El plan del Gobierno para limitar el negocio de las universidades privadas compromete el proyecto académico de Abanca

La primera universidad privada de Galicia, impulsada por Abanca, es todavía un proyecto. Y, de aprobar el Gobierno central el Real Decreto que ultima al respecto, las dificultades para que se materialice serán mayores. Porque la norma del ministerio prevé endurecer las condiciones para constituir o mantener un centro de educación superior y estas chocan con las características previstas para la denominada Universidad Intercontinental de la Empresa. En concreto, con el número de grados, máster y doctorados que ofrece, significativamente menor del que exigirá el Gobierno central para autorizarla.

La iniciativa de la fundación de obra social de Abanca planea implantar con sedes en A Coruña y Vigo se estructura en diez titulaciones: cuatro grados, cuatro máster y dos doctorados. Hasta ahora, el decreto vigente de creación de universidades, aprobado en 2015 por José Ignacio Wert, del PP, exigía un mínimo de ocho. Pero el nuevo texto eleva ese mínimo a 10 los títulos oficiales de grado necesarios para obtener autorización a impartir docencia universitaria. Además, el nuevo reglamento obliga a cada centro a impartir seis máster y tres programas de doctorado inscritos en al menos tres de las que el ministerio entiende como “cinco grandes ramas del conocimiento”: artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura.

La idea de Abanca, según consta en el documento que ayer votaron todas las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria, tampoco encaja con esos requisitos. Porque se centrará apenas en dos áreas: ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura. Las titulaciones de grado que ofrecerá son administración y dirección de empresas, negocios digitales e inteligencia artificial, ingeniería en sistemas de información y ciberseguridad, e ingeniería empresarial y emprendimiento tecnológico. Los máster abordarán administración y dirección de empresas, derecho empresarial y economía digital, neuromárketing y comportamiento del consumidor, e ingeniería de datos e inteligencia de negocios. Los doctorados serán en economía y empresa y en ciencia de datos y sistemas de información.

“No nos preocupa en absoluto el endurecimiento de los requisitos para abrir la universidad”, aseguran fuentes cercanas al proyecto, “nos interesa que la enseñanza tenga el máximo nivel. La pública y también la privada”. Las mismas fuentes afirman que la matrícula del centro tendrá un 25% de becas. En todo caso, de salir adelante el decreto del Gobierno central, Abanca deberá ampliar sensiblemente la estructura de su oferta académica, que en principio quería disponibilizar ya en 2021. Las universidades privadas tendrán cinco años para adaptarse al nuevo marco; de lo contrario, se les revocará el permiso.

El ministerio se desmarca de la decisión

La Voz de Galicia publicaba esta semana la “luz verde” del Ministerio de Universidades, dirigido por Manuel Castells, al proyecto universitario bancario. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, enseguida salió a celebrar que “un ministerio gobernado por Podemos” ofrezca “un informe favorable”. A consulta de elDiario.es, el departamento de Rodríguez no ha querido valorar el nuevo decreto que endurecerá los requisitos. “Es un borrador que nos fue enviado ayer, media hora antes de la Conferencia de Política Universitaria, y tendremos que proceder al análisis de su contenido”, señala su gabinete de prensa.

El propio ministerio negó ayer haber emitido informe ninguno. “El ministerio no tiene las competencias para la decisión sobre la creación de una universidad en ningún territorio, esa competencia corresponde a cada comunidad autónoma”, declaró una portavoz del mismo, quien explicó que la obligación legal era “analizar si los proyectos universitarios que se proponen cumplen con las condiciones fijadas en el Decreto de creación de universidades e indicar, en consecuencia, si es apto o no apto”. El de Abanca lo es, pero en base a la norma de Wert que ahora va a ser sustituida por otra cuyos efectos serán retroactivos.

