Del Brexit a la ley trans: Escocia se aleja de Londres

Unas horas después de que la mayoría de los votantes en Reino Unido apoyara el Brexit en junio de 2016, la primera ministra escocesa, Nicolas Sturgeon, hizo un discurso para anunciar que lucharía para que Escocia se quedara en la Unión Europea y consideraría otro referéndum sobre la independencia para “proteger la posición” de sus ciudadanos. El 62% de los escoceses había votado en contra del Brexit en línea con los londinenses o los norirlandeses y en contraste con lo que votó la mayoría de la población en Inglaterra y en Gales. 

“Sacarnos de la UE en contra de nuestra voluntad es democráticamente inaceptable”, dijo entonces Sturgeon, que recordó que durante la campaña sobre el referéndum de independencia en 2014 uno de los argumentos a favor de quedarse en el Reino Unido era que así no se pondría en riesgo la permanencia de Escocia en la UE. Aquella mañana de junio de 2016, Sturgeon insistió en que estudiaría “todas las opciones” para asegurar la “continuidad” de Escocia en la UE y dijo que esperaba que el Gobierno británico no tomara ninguna decisión sin involucrarla y que quería estar en todas las negociaciones. 

Sus deseos no se cumplieron. Sturgeon no logró que Escocia se quedara en la UE, no ha podido convocar otro referéndum sobre la independencia y apenas ha participado en la negociación de los detalles de la salida de Reino Unido de la Unión o de la aplicación del acuerdo del Brexit ahora.

En lo peor de la pandemia, las ganas de independencia de una población dividida sobre la cuestión se atenuaron, pero la brecha entre Escocia y el resto de Reino Unido se ha ido acrecentando en el último año de crisis por los escándalos de Boris Johnson, la inestabilidad del Gobierno en Londres y las disputas legales sobre competencias que ahora vuelven a pasar al primer plano con el veto inédito a una ley del Parlamento escocés. 

La decisión de Rishi Sunak de bloquear la aplicación de la ley que facilita la autodeterminación de género en Escocia supone recurrir a lo que se conoce como “opción nuclear”, es decir, un resorte legal que nunca se había utilizado desde la creación del Parlamento escocés en 1998. Entonces, el Gobierno de Tony Blair reconoció competencias y descentralizó funciones a favor de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Con esta nueva ley, los nuevos parlamentos pueden legislar libremente mientras no se ocupen de asuntos considerados “reservados”, cuya definición abierta deja la posibilidad de recurrir al veto si no está claro. Pero hasta ahora ningún Gobierno británico había utilizado ese mecanismo contenido en la sección 35 de la ley de 1998, y un memorando de 2012 recuerda que ese veto es un “asunto de último recurso”.

En Reino Unido ya existe una ley de 2004 que permite la autodeterminación de género, pero requiere que la persona que quiera cambiar de identificación de género lleve dos años convencida de esta decisión, que haya pasado por un examen médico y obtenido un certificado, y que sea mayor de edad. La ley aprobada por el Parlamento escocés por 86 votos a 39 en diciembre deja a cada persona decidir sin necesidad de un examen médico, reduce el tiempo de espera para el cambio a tres meses para la mayoría y baja la edad mínima de 18 a 16 años. 

Según el Gobierno británico, esto interfiere en sus poderes recogidos en una ley contra la discriminación de 2010, afecta a algunas normas como la que protege la igualdad salarial y crea problemas de disparidad legal en particular por la diferencia de edad de las distintas normas.

En cualquier caso, esto no explica la urgencia del veto. Una vía que tenía el Gobierno de Sunak era llevar el asunto a los tribunales para pedir una modificación de algunos detalles en lugar de utilizar el simbólico poder de bloqueo.

“Desprecio a la descentralización”

La ministra de Justicia Social escocesa, Shona Robison, de la que depende esta ley, opina que el veto es una demostración del “desprecio hacia la descentralización” del Gobierno de Londres. “Es un día oscuro para los derechos trans y un día oscuro para la democracia en Reino Unido”, dijo. 

Escocia no parece ahora dispuesta a modificar la ley y volverla a presentar, sino que quiere dar la batalla en los tribunales. Sturgeon confirmó este martes que denunciará al Gobierno británico. “Defenderemos la democracia escocesa”, dijo en una entrevista a la BBC. También sugirió que éste podría no ser el único veto de Londres una vez que se ha utilizado por primera vez.

El ministro para Escocia, Alister Jack, aseguró en una animada sesión en la Cámara de los Comunes que no le gustaba encontrarse en esta “situación” y que el uso del veto no será algo habitual ni significa cuestionar la descentralización.

El debate legal tiene voces en los dos lados. “No sería solo poco práctico sino constitucionalmente inapropiado para el Gobierno de Reino Unido permitir a un parlamento con competencias transferidas aprobar una norma que tiene un impacto material en la aplicación de la ley en todo Reino Unido”, asegura Michael Foran, académico de la Universidad de Glasgow, en el informe que ha escrito sobre el debate. Según él, la ley de 2010 deja claro que este asunto es competencia del Gobierno central. Aun así, comenta que “otra cuestión distinta es si el Gobierno de Reino Unido cree que este curso de acción es prudente o deseable”.

La comisión nacional dedicada a la igualdad y los derechos humanos tendrá que pronunciarse sobre el caso, pero su trabajo previo no indica el conflicto de derechos que sugiere ahora el Gobierno. 

