La Xunta aboca a la ruina a los gestores de la cafetería del clausurado Hospital Xeral de Vigo al obligarles a mantenerla abierta

En septiembre de 2015 la gran mayoría de los comercios, bares y restaurantes que rodeaban el Hospital Xeral de Vigo sufrieron un golpe mortal. La práctica totalidad de los servicios del centro hospitalario fueron trasladados al nuevo hospital de la ciudad, el Álvaro Cunqueiro. En ese momento el vecindario, comerciantes de la zona, Junta de Personal y colectivos en defensa de la sanidad pública reclamaron que el viejo hospital fuera aprovechado para usos sanitarios, como una forma de dar respuesta a los evidentes defectos que presenta el área viguesa en esta materia. Y también para contrarrestar la enorme pérdida de actividad que había sufrido el barrio. En enero de 2016 una encuesta revelaba que apenas cuatro meses después habían sido ya 14 establecimientos los que habían cerrado (el 17,5% del total) y que 52 de los 66 que seguían abiertos corrían el riesgo de hacerlo a corto o medio plazo.

Mucho peor era, evidentemente, la situación para la cafetería del propio hospital, que perdió de pronto a toda su clientela. Sus adjudicatarios, los hermanos Lourido, tuvieron que despedir a 23 trabajadores e intentaron cerrar el negocio, pero el Servizo Galego de Saúde (Sergas) no les permitió hacerlo, alegando que aún tenían casi seis años de concesión por delante. Dos años y medio después su situación no ha dejado de empeorar, con el inicio de las obras de derribo de parte del viejo hospital para acoger los futuros juzgados de Vigo. “Casi no tenemos ingresos, perdemos dinero todos los días y ahora estamos cercados por carteles de 'prohibido el paso a toda persona ajena a la obra'”, comenta Adolfo Lourido en conversación con Praza.gal. Ahora acaban de llevar al Sergas ante los tribunales.

Los hermanos Lourido llevan ocupándose de la cafetería desde el año 1980, cuando ganaron el concurso para la explotación del local. En los años siguiente fueron renovando la concesión, hasta que en el año 1996 la Dirección del Hospital decidió sacar nuevamente el contrato a concurso, por 25 años, con la condición de que el adjudicatario tenía que encargarse de construir unas nuevas instalaciones. Los Lourido ganaron ese concurso, financiaron y llevaron a cabo la edificación y continuaron explotando la cafetería en su nueva localización. Pero en 2015, cuando llevaban 19 años y medio de concesión, se decide el traslado de prácticamente todos los servicios del Hospital al Álvaro Cunqueiro.

“En ese momento intentamos negociar una solución con la Dirección del Hospital, sobre todo para los 23 trabajadores que teníamos, algunos con una antigüedad de más de 30 años con nosotros, muy buenos trabajadores todos. Pero fue imposible”, explica Adolfo Lourido. “Fueron dándonos largas, solicitamos por registro en dos ocasiones una reunión con la anterior conselleira -Rocío Mosquera-, y no obtuvimos respuesta. Y después, de nuevo dos veces solicitamos reunión con el nuevo conselleiro -Jesús Vázquez Almuíña- y tampoco nos contestaron”, dice.

Cercados por las obras

La situación ha alcanzado un nuevo nivel de absurdo hace unos días, cuando los Lourido fueron informados de que en el marco de las obras de la futura Ciudad de la Justicia iba a comenzar a ser demolida parte de la edificación que ellos mismos habían hecho. “Contestamos que por supuesto no podían hacerlo, porque mientras esté en vigor el contrato nosotros somos los dueños de esa edificación. A pesar de esto, siguieron adelante con las obras. Nos opusimos y llegó un agente de la Policía Autonómica, que amenazó con llamar a una patrulla. Llamamos a un notario, que levantó acta de la situación y nosotros nos retiramos. El tema está en el juzgado, denunciado y esto no termina aquí”, advierte Adolfo Lourido.

Los adjudicatarios de la cafetería ha denunciado al Sergas, reclamándole en primer lugar “la indemnización que tuvimos que darles a estos trabajadores después de que el Hospital se negara a subrogarlos en el Álvaro Cunqueiro”. “Cumplimos con nuestros trabajadores y los indemnizamos como correspondía. No queríamos comenzar a ver el nombre de nuestra empresa pintado por las paredes, como varias concesionarias que fueron denunciadas”, dice Lourido. También le solicitan al Sergas el lucro cesante por los años que faltaban de concesión y el coste de la parte de la obra que quedaba por amortizar en septiembre de 2015.

A esta reclamación se le añade ahora el hecho de que “llevamos dos años y medio acumulando unos gastos, de los que también los responsabilizamos, porque no nos autorizan a cerrar”. “Ahora han vallado todo el recinto para llevar a cabo el derribo del edificio del Hospital. Estamos cercados por carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”, añade.

“La situación está llevándonos a donde el Sergas nos quiere llevar: al punto en el que económicamente no podemos aguantar”, concluye Adolfo Lourido, que explica que por este motivo han decidido denunciar su situación en los medios de comunicación. “La triste realidad de este país es que mientras los medios no se implican un poco, nada se mueve”, resume.