Corrupción, muertes de trabajadores y un desastre ecológico: la polémica empresa turca que renueva el Camp Nou

“Barça, stop Limak, ¡salva la naturaleza!”, “¿Qué harás, Barcelona? ¿Le meterás este gol al futuro?”, rezan los carteles de una protesta organizada por un partido de izquierda turca en pleno agosto en el centro de Barcelona. Los manifestantes intentan enviar un mensaje al presidente del Barça, Joan Laporta, para alertarlo de que un desastre ecológico que ocurre en Turquía está conectado directamente con el club blaugrana.

La carta lo describe claramente: la empresa turca Limak, que ganó la adjudicación para renovar el Camp Nou presentando la remodelación como un proyecto sostenible, es un holding gigante que está destruyendo un bosque centenario en el sur de Turquía. Limak quiere abrir una mina de lignito en un área del tamaño de 105 campos de fútbol para usar el carbón para sus centrales térmicas. Ni la empresa constructora ni el Fútbol Club Barcelona han contestado a las solicitudes de entrevista de elDiario.es.

Los vecinos de la zona en Turquía llevan cuatro años inmersos en una batalla legal contra la empresa constructora por el impacto medioambiental y social de la mina en la región. Desde hace décadas, las centrales térmicas en esta provincia del mar Egeo llamada Mugla han contaminado la tierra y el aire hasta el punto de secar e intoxicar cultivos colindantes, poniendo fin al trabajo de muchos campesinos y expulsando a decenas de familias que vivían ahí desde hace varias generaciones.

Durante el proceso judicial, los tribunales han fallado varias veces a favor de suspender el proyecto, pero la empresa recurrió también a varios tribunales hasta que consiguió finalmente un permiso de construcción. Los vecinos iniciaron hace unos meses una vigilia para proteger el bosque de Akbelen, hasta que la gendarmería irrumpió de madrugada hace tres semanas.

“Han conseguido talar el bosque de Akbelen, pero permanecen las raíces y la flora de la zona. Aún se puede salvar el terreno, si no se toca más, podría volver a ser fértil en 15 años”, explica a elDiario.es Haluk Özsoy, vecino y miembro de la Plataforma de Medio Ambiente de Mugla (MUÇEP). “Después de talar el bosque, intentarán explotar los pueblos de alrededor. El bosque es solo el inicio, pero los vecinos seguiremos resistiendo”, añade.

Tras las protestas por la tala del bosque de Akbelen, el programa de la ONU para el desarrollo (PNUD) anunció el cese de su actividades con la empresa Limak, que contemplaba un programa para fomentar la presencia de mujeres en el mundo de la ingeniería. 

Gases lacrimógenos y detenciones

La tala se llevó a cabo con rapidez mediante la expulsión constante de vecinos y activistas ecologistas. Usaron cañones de agua y gases lacrimógenos para ahuyentarlos. Trajeron inhibidores de frecuencia para impedir que los activistas se comunicaran entre ellos y detuvieron a cuarenta personas. Los vecinos también denuncian malos tratos durante las detenciones.

En el caso de Özsoy, lo detuvieron policías de paisano e intentaron meterlo en un coche a la fuerza en un momento en el que no se estaba produciendo ningún acto de protesta. “No se identificaron, no me dijeron a qué departamento pertenecían. Me resistí porque iban de paisano y nos lanzaron gas lacrimógeno. Me llevaron al cuartel de la gendarmería”, describe. Otros dos activistas contra la deforestación de la zona confirman lo ocurrido a elDiario.es.

Vecinos del bosque Akbelen acudieron al Parlamento para denunciar el impacto medioambiental y social de la construcción. Sesenta pueblos se encuentran dentro del área autorizada para las operaciones de extracción de carbón y algunos de ellos tienen olivares, una plantación protegida por las leyes turcas. Los activistas denuncian que no se está respetando la normativa y se construye cerca de los olivares y terminan contaminando las plantaciones.

Hasta la fecha al menos 23 pueblos han sido evacuados debido a las operaciones mineras. “Destruyen la agricultura obligando a la gente a migrar, degradando la calidad de los alimentos y el agua que posibilita su crecimiento. Estas explotaciones tienen un gran impacto social”, explica a elDiario.es Asli Odman, urbanista y miembro del observatorio ISIG, que estudia la seguridad y salud de los trabajadores.

“Las tierras de los alrededores, aunque no hayan sido privatizadas, también se ven afectadas por la mina. Los campesinos tienen que vender sus tierras. No hay agua suficiente y el polvo contamina sus productos. No solo es una tragedia medioambiental, tiene también un grave impacto social”, describe. Según un informe de la organización Climate Transparency, Turquía genera el 32% de su electricidad a partir del carbón y aunque se ha comprometido a reducir a cero las emisiones netas de carbono para 2053, actualmente planea aumentar la producción de energía con este material.

