La Xunta prevé incorporar médicos de fuera de la UE mientras proliferan las denuncias de precariedad en la sanidad pública
Desde los primeros días de febrero está en marcha el trámite parlamentario de la reforma sanitaria que impulsa la Xunta. La que será la sexta modificación de la ley de salud del año 2008 por parte del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo cambia el mapa de las áreas sanitarias, pero también introduce cobertura legal para los convenios con empresas sanitarias privadas o reduce la información a sindicatos y pacientes sobre los contratos del Servizo Galego de Saúde (Sergas). El PP gallego ha venido defendiendo con intensidad la reforma y reduce a mentiras las críticas contra ella, también las expresadas por miles de personas en las calles de Santiago dos días antes de que el proyecto salvara el primer trámite en el Parlamento. Sin embargo, es el propio PP el que va a introducir reformas en la reforma; cambios por la vía de las enmiendas para, por ejemplo, insertar en la ley mecanismos para la incorporarción al Sergas de personal médico de fuera de la Unión Europea.
Entre las críticas que los conservadores reducen a “falsedades” figura de manera recurrente la de la precariedad laboral en la sanidad pública, que tiene como muestra más evidente los contratos encadenados o la inestabilidad laboral de profesionales de la medicina o de la enfermería que, por ejemplo, firman una nueva contratación cada mes, realizan jornadas laborales de apenas tres horas o reciben avisos para saber en que centro trabajarán con márgenes de apenas unos pocos minutos. Con este telón de fondo y mientras siguen brotando denuncias de precariedad en la sanidad pública el PP va a añadir un nuevo apartado al texto formulado por el Gobierno al que da sustento para que tener la nacionalidad de algún Estado miembro de la UE no sea requisito imprescindible para trabajar en el Sergas.
Así, según una de las enmiendas presentadas por el PP al texto que ha comenzado la tramitación solo con su propio apoyo, “la selección depersonal” del Sergas “se realizará de conformidad con los requisitos y sistemas establecidos por la normativa básica vigente y la autonómica de desarrollo”. Pero “no obstante”, advierte, la Xunta se va a acoger a la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público aprobada en 2015 por el Gobierno de Rajoy -cuando aún tenía mayoría absoluta-, que permite “eximir del requisito de la nacionalidad” -española o de otro Estado de la UE- para el acceso de empleo público si esa exención es fijada por ley “por razones de interés general y necesidades objetivas”. Ese es el mecanismo que usan los populares para que personas de fuera de la Unión puedan “acceder a la condición de personal estatutario de las categorías profesionales de licenciado sanitario” en el Sergas.
Puerta abierta a la “mano de obra barata”
Esta 'autoenmienda' del PP ya ha generado las primeras reacciones entre la representación del personal sanitario público. Así, la CIG-Saúde señala a través de su secretaria nacional, María Xosé Abuín, que “el PP, en lugar de garantizar condiciones dignas” para el personal médico “independientemente de su nacionalidad”, lo que pretende es “contar con una bolsa de profesionales como mano de obra barata en el sistema sanitario”.
“En la actualidad, para trabajar en el Sergas es requisito de acceso ser del Estado español o de cualquiera de los Estados miembros de la UE”, lo que “debería implicar garantizar condiciones laborales acordes con el puesto y la titulación requerida”, resalta Abuín. No obstante, “el Sergas mantiene en condiciones precarias a su personal, lo que está provocando su emigración” para evitar un modelo de “contratos por horas, días o meses, sin reconocimiento de la carrera profesional”, en vez de “cubrir las plazas con contratos de interinidad que después se puedan convertir en puestos estables”.
“Desde la CIG-Saúde defendemos el derecho al trabajo de todas las personas, independientemente de donde nazcan, pero queremos denunciar la hipocresía del PP”, resalta Abuín, porque “no busca personal en condiciones dignas”. Bien al contrario, afirma, “intenta institucionalizar estas formas de contratación precaria pensando que el personal que viene de fuera de la UE está más en disposición de aceptarlas”, lo que para el sindicato es preludio de un nuevo “abuso en toda regla”.
Otras enmiendas del PP a la Xunta
Además de la llegada de personal médico de fuera de la UE las enmiendas del PP al proyecto de la Consellería de Sanidade tocan otros tres aspectos de la reforma. Uno de ellos es la introducción en el texto legal de la figura de los Consejos asesores de pacientes a nivel gallego y de área sanitaria, aunque con las limitaciones generales de información que trae consigo la propia reforma.
Adicionalmente, la nueva ley trae consigo una nueva definición de “personal directivo”, que “en ningún caso” puede afectar a las personas responsables de los “órganos de la Consellería y de las entidades instrumentales adscritas” a ella que tengan la consideración de alto cargo de la Xunta. Además, las enmiendas del PP hacen desaparecer de la ley el término “atención especializada”, que pasa a denominarse en todo caso “atención hospitalaria”.
