Vox arranca más de 22 millones de euros al PP en los presupuestos de Balears para implementar su agenda ultra

Pese a la persistencia del PP al afirmar que su hoja de ruta en Balears se mantiene intacta, lo cierto es que la aprobación, esta semana, de los Presupuestos autonómicos de 2024 ha dejado en evidencia a un partido sometido desde principios de legislatura a las consignas de Vox. La abstención de la extrema derecha –a cambio, eso sí, del cumplimiento de 110 medidas programáticas– permitió a los conservadores gobernar la Comunidad Autónoma en solitario. En vano han intentado los populares esgrimir un perfil propio frente a Vox. Las acometidas y los chantajes perpetrados en las islas por los de Santiago Abascal en virtud de su pacto de gobierno han acabado subyugando a un PP desdibujado que, ante el temor de no poder sacar adelante sus cuentas, no ha dudado en claudicar ante las exigencias de sus socios externos, dejando patente que sin la extrema derecha no van a ningún lado.

Aunque sin la suficiente vehemencia, a lo largo de estos meses los populares han intentado evitar que la extrema derecha se pasara de frenada. Sin embargo, el Parlament balear ha sido testigo de que, definitivamente, es Vox el que controla el volante y el acelerador. El PP baila al ritmo de los ultraconservadores: allá donde estos ponen la música, los populares tocan las palmas. Aunque Vox no forma parte del Ejecutivo presidido por Marga Prohens, los de Abascal han conseguido que su socio en Balears dé respaldo a todas las enmiendas que han presentado a las cuentas del próximo año y arrancarles, a cambio de su voto, todo cuanto han demandado. Y todo ello a pesar de que la izquierda, en la oposición, había tendido la mano en varias ocasiones al Govern para que el PP no dependiera de Vox en la tramitación de los primeros Presupuestos de la era Prohens.

Tras la votación de las cuentas, la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, exhibía su satisfacción y celebraba que, con la aceptación de la práctica totalidad de sus enmiendas por parte del PP, su partido se anota un triunfo político “indiscutible”. Mientras tanto, y de forma unánime, PSIB–PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos reprochaban a los conservadores lo que consideran una completa “claudicación” ante sus socios, mientras que en el PP se han enrocado en alegar que no se han desviado un ápice de su programa ni del acuerdo original con Vox.

La defensa del bloque de la derecha ha pasado, asimismo, por agitar la Ley de Amnistía y los pactos del PSOE con Bildu y los independentistas catalanes. Afirmando que Vox “sólo se arrodilla ante Dios”, la portavoz de esta formación en la Cámara balear, Idoia Ribas, dejaba claro esta semana que los votos de los siete diputados de la ultraderecha son fundamentales para impulsar los acuerdos de investidura.

Así, entre las medidas más significativas que el Ejecutivo conservador ha aprobado a propuesta de la extrema derecha se encuentra una partida de 20 millones de euros para que el catalán deje de ser la lengua mayoritaria en la escuela pública; un millón de euros para una oficina que se encargará de defender a las víctimas de la “okupación”; 200.000 euros para inspeccionar que no hay “intromisión ideológica” en los centros educativos; la eliminación del Impuesto de Patrimonio que evitará la recaudación de al menos 70 millones de euros anuales, beneficiando a los grandes capitales; 150.000 euros para realizar auditorías a empresas y otros organismos para evitar gastos “con fines ideológicos”; 750.000 para la oficina de Vox contra la “imposición del catalán” y la supresión de las subvenciones a sindicatos y patronales –lo que ha obligado a CCOO y UGT a cerrar sus oficinas de igualdad–.

20 millones para desmantelar la escuela en catalán

La educación es uno de los campos de batalla donde Vox quiere imprimir su marca. No en vano, el partido de Abascal intentó, hasta el último momento, entrar en el Govern del PP de Prohens para ostentar, precisamente, la cartera de Educación. No fue posible. Sin embargo, los ultraderechistas siguen marcando la agenda a los conservadores en cuestiones educativas. Sobre todo, en lo referente a la lengua y a lo que Vox llama “intromisiones ideológicas” del profesorado.

Después de haber amenazado al Govern del PP y tras duras y tensas negociaciones, los conservadores apoyaron una enmienda de la extrema derecha que ha acordado destinar 20 millones de euros para que las direcciones de los centros educativos puedan escoger entre el catalán o el castellano en el segundo ciclo de Educación Infantil y en el primer ciclo de Educación Primaria. Es lo que la derecha llama “libre elección de la lengua” y la oposición de izquierdas, así como la mayor parte de la comunidad educativa, “segregación lingüística”.

