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El PP gallego impone su mayoría para crear la universidad privada de Abanca que no respeta los criterios de calidad propuestos por el ministerio

Sede del Institututo de Educación Superior Intercontinental de la Empresa en Vigo.

Daniel Salgado

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Los tres rectores de las universidades públicas gallegas se oponen. El órgano consultivo del Gobierno gallego informó negativamente. La oposición parlamentaria considera incluso que va en contra de la legislación vigente. Los sindicatos de profesores y estudiantes alertan de la deriva mercantilista. Y el proyecto no cumple siquiera los requisitos que el ministerio del ramo exigirá en el Decreto Ley que ultima sobre enseñanza superior. Solo la Xunta de Alberto Núñez Feijóo parece entusiasmada con el proyecto de Universidad Intercontinental de la Empresa, promovida por Abanca y que este martes el Parlamento de Galicia ha admitido a trámite tras rechazar con los votos del PP las enmiendas a la totalidad de BNG y socialistas. Será el primer centro privado de la comunidad, más allá de una filial de la universidad zaragozana de San Jorge.

El proyecto de ley de reconocimiento de la iniciativa salió el pasado 18 de marzo de la reunión semanal del Ejecutivo de Feijóo. Apenas habían pasado unas semanas desde que el Consello Económico e Social, órgano consultivo de la Xunta, había dictaminado que “no podía entrar a valorar positivamente” la iniciativa de Abanca. Las principales razones, que no especificase las titulaciones que ofertará y sus desajustes respecto de las normativas autonómica y estatal. Feijóo dijo entonces que esas carencias -consignadas en un informe no vinculante- serían subsanadas en un decreto posterior a la ley que hoy debate el Parlamento gallego. Porque esta consta apenas de ocho escuetos artículos, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones últimas.

Las enmiendas a la totalidad de la oposición, en el caso del PSdeG “con expresa petición de devolución”, son duras impugnaciones. Critican el proyecto como la puerta por la que el sistema universitario gallego se asoma a la privatización y coinciden en señalar que incumple la normativa actual al duplicar líneas de investigación y titulaciones ya en marcha en las universidades públicas. La ley 6/2013 del Sistema Universitario Galego asegura que estas deben “ser complementarias y no reiterativas”. Nacionalistas y socialistas denuncian además la falta de transparencia con la que la Xunta de Galicia ha manejado el asunto hasta el último momento.

El Gobierno gallego no remitió a la Cámara información requerida mediante su artículo 9 -el mecanismo del que disponen los grupos parlamentarios para el control documental del ejecutivo. Las universidades públicas alegaron contra el proyecto “sin documentación imprescindible para una valoración seria del anteproyecto”, lamenta el Bloque, al que tampoco le parece de recibo que la memoria del proyecto de Abanca “no se aporte con el expediente del proyecto de ley que consta en el Parlamento”.

El proyecto de ley incluye, en efecto, escasa información. Sobre la estructura de la Universidad Intercontinental de la Empresa, apenas que contará con dos campus, uno en A Coruña y otro en Vigo, y ofrecerá titulaciones en dos de las cinco ramas del conocimiento, la de ciencias sociales y jurídicas y la de ingeniería y arquitectura. Las “estructuras docentes” serán una facultad de administración de empresas y derecho, otra de ingeniería y tecnología empresarial y un instituto universitario de investigación. Habrá cuatro grados, cuatro masters universitarios y dos programas de doctorado.

Cuatro títulos de grado frente a los 10 que exigirá el ministerio

Es precisamente esta organización académica otro de los puntos en cuestión, ya que incumple de lleno el Real Decreto que ha anunciado el Gobierno central para endurecer las condiciones de creación de las universidades privadas. Y que además tendrá efectos retroactivos: dispondrán de cinco años para adaptarse a ellos. Así, para que el Ministerio de Universidades apruebe la constitución o el mantenimiento de un centro privado de educación superior, este deberá impartir un mínimo de 10 títulos de grado, seis masters y tres programas de doctorado, correspondientes a tres de las consideradas cinco áreas del conocimiento -artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura. La iniciativa de Abanca está muy lejos de estos requisitos.

Cuando el ministerio anunció su previsiones legislativas, fuentes del banco impulsor del centro privado aseguraron a elDiario.es que no les preocupaba “en absoluto el endurecimiento de los requisitos para abrir la universidad” y que les interesaba “la enseñanza tenga el máximo nivel. La pública y también la privada”. Pero, de momento, su proyecto mantiene los cuatro grados, cuatro masters y dos doctorados iniciales.

Las titulaciones que Abanca remitió en el documento que el pasado noviembre revisó el Consejo General de Política Universitaria son administración y dirección de empresas, negocios digitales e inteligencia artificial, ingeniería en sistemas de información y ciberseguridad, e ingeniería empresarial y emprendimiento tecnológico. Los masters abordarán administración y dirección de empresas, derecho empresarial y economía digital, neuromárketing y comportamiento del consumidor, e ingeniería de datos e inteligencia de negocios. Los doctorados serán en economía y empresa y en ciencia de datos y sistemas de información.

Abanca prevé que la Universidad Intercontinental de la Empresa, cuyo embrión es la vieja Escuela de Negocios de Caixanova -reconvertida tras la polémica fusión de las cajas gallegas de ahorro en el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa-, comience a funcionar en el curso 2022-2023. Su previsible aprobación en el pleno del Parlamento de Galicia -el PP la apoya y cuenta con mayoría absoluta- deberá enfrentarse a las movilizaciones convocadas por la Plataforma en Defensa da Universidade Pública. La más cercana en el tiempo será este mismo martes, a las 11.00 horas, ante las puertas de la Cámara legislativa gallega.

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