos aislados”.