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Investigadores gallegos denuncian la paralización de sus contratos posdoctorales por la "nula previsión" de la Xunta

Instalaciones de un centro tecnológico de la Universidad de A Coruña en el campus de Ferrol

El colectivo de investigadores pertenecientes al 12C 2017 -Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento, gestionado por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN)- ha denunciado que el vacío en las convocatorias de más de seis meses para sus contratos posdoctorales llevará al paro por un tiempo "indefinido" y perjudicará "gravemente" las carreras profesionales de 37 investigadores.

Un error de la Xunta deja en paro a 34 investigadores de alto nivel

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Estos profesionales, terminada la modalidad A de su contrato posdoctoral -regido por el GAIN y la Consellería de Economía, Emprego e Industria-, tienen la posibilidad de renovar su vinculación con las universidades gallegas en las que desarrollan sus proyectos otros dos años (Modalidad B). Para este proceso es necesario concurrir a la convocatoria competitiva que publica la Xunta.

Consultada por Europa Press, Susana Cid, investigadora y representante de este colectivo, ha explicado que "la falta de previsión de la Xunta de Galicia" ha provocado un atraso "enorme" en la publicación de esta convocatoria. "Nuestros contratos terminan en diciembre, momento en el que nos iremos al paro, no sabemos por cuánto tiempo", ha declarado.

A este respecto, la Consellería de Educación ha trasladado que era consciente del problema y que estableció en abril de este año unas prórrogas a los contratos posdoctorales que terminan en diciembre de 2020. "Esta extensión es algo inédito en el resto de España; es más amplia y duradera que las concedidas por el Ministerio de Ciencia", ha señalado el departamento que dirige Román Rodríguez.

Por otro lado, la Xunta de Galicia ha declarado que la nueva convocatoria verá la luz "durante los primeros meses de 2021", aunque no precisa la fecha concreta. Si las nuevas convocatorias se presentasen ahora, las personas con contrato prorrogado no podrían presentarse, argumenta Educación para hacerlas más adelante.

"Que la convocatoria salga en febrero o marzo implica que no se resolverá hasta junio, dejándonos seis meses en el paro e interrumpiendo gravemente nuestras investigaciones", ha replicado Susana Cid. El colectivo demanda que, al menos, se creen los conocidos como "contratos-puente" que la Xunta ofreció en 2019 a la cohorte del 2016 -34 investigadores se enfrentaron a esta misma situación el pasado año- y que redujeron el parón en tres meses.

El colectivo avisa de que el parón influiría no solo en sus investigaciones, sino también en "las labores docentes" que desempeñan en las universidades gallegas. "Los centros están saturados, sobrepasados ante la situación excepcional provocada por la Covid-19 y con el parón no podrán contar con nuestro apoyo docente desde enero a septiembre de 2021", ha explicado Susana Cid. Estos investigadores, además de impartir clase, se encargan de tutorizar trabajos de fin de grado y de fin de máster, entre otros cometidos.

Critican también la obligación de concurrir a la convocatoria inmediatamente posterior a la finalización del primer período. "Si yo no puedo concurrir a esa convocatoria porque, por ejemplo, acabo de ser madre, no puedo optar a participar en la del año siguiente, por decir una", ha explicado la representante del colectivo. El tratamiento de las bajas de maternidad y paternidad es otro punto que genera malestar. Aunque se amplían los contratos el tiempo que haya durado la baja, posteriormente se puntúan sus resultados sin tener en cuenta que, con los meses sin actividad laboral, el volumen de trabajo se reduce.

Los investigadores han llevado sus quejas también ante el Valedor do Pobo que, en abril del 2018, resolvió que estas investigadoras no podían competir "en condiciones de igualdad en convocatorias o evaluaciones de proyectos científicos por la falta de inclusión de factores de corrección por bajas de maternidad". Amparándose en diversos documentos legales -concretamente en el Decreto Legislativo 2/2015 del 12 de febrero de 2016-, el organismo señaló que podría tratarse de "discriminación".

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Publicado el
16 de noviembre de 2020 - 17:36 h

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