Los socialistas gallegos denuncian que la Xunta obstaculiza la ley de memoria democrática al no aportar fondos propios

El PSdeG acusa a la Xunta de ir “arrastrando los pies” con la aplicación de la ley de memoria democrática y de estar obstaculizándola por la vía de no destinarle fondos propios. El partido reclama la elaboración de un plan autonómico de recuperación de la memoria histórica y varias medidas para recordar a las víctimas del franquismo, incluida la declaración de jornadas específicas con este motivo.

La portavoz par los asuntos relacionados con la democracia, Patricia Iglesias, y la de justicia, Paloma Castro, presentaron sus propuestas en una rueda de prensa en medio de la polémica por la deriva en las comunidades gobernadas por PP y Vox en las que se están derogando las leyes sobre memoria y sustituyendo por leyes “de concordia”. Castro pidió, en este contexto, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se mantenga al margen de “la deriva fascista” del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo y de la acogida de las tesis de la ultraderecha. Pero, las diputadas socialistas han recordado también el giro en las políticas en la materia con la llegada del PP a la Xunta tras el gobierno del bipartito de PSOE y BNG (entre 2005 y 2009).

Castro señaló que el primer gobierno de Feijóo en Galicia “aniquiló” las políticas sobre memoria que había puesto en marcha el bipartito, que contaban con un presupuesto de un millón de euros. Esos fondos “desaparecieron” de las cuentas públicas con el PP. Por su parte, Iglesias insistió en que la aplicación de la ley -en Galicia rige solo la estatal, no hay normativa propia- se financia solo con fondos del Estado y la Xunta no aporta “ni un solo euro”. El presidente gallego manifestó en unas declaraciones este martes que descarta elaborar una normativa propia para la comunidad: “A nosotros nos parece suficiente con la normativa que ahora mismo está en vigor y, por lo tanto, no tenemos que tomar ningún tipo de iniciativa, simplemente cumplir la normativa que ahora está en vigor en Galicia”. Su equipo aclaró después que se refería a la ley vigente para toda España.

La diputada socialista Patricia Iglesias añadió que el trato que está recibiendo en Galicia la ley de memoria democrática es equiparable al del resto de normativa relacionada con “avances sociales”, entre los que citó la ley de dependencia, la del aborto, la de la eutanasia y la de vivienda, que permite declarar zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres. Pidió el cumplimiento escrupuloso de una legislación que consideró que favorece “pasar definitivamente página de la etapa más negra” de la historia española: “Galicia también tiene derecho al reencuentro para ser un lugar mejor, más digno y más humanitario”.

El PSdeG va a registrar una batería de propuestas en el Parlamento gallego. Una de ellas pedirá que el 8 de mayo sea declarado día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura franquista. El 31 de octubre reclaman que sea declarado como referencia a las luchas individuales y colectivas por la conquista de los derechos y la democracia y día de recuerdo a todas las víctimas. También exigen que la Xunta elabore un plan de recuperación de la memoria histórica en Galicia, que cree el Instituto da Memoria y que visibilice el papel de las mujeres como sujetos políticos y víctimas de la represión.