Tras el “apto” del ministerio, el proyecto pasó a la Conferencia General de Política Universitaria de la tarde de este miércoles, donde votan las comunidades autónomas. Fue aprobado. Con todo, el órgano insta a Galicia a “hacer seguimiento para reforzar la solidez académica del proyecto universitario” y vigilar que se cumpla el porcentaje de doctores en las enseñanzas de grado y máster y de profesores a tiempo completo, o a “velar por que la Universidad destine como mínimo el porcentaje de su presupuesto a investigación y bibliotecas”. En conversación con elDiario.es, un presidente autonómico al tanto del debate en la conferencia, aduce que “con las normas actuales aprobar la creación de una universidad era un trámite meramente formal. Resultaba muy difícil decir que no”. El siguiente paso corresponde ahora al Parlamento de Galicia, que deba generar una ley ad hoc de creación del centro de estudios superiores.

El ministerio insiste en desmarcarse de la decisión. “Todas las valoraciones sobre la pertinencia de la implantación de una universidad en un territorio corresponde al Gobierno de ese territorio: análisis de la demanda, pertinencia en función de demografía del territorio, etcétera”, aseguran. Pero la maquinaria de la Xunta para implicar al Gobierno central en su promoción del centro privado ya está en marcha. En realidad, ya lo estaba en enero, cuando Feijóo aseguró en rueda de prensa que entonces el proyecto “estaba en manos del Gobierno de España”. “Dejemos que entre el Partido Socialista y Podemos valoren si se cumple la ley o si se trata de una privatización universitaria”, dijo.

Los sindicatos denuncian “un nuevo regalo de la Xunta a Abanca”

También la Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública, que agrupa a los tres principales sindicatos -CIG, Comisións Obreiras y UGT- y los estudiantiles Erguer, Anega, Acción Universitaria y Sindicato de Estudiantes, ha entrado al trapo con un comunicado en el que acusa al Ministerio de Educación de “favorecer la voluntad de la Xunta de entregarle a Abanca un nuevo regalo en forma de universidad privada que entra a romper un sistema universitario gallego totalmente público”.

En Galicia existen en la actualidad tres centros públicos de enseñanza superior: el de Santiago de Compostela, el de A Coruña y el de Vigo, con campus repartidos en las siete ciudades de mayor población de la comunidad. Sus tres rectores votaron en contra de la nueva universidad privada en el Consello Galego de Universidades el pasado diciembre. También opera en A Coruña una filial de la privada Universidad de San Jorge, con sede en Zaragoza: el Cesuga, que ofrece grados de Administración y Dirección de Empresas, Arquitectura, Publicidad y Relaciones Públicas y Traducción y Comunicación Intercultural. El embrión de la propuesta de Abanca es la vieja Escuela de Negocios de Caixanova, reconvertida tras la polémica fusión de las cajas gallegas de ahorro en el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa, dependiente de la fundación de obra social de Abanca y adscrita a la Universidade de Vigo.

“En Galicia no debía darse salida a una universidad privada”, señala Luz López, secretaria general de Ensino de Comisións Obreiras, “la demanda está perfectamente cubierta por la universidad pública”. López recuerda que, tras las primeras protestas contra la iniciativa a comienzos de año, esta “parecía haber quedado parada. Es sorprendente que ahora la recuperen”. Suso Bermello, de la sección de enseñanza de la CIG, había denunciado haces unos meses que, según la información que manejaba, Abanca pretendía “concentrar su oferta educativa alrededor de dos campo, el jurídico social y la ingeniería y arquitectura, compitiendo claramente con la oferta de las universidades públicas”.

Para Luz López, la peripecia de la Universidad Intercontinental de la Empresa es “una broma de mal gusto” realizada después de la fusión entre Caixanova y Caixa Galicia que dio lugar, en una operación todavía opaca para la ciudadanía, a NovaCaixaGalicia, y previa conversión en banco, pasó a propiedad del financiero venezolano Juan Carlos Escotet. Nació entonces Abanca, cuya fundación, construida sobre la obra social de las antiguas entidades, impulsa la primera universidad privada en Galicia. Prácticamente al mismo tiempo, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo aprobaba una nueva ley del Sistema Universitario de Galicia, la 6/2013, con el voto en contra de la oposición conformada entonces por PSdeG, Alternativa Galega de Esquerda y BNG. La mencionada normativa, criticaron en su día la izquierda y los sindicatos, relajaba las condiciones exigidas por la Xunta para “reconocer univesidades privadas”.