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La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha eludido este martes aclarar cómo dará cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas sobre memoria democrática si deroga la ley vigente en Balears esta materia, desviando el debate hacia los informes de la ONU sobre la situación política en Venezuela. Ante la pregunta efectuada por el diputado de Podemos José María García, la jefa del Ejecutivo ha desviado el debate recurriendo a la retórica que desde hace años utilizan los conservadores como arma arrojadiza contra la formación morada. El pasado 21 de octubre, PP y Vox, lejos de expresar cualquier tipo de condena contra el golpe militar de 1936 y las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista, sellaron su pacto para eliminar la normativa autonómica de memoria, consagrando el borrado del reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Durante las preguntas de control al Ejecutivo autonómico en el pleno del Parlament, García ha aseverado que la memoria constituye “una manifestación específica de los derechos humanos”, recordando que la ONU establece un marco de obligaciones en materia de derechos humanos no solo para las administraciones estatales, sino también para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El parlamentario ha mencionado, en concreto, la Resolución 60/147 de la Asamblea General de 2005 sobre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, y que, en palabras del diputado, constituye “una declaración oficial de establecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de las personas estrechamente vinculadas a ellas, como son los familiares a los que expresamente hace referencia a la ley de memoria democrática de las Illes Balears”.
García también ha aludido al informe del relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición así como al texto del Consejo de Europa que condena “con firmeza” las violaciones de derechos humanos cometidos en España durante la dictadura franquista. “Exigimos verdad, justicia y reparación para las víctimas del golpe de Estado o la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y ustedes nos dan justo lo contrario con la derogación de una ley que se denomina memoria de reconocimiento democrático”, ha recriminado el diputado.
En su respuesta, Prohens ha aseverado que el Govern mantendrá la conocida como 'ley de fosas', que, ha señalado, “permite dar sepultura digna a las víctimas”, y continuará llevando a cabo acciones “en recuerdo a las víctimas de los bombardeos contra la población civil”.
Acto seguido, la presidenta ha virado su intervención hacia un ataque político relacionado con Venezuela. “Ya que tiene interés en el pronunciamiento de las Naciones Unidas, sí, literalmente, la persecución por motivos políticos se ha intensificado”, aseverando que la misión Internacional de la ONU en Venezuela “ha señalado que la única esperanza de que las víctimas encuentren justicia recae en la comunidad internacional”. En este sentido, la líder balear ha citado un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos acerca de “nuevas evidencias sobre la dura represión postelectoral tras los comicios presidenciales de julio de 2024”.
Lejos de responder sobre cómo cumplirá su Govern con las resoluciones internacionales en materia de memoria, Prohens ha acusado a Podemos de defender ese modelo político: “Usted me habla de democracia y de derechos humanos, pero este era y es el modelo de su partido. Y este era y es el del 'narcodictador' al que aplauden los de su partido”, ha concluido, recurriendo a un patrón ampliamente utilizado por la derecha desde la irrupción de Podemos y que, ajeno a la pregunta que se le ha formulado, le ha servido a Prohens para desplazar el foco del debate sobre la derogación de la ley de memoria democrática.
La derogación de las leyes autonómicas ya se ha consumado en Aragón, la Comunitat Valenciana, Extremadura y Cantabria, y el mismo camino enfila Balears. El paso atrás en la legislación que reconoce a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura fue una de las medidas estrella de los pactos de gobierno suscritos entre PP y Vox a cambio de hacer presidentes a varios líderes del PP, como en el caso de Prohens en el archipiélago. A pesar de que la extrema derecha decidió un año después y a cuenta del reparto de menores migrantes romper con los de Feijóo, ambas derechas han seguido aliadas en su objetivo de echar por tierra las leyes de memoria.
En la Comunitat Valenciana, Extremadura y Aragón, las normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. El Gobierno central ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la implantación estos textos al considerar que “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”.