PP y Vox tumban una propuesta de Podemos para reforzar las leyes anticorrupción en Palma
El Ajuntament de Palma, con los votos de PP y Vox, ha rechazado una proposición de Unidas Podemos para endurecer la legislación en materia de corrupción. La propuesta incluía seis puntos para prohibir expresamente la contratación pública con empresas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la corrupción. Además, se proponía incluir en los pliegos de contratación cláusulas específicas para recoger estas prohibiciones; la creación de un registro actualizado de empresas condenadas o sancionadas por corrupción; la creación de una oficina anticorrupción municipal y la prohibición expresa de contratar con empresas que hayan sido sancionadas por infracciones relacionadas con el maltrato animal o por prácticas contrarias a la normativa ambiental o sanitaria vigente. En este punto específico se propuso prohibir el suministro de productos de la empresa Avícola Ballester —la marca de la ‘macrogranja de los horrores’— en centros municipales.
Lucía Muñoz, la concejala de Unidas Podemos, ha hecho el siguiente diagnóstico. A su juicio, “la corrupción en España no es un accidente ni es un caso aislado, es estructural, es el modelo de gobierno del bipartidismo y el modelo de negocio del capitalismo español”. Así, ha puesto como ejemplos las tramas que durante décadas han afectado a PP y PSOE, con el foco puesto en el caso Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con Rajoy, así como el caso Koldo-Ábalos-Santos Cerdán del actual Gobierno de Pedro Sánchez. “Qué casualidad, ¿no? Que el Partido Popular y Vox se den golpes en el pecho contra la corrupción del Partido Socialista, pero luego se callen cuando estalla el caso Montoro y que vayan a votar en contra de esta moción”, vatinaba Muñoz, adelantándose a las intenciones de conservadores y ultraderechistas.
La concejala morada entiende que, aunque la ley de contratos del sector público ya contempla medidas para que las empresas implicadas en casos de corrupción no puedan contratar con la administración pública en determinadas condiciones, hay que “ir más allá”. “Queremos blindar Palma contra las malas prácticas, contra el clientelismo, contra las redes de favores que durante décadas han parasitado las instituciones”, argumenta.
Por tanto, la moción pretendía evitar que “ni un contrato público” vaya a “empresas condenadas por corrupción”. “Ni tampoco a aquellas que por su trayectoria y sanciones han demostrado que no respetan los valores públicos. Esta moción no es simbólica. Estamos hablando de herramientas reales: un registro público, una oficina municipal anticorrupción y cláusulas específicas en los pliegos de contratación para hacer efectivos estos criterios”, afirma.
Asimismo, ha puesto el foco sobre la marca Avícola Ballester —que opera bajo el paraguas de la sociedad Avícola Son Perot S.A., propietaria de la ‘macrogranja de los horrores’, en el punto de mira por sus condiciones de presunto maltrato animal e insalubridad extrema—. “No se puede hablar de ética pública y girar la cara cuando se trata de vulneraciones graves en el bienestar animal, la seguridad alimentaria o el respeto medioambiental”, asegura Muñoz.
La concejala de Unidas Podemos califica el caso de “escandaloso” y lamenta que incumple, reiteradamente, “la normativa sanitaria y de bienestar animal”. “Este Ayuntamiento no puede permitir que ninguna escuela, centro público o dependencia municipal compre ni un solo producto de una empresa que funciona así”, asegura. En este sentido, indica que la propuesta pretendía poner el foco en el bienestar animal y la salud pública. “No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras con recursos públicos sostenemos negocios que vulneran la ley y la dignidad”, sentencia.
Sin embargo, la concejala de Función Pública (PP), Mercedes Celeste, opina que ni con los gobiernos municipales del PP ni los anteriores (el PSOE con Unidas Podemos y Més per Palma) estaba dando contratos públicos a empresas condenadas por corrupción. No se está dando “ni una ‘migaja de pan’ a nadie que esté en una lista en la que tenga prohibido contratar con la administración pública”, valora Celeste. Así, la concejala popular considera que Muñoz pretence hacer “una lista de los buenos y los malos, los que tienen valores y los que no los tienen”. “Estas cuestiones absolutamente ‘kafkianas’ no sé qué recorrido pueden tener, si no es, evidentemente, una sanción contra este Ayuntamiento”, valora.
La concejala popular indica que el Ajuntament cumple ‘taxativamente’ con la ley de contratos del sector público, lo cual iban a seguir haciendo “con la absoluta transparencia en la contratación que tiene este Ayuntamiento y manteniendo todos los filtros y controles que se tengan”. Celeste acaba poniendo el foco en el Gobierno: “Yo entiendo su preocupación, pero mientras ustedes sigan manteniendo en el poder a un presidente del Gobierno que tiene en su haber todo lo que tiene en este momento, mientras ustedes sigan manteniéndolo en el poder, aquí no vengan a decirnos cosas que no sirven para nada”, afirma la concejala conservadora. “Destituyan al señor Sánchez, convoquen elecciones, pongan un Gobierno limpio y que sí vaya a garantizar (...) contratos limpios y sin corrupción, y entonces empezaremos a hablar”, concluye Celeste.
