Vimianzo, en vilo ante una polémica moción de censura
La moción de censura que amenazó al gobierno municipal de Vimianzo (A Coruña) en marzo parecía totalmente desactivada hasta que la pasada semana una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña aceptó los argumentos de los concejales censores (dos independientes, dos tránsfugas procedentes del PSdeG y otros dos del PP) abriendo de nuevo la posibilidad de echar abajo el gobierno municipal de Manuel Antelo (BNG). En marzo la moción no se había podido presentar, al haber sido entregada un sábado, fuera del horario de la secretaria del Ayuntamiento. Cuando los concejales censores intentaron hacerlo de nuevo dos de ellos ya no podían firmarla, al ser considerados tránsfugas (los elegidos en la lista del PSdeG ya habían perdido su condición de afiliados, como prevén los estatutos del partido en casos de transfuguismo).
Sin embargo, esta nueva sentencia legitima la moción presentada entonces, argumentando que la secretaria municipal debe estar de guardia 24 horas al día y siete días a la semana y que los empleados del registro tienen el deber de valorar los documentos y localizar a la secretaria, “lo que muestra un desconocimiento total de la ley”, en palabras de Antelo, que añade: “la secretaria es una funcionaria y por ley tiene un horario laboral y la función de los empleados del registro sólo llega a la clasificación de los documentos, nunca a su valoración”.
Estos días Vimianzo se mantiene en un compás de espera. “La sentencia no es firme. Nosotros hemos apelado al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, como Ayuntamiento y como concejales y pedimos la suspensión de la sentencia. Al mismo tiempo nos hemos acogimos a medidas cautelares, para que no se ejecute, pues el daño que se le puede ocasionar a Vimianzo sería prácticamente irreparable. Todos los acuerdos que adoptara el ayuntamiento serían nulos, comenzando por el pago de las nóminas”. “Como esto pasa en Vimianzo, parece que son cosas de la aldea, que no interesan a nadie, pero el caso es clarísimo: unos individuos intentan perpetrar un acto delictivo amparándose en esta sentencia”, denuncia Antelo.
Esta sentencia le da validez a la presentación, pero en cualquiera caso, en el proceso de una moción de censura hay dos momentos en los que hay que verificar si se reúnen los requisitos: primero cuando se presenta, y segundo, una vez que se convoca el pleno. En ese momento es la mesa de edad la que debe verificar de nuevo que todos los firmantes cumplen la legalidad. En el caso de Vimianzo la mesa de edad está formada por dos de los censores, uno de ellos concejal del PP. “Por eso yo apelo a Feijoo”, dice Antelo, “porque el presidente de la mesa es militante del PP”. En su momento los populares desautorizaron a estos concejales que habían presentado la moción de censura e incluso habían anunciado que los expulsarían, pero nunca lo hicieron. “Yo le pregunto a Feijoo si va a consentir que un concejal suyo incumpla la ley y por lo tanto cometa un delito, o si va a respetar la ley”, concluye el alcalde del BNG.
Los miembros del gobierno municipal están tranquilos, pero reconocen que este proceso está monopolizado su trabajo desde la pasada semana: “este martes, por primera vez, pudimos trabajar algo”. Pero también destacan que están recibiendo muchos apoyos, “por supuesto de nuestros votantes, pero también de muchos otros vecinos, Me consta que hay militantes del PP entregando los carnés y llamando a la dirección provincial para pedir que paren esto”, dice.
Lo que dice la ley
La ley está claramente del lado de Manuel Antelo y del Gobierno municipal de Vimianzo. La Ley Electoral se ha modificado en varias ocasiones para proteger a los ayuntamientos del transfuguismo y desde 2011 establece un procedimiento para la presentación de mociones de censura: el escrito de presentación de la moción debe estar firmado por la mayoría de los concejales y no son válidos los apoyos de concejales considerados 'tránsfugas'. Para Antelo, “con esta sentencia estaría abriéndose, contraviniendo la LOREG, una nueva vía para la presentación de mociones de censura, de forma que, ya que tenemos ventanilla única, una persona en Ourense podría registrar una moción de censura contra el gobierno municipal de Vimianzo y los encargados del registro tendrían que localizar al secretario del Ayuntamiento para que este la diligenciase sin tener documento alguno delante”.
Que los dos ediles que formaban parte de las filas del PSdeG tienen esa consideración de tránsfugas está fuera de la discusión. Los estatutos del PSOE recogen que cuando un concejal presenta una moción sin la autorización del partido, pierde automáticamente la condición de afiliado. En consecuencia, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE declaró y les notificó a los dos ediles censores la pérdida de la condición de afiliados a través de dos resoluciones firmadas el 4 de marzo. Estos ediles presentaron un recurso ante lo juzgado de primera instancia de Corcubión, pero el juez titular determinó el 29 de abril que no se había vulnerado “procedimiento alguno” y avaló la pérdida de la condición de afiliados en el PSOE de los dos ediles al haber “suscrito una moción de censura contra acuerdo expresamente adoptado por los órganos del partido”. No era un proceso de expulsión que se pudiera recurrir, sino tan sólo la constatación de un hecho.
“Vimianzo vive una transición política tras veinticinco años de corruptelas”
Manuel Antelo denuncia también las maniobras que estos concejales han puesto en marcha desde que el nuevo gobierno tomó posesión hace dos años. En marzo Antelo declaraba a Praza Pública que no se enfrentaba a una “moción de censura”, sino a una “moción de corrupción”. “Su obsesión es volver al Gobierno”, dice, “y para eso promueven el desprestigio y enfrentamientos entre vecinos”. Antelo destaca que en dos años el consistorio pasó “de una situación heredada, con 1,5 millones de euros de impagos” a tener “un remanente de tesorería de 112.000 euros”, siendo además “uno de los pocos ayuntamientos que no tuvimos que recurrir a un plan de ajuste, ni hacer un ERE ni recortes”, todo “gracias a los vecinos, que entendieron que durante el año 2011 nos dedicamos a sanear las cuentas, para completarlo en 2011 y entrar en 2013 con libertad desde el punto de vista económico”. “Incluso conseguimos crear puestos de trabajo”, dice Antelo, “media docena para sustituir el Grumir que acababa de desmantelar la Xunta y 30 empleos temporales, que palían un poco la situación de muchas familias, y que por lo menos animan algo más a la gente a quedarse en la Costa da Morte y no emigrar”.
Pero “después de sanear el ayuntamiento económicamente” el grupo de gobierno apostó por “sanearlo democráticamente”, explica. Y fue en este punto en el que se activó “la moción que venían anunciando desde que yo asumí la alcaldía”. Este “saneamiento” consistió en “abrir expedientes disciplinarios” contra “funcionarios vinculados familiarmente a parte de los firmantes”
Otro de los expedientes abordados y que derivó en la imputación del ex alcalde por presunta corrupción y tráfico de influencias fue el vinculado a la construcción de la casa de la cultura de la villa, tramitada en período electoral supuestamente al margen de los cauces legales y adjudicada a empresas presuntamente vinculadas también “a la empresa de uno de los firmantes”. “Por obras hechas fuera de contrato pagamos cerca de 700.000 euros”, ilustra Antelo. Estas, dice el alcalde, son sólo dos muestras de “más de una docena de imputaciones relacionadas con esta gente”, concejales que, asegura, daban sustento a un verdadero “monopolio” de empresas que contrataban con el ayuntamiento y que “perdieron” sus privilegios con el cambio de gobierno. Vimianzo, subraya Antelo, está “viviendo una transición política tras veinticinco años de corruptelas”.
