La Xunta encarga un informe por 3.600 euros sobre si tiene las competencias en la costa que se atribuyó en una ley recurrida

La ley gallega de ordenación y gestión del litoral está suspendida en parte de sus puntos principales por el Tribunal Constitucional. La recurrió el Gobierno central al entender que la Xunta se estaba atribuyendo competencias sobre la costa que no le correspondían. El Gobierno gallego ha decidido ahora encargar un informe a modo de segunda opinión a expertos de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) por el que va a pagar 3.630 euros. La intención es aclarar si esas competencias en el espacio marítimo-terreste le corresponden o no en un momento en el que el texto legislativo se encuentra ya siendo analizado por el Constitucional.

La decisión se ha hecho pública sin apenas datos a través de la plataforma de contratos públicos de la Xunta, en la que la administración gallega debe difundir su actividad y las adjudicaciones hechas mediante procedimientos públicos. En este caso, en el expediente disponible para la ciudadanía solo consta que el objeto del contrato es la elaboración de un informe jurídico sobre el fundamento competencial de los artículos cuestionados, que el procedimiento se ha difundido el 15 de enero y la resolución misma: se le adjudica a la USC, el único licitador presentado, con un plazo de 14 días para su ejecución. No aclara qué facultad o especialista se encarga. Es un contrato menor de servicios con tramitación ordinaria.

La Xunta busca argumentos para defenderse ante el Constitucional. La Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda indica que el contrato se autorizó el 1 de diciembre de 2023 y el objetivo es “poder contar con un informe jurídico adicional y de un centro de referencia con el que reforzar el escrito de respuesta elaborado por los servicios propios de la Xunta” para afrontar el proceso. El trabajo está ya finalizado, añade, y la USC entregó el documento definitivo el 14 de diciembre. El pago se ha tramitado ya también. La información se subió a posteriori a la plataforma de contratos, en la que se publican “cíclicamente” referencias de la actividad de la Xunta. La consellería señala que no interviene en el propio proceso de publicación o en la fecha de difusión.

La USC, por su parte, indica que el profesorado puede, de forma individual o a través de grupos de investigación, hacer para entidades o instituciones que se lo pidan informes sobre cuestiones en las que están especializados para dar “una valoración fundamentada”. Un portavoz de la universidad expone que las contrataciones de carácter menor –de hasta 15.000 euros– son una de las fórmulas legales para este tipo de proyectos “de asesoría y servicio” en cuestiones que no requieren concurrencia competitiva y permiten a quien encarga los informes tener “valoraciones de personas expertas concretas en un determinado ámbito”.

Los enfrentamientos entre gobiernos por el litoral

El Gobierno central y la Xunta mantienen una batalla por las competencias en el litoral. Los desencuentros empezaron con la ley estatal de cambio climático aprobada en 2021. Al Ejecutivo gallego le parecía que la limitación a 75 años de las concesiones en dominio público marítimo–terrestre ponían en riesgo a empresas como Ence –aunque finalmente, en el caso de la polémica pastera, el Supremo validó su presencia en la ría hasta 2073–, pero también a otras industrias relacionadas con el mar y a viviendas. Presentó recurso ante el Constitucional, que el tribunal rechazó. El siguiente desencuentro fue por dos artículos incluidos en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2023, el 10 y el 11, que la Xunta usó para limitar en el tiempo la posibilidad de que las administraciones actúen contra las construcciones ilegales en la costa. Daba un plazo de 15 años, mientras que la legislación estatal no establece ningún tope temporal. El Gobierno central lo llevó también ante el Constitucional y el tribunal de garantías suspendió estos dos puntos en octubre de 2023.

Poco después, adoptó la misma decisión sobre parte de la ley de gestión del litoral de Galicia, aprobada en julio del año pasado con solo los votos a favor del PP y la abstención de los dos grupos de la oposición. De fondo están interpretaciones encontradas sobre si el Estatuto de Autonomía gallego permite o no, con su redacción actual, que la comunidad asuma las competencias que incluyó en la ley. Cuando el Gobierno central anunció el recurso en el Constitucional, su entonces portavoz, Isabel Rodríguez, señaló que otras comunidades –la Xunta suele citar a Canarias, Andalucía o Catalunya– asumieron competencias análogas porque “expresamente así lo reconocieron sus estatutos”, pero que no era el caso de Galicia.

El Gobierno gallego, que en 15 años con el PP al frente no ha ensanchado las competencias transferidas, sostiene que sí tiene capacidad para gestionar el litoral con el Estatuto actual. Se aferra al dictamen del Consello Consultivo de Galicia, que sostiene que “avala la potestad de la comunidad para legislar en este ámbito”. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, acusó al Gobierno central de presentar un recurso que “tiene mucho de político y muy poco de jurídico”. En su defensa de la ley gallega, Vázquez había destacado entre los objetivos el de dar consideración de estratégicas a algunas actividades económicas, como la cadena mar–industria y la apertura de hoteles en edificaciones preexistentes, para blindar estos usos.