Leyes diferentes por el Brexit

Además, los conflictos legales se pueden multiplicar ahora que el Gobierno central está haciendo un esfuerzo para eliminar o cambiar leyes en vigor heredadas de la legislación común europea durante casi cinco décadas de pertenencia del Reino Unido a la UE. Como parte de una promesa electoral de los conservadores más partidarios de un Brexit duro, el Gobierno se ha comprometido a revisar o eliminar automáticamente cualquier legislación o norma que tenga un rastro europeo antes de que termine 2023, pese a que se trata de miles de leyes (el número exacto ni siquiera está claro). Aunque la cuestión todavía está pendiente de una decisión en la Cámara de los Lores, y podría haber una prórroga para examinar las miles de leyes afectadas, esto abre una nueva vía de conflictos. 

Joelle Grogan, académica, experta legal en la UE y jefa de investigación del think-tank UK in a Changing Europe, subraya en una entrevista con elDiario.es que esto supone “un gran problema para todas las administraciones descentralizadas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte” por la falta de recursos y personal para este minucioso trabajo y por la divergencia de fondo en las posiciones sobre la UE. 

“Uno de los problemas es que se podrían tomar decisiones diferentes a las que se toman en Westminster. Podrías tener a Escocia, que ha prometido tratar de mantenerse lo más cerca posible de la UE, diciendo ‘vamos a tratar de conservar o asimilar una ley tanto como podamos’ mientras que en Westminster podrían decir ‘queremos alejarnos de la UE tanto como podamos así que vamos a dejar que la mayor parte de la ley desaparezca tanto como sea posible’. Así que de repente puedes tener a Escocia y el Reino Unido con sistemas muy diferentes entre sí, lo que creará muchos conflictos legales”, explica Grogan. “Si eres un regulador escocés, si eres una empresa escocesa, si eres un pescador o un perforador de gas en Escocia, te encontrarás con que las administraciones descentralizadas han dicho una cosa y el Gobierno ha dicho otra, y no estarás seguro de qué regla aquí… Podríamos estar viendo muchos litigios judiciales solamente tratando de resolver estos problemas complejos de qué sucede cuando desaparece la ley y qué sucede cuando un gobierno toma una decisión y otro gobierno toma otra”, insiste. 

Aunque prefiere no opinar sobre el veto del Gobierno a Escocia porque no es experta en constitucionalismo escocés, Grogan cree que es probable otro referéndum en Escocia en los próximos dos años o algo parecido en el marco de las elecciones.

Otro referéndum

Qué pasaría en ese caso está lleno de incógnitas. Según las últimas encuestas, la opinión pública en Escocia está dividida sobre la independencia, con una ligera ventaja, el 51%, a favor de la permanencia en Reino Unido (en 2014, el 55% votó a favor y el 45% en contra). En cualquier caso, la mayoría apoya que sea una decisión del Gobierno escocés convocar o no el referéndum. En noviembre, el Tribunal Supremo le dijo a Sturgeon que no tiene competencias para hacerlo sin el consentimiento de Londres.

Lo que los escoceses tienen más claro es que les gustaría volver a la Unión Europea. El 72% de los ciudadanos votaría a favor si se celebra una nueva consulta, es decir más de los que apoyaron quedarse en 2016, según un sondeo del pasado agosto.

Lukas Paleckis, investigador especializado en política de la encuestadora YouGov, explica a elDiario.es que en Escocia llama la atención el alto porcentaje de votantes que considera que el Gobierno británico está gestionando mal el Brexit, que llega hasta el 77%. “Es significativo que cuando preguntamos si en retrospectiva el Brexit fue una mala decisión, el 35% del país todavía dice que fue lo correcto. Pero es solo el 20% de Escocia”, indica. También comenta que YouGov va a “monitorear” la relación entre esta opinión y el apetito por la independencia.

Partidos divididos

El efecto del veto al Parlamento escocés aún está por ver, pero tanto los conservadores como los laboristas están divididos sobre el fondo de la cuestión -el líder laborista, Keir Starmer, ha dicho que está en contra de la autodeterminación de género para los menores de 18 años- y sobre el efecto que tendrá en los deseos de separación de Escocia.

El asunto es especialmente delicado para los impopulares tories, que van ahora 20 puntos por detrás en las encuestas de intención de voto para las generales (que se esperan en 2024).

La conservadora Theresa May, que en 2017 como primera ministra apoyó una ley similar que permitiera la identificación de género de cada persona sin tener que pasar por un examen médico, defiende que el resto del Reino Unido debería aprobar una ley parecida a la escocesa. Su sucesor, Boris Johnson, fue quien paró sus planes.

“Al final lo esencial es que va de las personas, del impacto que tendría en las personas”, dijo May en diciembre. También insistió en que si los conservadores quieren ganar las próximas elecciones tienen que mostrar a los ciudadanos que están “de su lado”.

Un grupo de diputados tories centristas ha criticado la decisión del Gobierno de Sunak tanto por la sustancia sobre la protección de derechos como por las consecuencias en Escocia.

“El Gobierno de Reino Unido no solo le ha hecho el juego a los que quieren romper nuestra unión, sino que ha expuesto la falta de una agenda de protección de la igualdad. Las vidas de las personas transgéro y no binarias están en riesgo de ser utilizadas para el politiqueo”, sostiene la declaración del grupo conservador llamado One Nation.

Andy Maciver, antiguo jefe de comunicación de los conservadores en Escocia, dice que el Gobierno de Sunak ha cometido “un error estratégico de principiante” que empujará a los “unionistas moderados” a ver de manera más favorable la causa de la independencia. Maciver escribió en diciembre que el veto sería “vandalismo constitucional” que “serviría en bandeja de plata unionistas moderados a los nacionalistas escoceses”.