El Ejecutivo balear ha decidido sacar adelante la medida, pese a que Prohens se comprometió a que en esta legislatura no habría “confrontación lingüística”. En la anterior etapa del PP al frente del Govern, con José Ramón Bauzá como presidente (2011–2015), los conservadores intentaron introducir el trilingüismo en la educación pública. Este modelo educativo, que no llegó a implantarse, fue contestado con las mayores manifestaciones de la historia de Balears.

En un primer momento, el PP se abstuvo en la enmienda presentada por Vox en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, en la que la extrema derecha ya solicitaba esta medida y que cifraba en 20 millones de euros. Es una de las medidas estrella del ideario de Vox: el partido de Santiago Abascal está obsesionado con la idea de modificar el modelo educativo para que la lengua catalana ya no sea mayoritaria en la enseñanza. La extrema derecha considera que dicho modelo está vinculado a la promoción de ideas cercanas al independentismo.

200.000 euros para controlar las “intromisiones ideológicas”

Por otro lado, el PP también ha apoyado una enmienda de Vox para destinar 200.000 euros en materia de inspección con el objetivo, afirma la extrema derecha, de controlar las “intromisiones ideológicas” en el ámbito educativo. En este caso, la obsesión se podría dirigir a controlar los contenidos educativos relacionados con los temas vinculados a la memoria democrática e histórica, el feminismo o la educación sexual, entre otros. La diputada autonómica del PP Ana Isabel Curtó destacó que que una de las funciones de la inspección educativa es “asesorar a los centros”, justificando, de esta manera, el voto favorable de los conservadores.

750.000 euros para luchar “contra la imposición del catalán”

Del mismo modo, el Parlament ha dado luz verde a la partida de 750.000 euros de presupuesto con el que prevé contar la oficina impuesta por los de Abascal para luchar contra “la imposición” del catalán en Balears, a pesar de tratarse de la lengua propia del archipiélago, tal y como reconoce el Estatut d'Autonomia. El nuevo ente público contempla multas de hasta 100.000 euros a quienes no acaten sus disposiciones. La partida ha contado con el apoyo no sólo de los siete diputados de Vox y los 25 del PP, sino también del diputado de Formentera Llorenç Córdoba y del parlamentario no adscrito Xisco Cardona, quienes votaron en contra de las enmiendas presentadas por los grupos de izquierda en este sentido y que iban dirigidas a que estos recursos pudieran destinarse a la innovación y la investigación, la educación, la salud, los servicios sociales y la movilidad.

En concreto, una de las funciones principales de este organismo será la de gestionar denuncias por parte de ciudadanos que “hayan visto su libertad lingüística amenazada” o que hayan observado algún “caso de discriminación a la hora de emplear el castellano o el catalán”. La entidad, según la propuesta de Vox, actuará en el ámbito tanto público como privado, desde el Govern y otras instituciones públicas como la Universitat de les Illes Balears (UIB) hasta las “personas físicas y jurídicas de naturaleza privada”.

Supresión de ayudas a sindicatos y patronales

Otra de las enmiendas más polémicas de las aprobadas a propuesta de Vox ha sido la que eliminará las subvenciones nominativas que reciben las patronales CAEB y Pimem y los sindicatos UGT y CCOO por un valor total de 400.000 euros. Una medida contra la que, paradigmáticamente, la semana pasada el PP votó en contra en comisión. Sin embargo, las advertencias de los ultraderechistas de no respaldar las cuentas si los populares no se plegaban a sus exigencias llevaron finalmente a éstos a avalar la retirada de estas ayudas.

Fruto de esta supresión, tambas organizaciones sindicales han anunciado el cierre de sus oficinas técnicas de Igualdad, cuyo objetivo pasaba, principalmente, por mejorar la equidad entre mujeres y hombres en las empresas de las islas y favorecer la no discriminación de género en el ámbito de las relaciones en el trabajo y la salud laboral. Sobre este asunto, la socialista Pilar Costa recriminó al PP haber “vendido sus principios, su alma y su dignidad política” al apoyar una iniciativa que “supone un ataque a los sindicatos”. Frente a ello, la diputada de Vox Patricia de las Heras Vox sacó pecho, celebrando que “los ciudadanos de Balears están de enhorabuena” tras el anuncio de UGT y CCOO. “Es lo que pasa cuando llega Vox, que cesan sus chiringuitos”, ha manifestado, arrancando el aplauso de sus compañeros de bancada.

