¿Una renta básica para todos los gallegos en 2028?
Es viable la implantación de una renta básica ciudadana en Galicia? Esta es la pregunta que se hace, y que responde, el estudio que este viernes se presenta en Compostela. Repartiendo nuestra riqueza aborda la viabilidad económica y política de la implementación de la propuesta de la Renta Básica de las iguales (RBis) en el país. Fruto de tres años de trabajo, análisis, documentación e investigación, la obra analiza las posibilidades de implantación del “derecho que tiene cada persona a percibir periódicamente unos ingresos que le permitan cubrir sus necesidades”. Por lo tanto, una cuantía que ha de percibirse de manera individual, universal e incondicional y cuya cantidad equivale al límite que marca el umbral de pobreza en cada territorio.
La Oficina de Derechos Sociales de Coia y Baladre (Coordinación de luchas contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social) son los promotores de un estudio que pretende “presentar de forma realista, con datos y detallada” las posibilidades reales de instaurar en un país esta renta básica, esta cuantía que sería distribuida por el poder público de forma igualitaria entre los ciudadanos gallegos. Así lo explica Diego Lores, uno de los autores del informe, que aclara que la iniciativa surgió después de comprobar que esta propuesta “ni estaba madura ni era muy conocida en el país”.
Después de meses y meses de grupos de trabajo, de coloquios y de información, ve la luz este trabajo en el que se defiende la viabilidad de la instauración de una RBis que en Galicia supondría algo más de 870 euros por habitante, según los datos de 2011, y que surgen de dividir la renta per cápita del país entre dos. La iniciativa, más conocida en territorios como Cataluña, Canarias o Andalucía -e incluso con experiencias avanzadas en alguna localidad de Valencia- se deshace de su disfraz de utopía cuando se analizan los argumentos y los datos que no sólo la justifican, sino que la hacen viable. “La Renta Básica parte de la idea de que la riqueza está mal repartida y que tenemos que repartirla mejor; Galicia también tiene riqueza, pero aquí también está muy mal repartida”, insiste Lores, que cree que es hora de “afrontar el tema con realismo”.
Segundo el último informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), el 23,7% de la población gallega, un total de 662.515 personas, se encontraban en situación de pobreza y exclusión social en 2011, 65.386 de ellas en condiciones de “privación material severa”. La gravedad de la crisis económica viene provocando en los últimos tiempos “un cambio de mentalidad en la gente”, que ve como lo que antes parecía una utopía se convierte ahora en necesario y posible.
El estudio pretende fundamentar la propuesta con datos y propuestas viables. “La viabilidad económica de la Renta Básica se muestra con datos”, repite Diego Lores, que recuerda que este mecanismo “es un instrumento que tiene dos objetivos: a corto plazo, redistribuir las rentas de los que más tienen en esta sociedad para aquellas personas que más las necesitan; y un segundo, de largo plazo, es el de transformar el sistema desde parámetros de equidad y justicia social”.
Para conseguirlo, las vías que se detallan en el informe para conseguir los ingresos necesarios son varias: “la reasignación del gasto público, una reforma fiscal que aumente los impuestos de aquellas personas y entidades que tributan muy poco, la unificación de diversas ayudas sociales en esta única renta o la eliminación de gastos superfluos como el militar”. “Amancio Ortega es uno de los ejemplos de una persona que tributa demasiado poco en comparación con lo que gana”, dice Lores. El proceso incluso tiene unos plazos, que consistirían en quince años divididos en varias etapas que culminarían con la implantación definitiva de esta renta básica en 2028. “Se comenzaría instaurando esta renta para los colectivos en riesgo de exclusión y los más precarios hasta implantarla definitivamente en esa fecha”, aclara.
Para Diego Lores, “que pueda existir o no la renta básica depende mucho de la presión social que se haga desde la ciudadanía” y está convencido de que es un instrumento que “puede funcionar si el pueblo cree que puede ser un instrumento útil para todos”. Para eso, tampoco lo dudan, precisan del apoyo político. En el comienzo del estudio, se presentó la iniciativa a varios sindicatos, aunque “no hubo mucha receptividad”. No obstante, la crisis y el trabajo hecho desde las entidades sociales han hecho que su discurso “fuera cuajando entre la gente”.
“Alternativa Galega de Esquerda, en el programa de las últimas elecciones autonómicas, hace una propuesta parecida a la que llaman renta social básica y parece que la coalición está interesada en abrir el camino”, insiste Lores, que aclara que la publicación del estudio será el punto de partida para comenzar junto con formaciones políticas y diversas organizaciones para “dar a conocer la propuesta y desarrollarla entre todos”. En otros lugares, la iniciativa de la Renta Básica va cogiendo forma e incluso en Extremadura se va a debatir una ILP en el Parlamento. “Si el pueblo se anima y está convencido, todo se puede cambiar”. Ese es el mensaje.
