Anticorrupción exculpa a los funcionarios acusados de favorecer al empresario Cursach

Nuevo movimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Cursach. Apenas dos semanas antes de que arranque el juicio por el presunto entramado mafioso urdido en torno al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, el Ministerio Público ha decidido retirar sus cargos contra siete de los 23 acusados de esta macrocausa. Mediante sendos escritos presentados ante la Audiencia Provincial de Balears, Anticorrupción basa su decisión en la “falta de verosimilitud” de los hechos que se les imputaban, entre ellos los relativos al papel desplegado por cuatro funcionarios acusados de haber auspiciado con sus resoluciones la buena marcha de los negocios del considerado rey de la noche mallorquina.

Más de cuatro años después de que el exfiscal Miguel Ángel Subirán -investigado en la actualidad a raíz de las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach- diese a conocer sus peticiones de condena para los inculpados en el procedimiento judicial, los fiscales Tomás Herranz y Juan Carrau han acotado las acusaciones iniciales a las actuaciones presuntamente llevadas a cabo por varios agentes de la Policía Local de Palma a la hora de alertar de futuras inspecciones y castigar a la competencia del empresario mallorquín. Con este nuevo paso, queda fuera del proceso penal, en lo que a la Fiscalía se refiere, buena parte de las imputaciones que hasta el momento se mantenían en pie en el marco de la causa.

En concreto, la acusación pública ha exculpado al director de la discoteca Tito's -buque insignia del Grupo Cursach-, Jaime Lladó; el exjefe de camareros de este establecimiento, Arturo Segade; otro de los directivos del grupo y expolicía local, Antonio Bergas; la exdirectora general de Turismo del Govern Pilar Carbonell -quien en noviembre de 2017 dimitió de su cargo tras su imputación-; otro funcionario del Ejecutivo autonómico, Bernardí Coll; el celador de obras del Ayuntamiento de Palma Julián Garau y el ingeniero y funcionario del Consistorio de Calvià Jaime Nadal. Asimismo, queda extinguida la responsabilidad penal del policía Miguel Estarellas a raíz de su fallecimiento.

La Fiscalía acusaba a Carbonell, Nadal y Seguí de prevaricación en el ejercicio de su cargo; a Lladó y Segade, de un delito de cohecho y contra la salud pública, y a Bergas, de pertenencia a grupo criminal, cohecho y prevaricación.

Ahora, su continuidad en el proceso penal dependerá del pronunciamiento del resto de acusaciones del caso Cursach, entre ellas la de la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

En su escrito inicial, Subirán relataba toda una serie de actuaciones, que, entre otras, incluían pagos en efectivo, cestas de navidad, cajas de Moët & Chandon, pases VIP para el macrogimnasio Megasport -una de las instalaciones de referencia del grupo, adonde, durante años, acudió frecuentemente el expresidente del Govern balear Jaume Matas, condenado en varias ocasiones por múltiples fraudes y sobrecostes cometidos bajo su mandato en su apuesta por los macroproyectos y las obras colosales-, servicios sexuales, consumiciones y estupefacientes que se dispensaban en sus establecimientos y discotecas. Varias de estas acusaciones han decaído a lo largo de estos años.

Los procesados apelan a la nulidad del caso Cursach a tenor de lo investigado en torno a quienes pusieron el foco sobre ellos: el exfiscal Subirán, el exjuez Manuel Penalva y cuatro miembros del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, quienes, en paralelo, se encuentran a la espera de conocer por qué hechos concretos deben ir a juicio.

Cabe recordar que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), Carlos Gómez, concluyó, en abril de 2021, las investigaciones en torno a ellos convencido de que Penalva y los cuatro policías cometieron los ilícitos de filtrar a la prensa información secreta del caso y no actuar para impedirlo -delitos por los que considera que deben responder ante un tribunal-.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y una treintena de acusaciones particulares -entre ellas, las ejercidas por el propio empresario del ocio y los demás acusados en el caso Cursach- sostienen que los antiguos investigadores de esta causa deben ser juzgados, además, por, presuntamente, coaccionar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio contra policías y magnate, efectuar detenciones ilegales y prolongar deliberadamente el ingreso en prisión de varios investigados. por las supuestas prácticas ilícitas que habrían cometido cuando investigaban al empresario del ocio y a decenas de policías, que supuestamente ayudaban a la buena marcha de sus negocios.