Los sindicatos acusan a la Xunta de “blindar” altos funcionarios “ante un posible cambio de Gobierno”
Los sindicatos con representación en la Administración Autonómica denuncian las “maniobras” del Gobierno gallego en los procesos de promoción interna para “intentar blindar los puestos más altos del personal funcionario, con gente de su confianza, ante un hipotético cambio de Gobierno”. Así lo aseguran en un comunicado conjunto CIG, CCOO, UGT y CSIF, que sitúa diestras de las dichas “maniobras” a la Asociación de Funcionarios del Cuerpo Superior (Agrupa), que califican de “lobby que nació para defender los intereses de sus miembros y que cuenta con una importante capacidad de influencia sobre Función Pública”.
“Lejos de dedicarse sólo a la defensa de los temas que le competen como asociación, intenta suplantar, mediante contactos o alegatos no oficiales, la representación legítima de los sindicatos, condicionando un nuevo modelo de Promoción Interna en perjuicio de los derechos a la carrera administrativa de los funcionarios”, aseguran los sindicatos, que califican la actuación de “especialmente grave” por tener “sospechas fundadas de que integran este colectivo jefes de servicio y subdirectores de la Dirección General de Función Pública con capacidad de decisión en materia de provisión o selección de puestos de trabajo”. Esto, segundo explican, “compromete la imparcialidad y la independencia de actuación que debe caracterizar a los funcionarios públicos, así como la buena fe negocial”.
“Función Pública puede estar incurriendo de este modo en una ilegalidad al mantener negociaciones con una asociación profesional y no con la legítima representación de los trabajadores de la Xunta de Galicia”, lo que supondría una “vulneración del derecho a la negociación colectiva”. Los sindicatos dicen “tener constancia, confirmada por el Director General de Función Pública” de que Agrupa ya ha presentado oficialmente alegatos a la normativa en materia de función pública (Ley de Empleo Público de Galicia), y de manera oficiosa ahora a los procesos de promoción interna, así como a los de acceso libre.
“Parece que su ayuda está siendo inestimable para que Función Pública blinde los puestos de jefatura de servicio, ahora proveídos por el nuevo sistema de 'concurso específico', una LD encubierta, y demás puestos directivos”. Para las organizaciones sindicales, “ya no hay dudas de la existencia de intereses políticos para que en el proceso de Promoción Interna queden vacantes muchas plazas, sobre todo las de los subgrupos A1 y La2, para dificultar o limitar el acceso del personal en igualdad de condiciones”.
“El objetivo es reducir considerablemente los potenciales candidatos para las jefaturas de servicio, subdirecciones generales y puestos de personal directivo”, dicen, tras aclarar que para poder dejar desiertas estas plazas, Función Pública, al margen de los sindicatos, “optó por aumentar los ejercicios de corrección subjetiva y por fijar temarios muy abiertos, en contraposición con los anteriores modelos en los que los aspirantes se examinaban sobre disposiciones normativas concretas”.
“Se juntaron el interés corporativo de una asociación profesional para evitar la competencia en estos puestos de máxima responsabilidad, con el interés político de la Xunta de dejar 'colocada' a su gente de confianza en puestos determinantes”, denuncian sobre unos puestos que “son los más favorecidos por la nueva Ley de Empleo Público”, que dificulta su cese al implantar la figura del personal directivo, así como por el nuevo sistema de provisión arbitrario designado como concurso específico.
Hacienda amenaza con “acciones legales”
Los sindicatos creen que “con este blindaje”, y en un eventual cambio de color en la Xunta, el actual Gobierno “tendría la posibilidad de seguir controlando desde fuera la Administración a través de esta Asociación, a la que le tendría mucho que agradecer en la redacción de las convocatorias de procesos selectivos, concursos y normativa en materia de empleo público”. La respuesta ante esta denuncia por parte del director general de Función Pública en la Comisión de Personal fue “amenazar con emprender acciones legales por la vía penitenciaria”.
“Nos mantendremos firmes en la defensa de los derechos e intereses del conjunto de los empleados públicos, así como en la denuncia pública de la falta de negociación y de las prácticas espurias que persiguen sólo el beneficio de unos pocos, en perjuicio de los intereses generales de los empleados de la Xunta de Galicia, como es la promoción profesional”, aseguran, por lo que solicitan que al consejero de Hacienda que “asuma su responsabilidad política”.
“Esto no es más que la punta del iceberg de cómo se elaboran en la Xunta las normas que afectan a las empleadas y empleados públicos, donde previamente son cocinadas con diversos lobbies, de dentro o fuera del Gobierno, para luego interpretar una obra de teatro con la representación legal del personal y salvar así el requisito legal de haber negociado”, concluyen.