Quien sí apoyó la moción de Unidas Podemos fue Més per Palma, a través de su portavoz, Neus Truyol. “Tenemos una larga trayectoria de lucha contra la corrupción, con políticas valientes y eficaces para eliminar esta lacra de nuestras instituciones”, empezó diciendo la concejala ecologista, quien lamentó que PP y Vox eliminaran la Oficina Anticorrupción impulsada por el Govern de Armengol. “Porque, evidentemente, consideran que deben tener ‘manga ancha’ para poder actuar, y son cómplices de estas prácticas totalmente deplorables”, lamenta Truyol.
Así, la concejala ecologista considera que las acciones debían ir encaminadas tanto contra los partidos y políticos que la practican, como contra las empresas que son cómplices de ella. “Porque aquí hay un tándem entre la administración pública, con los partidos políticos o con los políticos que practican la corrupción. Pero también hay empresas, y de hecho, hay empresas que se crean específicamente para apoyar estas prácticas corruptas”, valora.
Ha sido con la intervención de Ignacio Esteban, concejal de Vox, cuando ha quedado claro que la iniciativa de Unidas Podemos no iba a salir adelante. Así, le ha indicado que el artículo 71 de la ley de contratos ya regula los temas relacionados con la corrupción, contratación e inhabilitación. “Bueno, es que tenemos que prohibir la contratación aunque no haya una condena firme. Entonces usted se carga la presunción de inocencia. Se lo carga todo”, ha criticado.
Después, ha puesto el foco sobre Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que está siendo investigado por el Tribunal Supremo debido a la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “No respeta la presunción, diríamos, de respetabilidad que tiene que tener una institución como la Fiscalía General del Estado. Y no dimite”, opina Esteban y añade que lo que hay que hacer es “ser ejemplares”. “Y cuando uno no lo es, lo que tiene que hacer es dejar su cargo”, ha valorado.
Una posición distinta ha defendido en sesión plenaria Óscar Cereijo, concejal del PSIB-PSOE, que al inicio de su intervención anunciaba que los socialistas cambiarían el sentido de su voto y que votarían “a favor de todos los puntos”. “Compartimos el objetivo de esta moción: seguir avanzando en una administración municipal pública íntegra, ejemplar y comprometida, no solo con la legalidad, sino también con la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción”, asegura Cereijo.
Sin nombrar —en un primer momento— los casos que afectan a su partido, Cereijo ha hecho autocrítica: “Estamos cansados de ver cómo se malgastan recursos públicos, cómo presuntamente se tejen redes clientelares, cómo todo esto hace poner en duda todo el sistema institucional de nuestro país cada vez que estalla un nuevo caso de corrupción”. “Y somos incapaces de ver hasta dónde llega”, reconoció.
Por eso, ha afirmado que había que ir “más allá del espectáculo del ‘y tú más’. No entraremos en esas acusaciones cruzadas y vacías, sino en actuaciones concretas para garantizar la integridad de lo público”, ha destacado. El concejal socialista ha reconocido que le averguenzan “los últimos casos de corrupción” que afectan a su partido y por eso cree que la moción presentada por Unidas Podemos encaja en las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en su plan anticorrupción. Sin embargo, la moción no ha salido adelante debido a los votos en contra del PP y Vox.
Satya Animal carga contra el Ajuntament
Grasi Osuna, cofundadora de la entidad animalista Satya Animal —una de las dos que difundió las graves imágenes que mostraban el estado del interior de las instalaciones de Avícola Ballester en Llucmajor— ha alzado la voz en el pleno municipal antes de que se debatiera la moción que no iba a ser aprobada.
Así, la activista ha recordado que defender la propuesta para prohibir que el Ajuntament firme contratos con empresas sancionadas por maltrato animal, saltarse leyes ambientales o sanitarias es una cuestión de “ética y sentido común”. “¿Hace falta recordar el caso de Avícola Ballester? Hemos denunciado a la empresa por tener animales vivos entre cadáveres, suciedad extrema, ratas y un largo historial de incumplimientos. Ha salido en prensa nacional e internacional y volverá a salir si las instituciones siguen mirando hacia otro lado”, ha advertido Osuna.
La activista ha lamentado que después de todo lo que se supo solo se haya cerrado una de las naves —destinada a las gallinas camperas— y que el resto siguiera funcionando con total impunidad. “Los ciudadanos ven esto, se indignan y dejan de comprar. Los supermercados retiran el producto. La gente no quiere colaborar con este tipo de empresas, pero los ocho ayuntamientos siguen repartiendo contratos y pagando a empresas como esta con dinero público”, ha lamentado.
La activista ha recordado que la moción trataba de algo “tan básico” como “no pagar crueldad, delitos e infracciones con dinero público, pero parece que para algunos la dignidad institucional es negociable”. “Nosotras no nos vamos a callar mientras se firman contratos con quienes tratan animales mal y se reparten favores a cambio de dinero de todos. Es muy fácil hacer como si nada cuando quien paga no eres tú y quien sufre no te importa”, ha concluido.