“Me tiraron gas lacrimógeno, no puedo ni hablar. Hay tantas cosas que quiero decir. Vinisteis y terminasteis con (los cultivos de) algodón, tabaco y agricultura. ¡Ahora estáis destruyendo nuestros árboles! ¡No nos dais derecho a vivir! Salid de vuestras casas de cristal y mirad cómo estamos, mirad la situación de vuestros ciudadanos”, gritaba durante una protesta contra la deforestación de Akbelen Osman Asal, agricultor en una tierra cercana.

“La pandilla de los cinco”

Turquía ratificó hace dos años el acuerdo de París sobre el cambio climático y cuenta con leyes ambientales muy parecidas a la legislación de la Unión Europea. Sin embargo, Odman critica que la legislación no se aplica y el poder judicial acaba favoreciendo los intereses de las empresas. “Nuestra legislación es buena. Siempre digo que si tuviéramos una revolución ecologista, no cambiarían ni una coma de nuestra normativa”, bromea.

“El problema es que constantemente se añaden decretos a leyes vigentes que cambian una coma, una palabra y permiten adaptar la legislación a las necesidades de una empresa concreta”, describe. “Grupos vecinales o ecologistas lo denuncian y el caso se alarga entre 5 y 10 años. En muchas ocasiones ganan, pero cuando les dan la razón ya es tarde y la empresa ya ha intervenido en la zona”.

El Gobierno privatizó el terreno de Akbelen en el año 2014 y poco después, en 2021, lo adjudicó a la empresa YK Energy, un consorcio de Limak con el holding turco Içtas. Limak ha sido una de las constructoras del aeropuerto de Estambul, el más transitado de Europa; y de decenas de proyectos de puentes, pantanos y centrales eléctricas en Turquía y una decena de países. Limak es conocida como una de la “pandilla de los cinco”, en alusión al quinteto de holdings que se benefician de la mayoría de licitaciones públicas del país.

En las dos últimas décadas, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha sido acusado de crear una red clientelista de empresas –dueñas de la mayoría de medios de comunicación– favorables a su partido a cambio de contratos a dedo. El manejo de algunas licitaciones ha llevado a Limak a juicio en varias ocasiones. El caso más sonado es de 2004, cuando fue demandada por malversar más de medio millón de euros falsificando contratos durante la construcción del edificio de la Guardia Presidencial.

“Ya saben cuánto cuesta una vida”

Organizaciones defensoras de derechos humanos también han denunciado a la empresa por el impacto medioambiental de sus construcciones y por el elevado número de accidentes laborales que sufren sus trabajadores. “Limak es responsable de más de un centenar de muertes laborales. Es una empresa privada y todo se gestiona de forma interna con indemnizaciones. Ya saben cuánto cuesta una vida, una pierna, un brazo. Están seguros de que no habrá proceso penal contra ellos”, describe Odman.

Un caso reciente fue la participación de Limak en la construcción del aeropuerto de Estambul, en el que algunas informaciones señalan que han muerto hasta 400 trabajadores, aunque es difícil conocer la cifra real. Semanas antes de inaugurar el aeródromo, un grupo de trabajadores se manifestó para pedir condiciones más seguras de trabajo. Su concentración fue criminalizada por las autoridades y 24 trabajadores fueron detenidos.

La protesta contra la deforestación de Akbelen también fue criticada por las autoridades, en este caso por el propio presidente Erdogan. Llamó a los vecinos y activistas que intentan proteger el bosque “marginales con aspecto de ecologistas” y señaló que no entiende la reivindicación.

En un último intento de llamar la atención sobre su caso y concienciar a la población del impacto ambiental que se les viene encima, el comité de protección del bosque de Akbelen también ha querido recurrir al Barça. “Creemos que el Barça tiene el poder potencial de parar esta masacre ecológica porque indirectamente comparte responsabilidad de lo que ocurre con su trato con Limak”, explica a elDiario.es Berkay, miembro del partido de izquierda TIP, que organiza la protesta en Barcelona.

La licitación del club blaugrana al gigante turco no ha estado exenta de polémica. Limak no tiene experiencia en renovación de estadios de fútbol, una de las condiciones que exigía el Barça cuando sacó inicialmente la licitación. Se cree que la directiva de Laporta habría rebajado los criterios de la adjudicación para que entrara la empresa turca, que ofrecía un presupuesto más ajustado que el resto de candidaturas.

“Nos gustaría mostrar al público catalán y español la cara real de la empresa que va renovar el Camp Nou”, añade. Pese a que las obras de renovación del estadio empezaron hace un mes, los vecinos de Akbelen creen que el Barça aún está a tiempo de romper su trato con Limak y frenar el avance de la mina en la región. Esperan que el club blaugrana cumpla su lema de ser “més que un club”.