La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, equiparó el derecho a manifestación con la kale borroka al acusar al BNG de adoptar esa estrategia tras una reunión con Bildu, a los que se refirió como “los herederos de ETA”. “¿Cuáles son las soluciones [de los nacionalistas] en materia de sanidad, de educación, de vivienda, de politica social...? Pues la conflictividad, la manifestación, la contestación social... en definitiva, la kale borroka”. Las acusaciones llegan en vísperas de la celebración de las dos jornadas de huelga en la educación, convocadas por el sindicato mayoritario, la central nacionalista CIG-Ensino, a la que Prado acusa de tratar de “adoctrinar” al alumnado en esa misma conflictividad.
La número dos de los populares gallegos pronunció esas afirmaciones en una entrevista en Onda Cero, donde le preguntaron por el documento aprobado el 15 de octubre por la UPG —la formación nuclear dentro del BNG— y en el que, tras el análisis de la “intensa conflictividad social y política, que se extiende a lo ancho y largo de Galicia” concluían que está “marcando” y la agenda política y por eso “debe ser tomada como prioridad en esta etapa y en este contexto”. Entre los ejemplos que es recogen en el texto aparecen las manifestaciones contra la gestión de los incendios forestales o el proyecto de macrocelulosa de Altri. También las marchas en repulsa del genocidio de Palestina o en defensa del idioma gallego y la huelga educativa.
Todas esas movilizaciones tuvieron un carácter pacífico y, en varias ocasiones lograron un respaldo masivo. Aún así, Prado insiste: “Ese documento sale después de que el BNG fuese al País Vasco a reunirse con Bildu, con los herederos de ETA, y adoptasen esa postura de traer la kale borroka a Galicia”. En su cuenta personal de X, la diputada remata esa afirmación con los emoticonos de una bomba y una explosión.
Acto seguido, la diputada acusó a la CIG —la central con mayor representación en Galicia— de “instrumentalizar” esas directrices. “Estamos viendo cómo está trasladando a los centros educativos un correo electrónico instando al profesorado a participar en una formación para adoctrinar a los chavales con materiales sobre esos asuntos que tienen en esos documentos en los que hablan de conflictividad social: Altri, Lumes Nunca Máis, la sanidad, la educación...”.
“Desde el PP vamos a combatir eso. No vamos a consentir que la CIG intente adoctrinar a nuestros hijos”, añadió, y apeló a la “conciencia” de padres y madres “cuando les digan que les están poniendo en el cole un vídeo o dándoles un material para instigarlos en esa conflictividad social”. Prado los anima a denunciar, “porque desde la Xunta ya se aprobó una normativa donde se habla de neutralidad ideológica”, un eufemismo bajo el que —tanto la oposición como las anpas como los propios sindicatos educativos— consideran que se oculta el intento del gobierno gallego de censurar los asuntos que le resultan incómodos.
Esa misma tentativa de “censura” fue la que denunció CIG-Ensino en un comunicado de respuesta a Prado por sus palabras “impresentables”. El sindicato negó que enviase cartas a los centros y aseguró que lo que mandó fue un correo al profesorado para poner a su disposición “ciertos materiales didácticos” que pueden usar en las aulas para abordar asuntos como “la situación del pueblo palestino o los efectos de los incendios y de industrias contaminantes en nuestro territorio”.
Todos los materiales están en la web de la central y pretenden “fomentar la perspectiva crítica del profesorado” dentro de los contenidos curriculares y los objetivos del marco legislativo. En concreto, argumentan, responen a los objetivos enunciados en el preámbulo de la LOMLOE: “mayor participación y reconocimiento en el currículo de los movimientos sociales que la crisis impulsó, así como atender el desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030, incardinándose en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria”. Eso incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación intercultural, la emergencia climática y la transición ecológica.
“Así pues, la CIG-Ensino se reafirma en que todos los materiales didácticos puestos a disposición del profesorado se enmarcan en la legislación educativa vigente y acusa a la secretaria general del PP gallego de querer enfrentar a las familias con el profesorado con unas declaraciones que son una absoluta irresponsabilidad”, concluye el comunicado.