Mientras la izquierda mantiene que esta propuesta no figuraba en el acuerdo de investidura, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, intentó esta semana justificar el voto favorable del PP aseverando que la supresión de estas subvenciones sí está incluida en el pacto. En concreto, se refirió al punto 51 del documento, que, sin mencionar la eliminación de estas ayudas, aboga por “promover el método de concurrencia competitiva a fin de garantizar la transparencia y la libre competencia frente al modelo de concesión directa de subvenciones”, garantizando así que “todas las subvenciones concedidas respondan al interés general de los ciudadanos de Balears y no a criterios ideológicos”. 

Eliminación del Impuesto de Patrimonio para los más ricos

En esta línea, el grupo que capitanea Idoia Ribas en la Cámara balear también ha logrado introducir una modificación de calado en el Impuesto de Patrimonio: no tendrán que pagarlo quienes tengan menos de tres millones de euros, excluido el valor de la vivienda habitual. Hasta el momento, el umbral se situaba en los 700.000 euros. La nueva medida supondrá una importante merma de ingresos –entre 60 y 70 millones de euros– para la Comunidad Autónoma y prevé favorecer a las fortunas más elevadas, al igual que la eliminación parcial del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que el Ejecutivo de Prohens aprobó vía decreto de urgencia el pasado mes de julio.

Pese a que ni PP ni Vox hablan de eliminación de este gravamen, en la práctica sí supone que el Govern suprimirá al máximo su aplicación en Balears, dado que la práctica totalidad de los contribuyentes quedarán exentos de su pago. Si el Ejecutivo hubiera eliminado también el tributo para las fortunas superiores a los tres millones de euros, el efecto sería nulo en Balears, dado que esos patrimonios pasarían a tributar al Gobierno central a través del 'impuesto de solidaridad de las grandes fortunas'. Al hilo de esta enmienda, el debate fue particularmente bronco en el Parlament, en especial cuando Costa aseguró que sus reformas fiscales benefician a las clases medias y bajas. “Los pobres no tienen tres millones de euros”, le rebatió el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Un millón de euros para la Oficina Antiocupación

Por otro lado, el Govern del PP también ha reservado, a propuesta de la extrema derecha, una partida de un millón de euros para la creación de una Oficina de Defensa de Víctimas de la Ocupación y la puesta en marcha de un teléfono de atención permanente para el “asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal”.

En su acuerdo de gobernabilidad, PP y Vox se comprometen a que, “en el caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado” y exigirán al Gobierno central que plantee las modificaciones normativas que posibiliten el desalojo exprés en 24 horas de quienes ocupen ilegalmente una vivienda y “permitan luchar contra las mafias de la ocupación”.

Mientras tanto, otra enmienda de Vox incorporada a los Presupuestos permitirá destinar 150.000 euros a la contratación extraordinaria de una auditoría de legalidad y gestión eficiente de los organismos, empresas y entes públicos, con el objetivo de eliminar “aquellos que no reporten beneficios para la ciudadanía y supongan un gasto superfluo, innecesario, duplicado o con fines ideológicos”.

El Parlament también ha aprobado una enmienda de la extrema derecha dirigida a destinar 1,5 millones de euros a un plan de apoyo a emprendedores a través de una línea de microcréditos de avales ISBA para menores de 35 años a amortizar únicamente cuando tengan beneficios.

Plus de residencia y dietas de altos cargos

Se da la circunstancia de que los de Abascal se desmarcaron del PP en uno de las sesiones plenarias al apoyar una enmienda de Més per Menorca que excluye a los cargos de fuera de Balears del plus de residencia de 18.000 euros anuales y que los populares querían rescatar. El anterior Govern, presidido por la socialista Francina Armengol, sí decidió mantener esta partida para los diputados que se trasladen a Mallorca desde el resto de las islas del archipiélago. La corrección aprobada posibilita mantener este complemento sólo para los cargos de Menorca, Eivissa y Formentera que tengan que desplazarse a la mayor de las Balears.

Asimismo, otra enmienda de Més per Menorca que salió adelante con el apoyo de Vox suprime las dietas para los miembros del Govern que asisten a reuniones de órganos que dependen de su Conselleria. De la misma forma, los ultraderechistas también apoyaron una corrección del PSIB sobre indemnizaciones a altos cargos por gastos de desplazamiento y manutención. La enmienda salió adelante por sólo un voto de diferencia al abstenerse Més per Mallorca.