El hambre vuelve a ensombrecer Brasil

Cuando termina la parte asfaltada hay que seguir unos cien metros más por una calle llena de baches para llegar a la humilde casa del pescador Francielio Monteiro, o Hélio de Socorro, de 43 años, en la ciudad de Pombal, en el Sertón de Paraíba (región semiárida), estado en el nordeste de Brasil que sufre siete años de sequía consecutivos.

Hélio y dos de sus cuatro hijos están en una casa de cinco habitaciones, pocos muebles y con la pintura ya desgastada. A la izquierda de la puerta de entrada, una imagen de yeso de Jesús crucificado. De pie, al lado de la imagen, Hélio cuenta que acaba de llegar de la sede del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) de la ciudad vecina, donde ha recibido la noticia de que su pensión ha sido cancelada. Es la segunda interrupción en dos meses. Antes, ya había perdido la ayuda del programa Bolsa Familia, quedando básicamente sin ingresos. Con la pesca, solo consigue entre 10 y 30 reales por semana, (entre 2 y 7 euros).

La situación de Hélio no es muy diferente de la de los vecinos de su barrio o de otros barrios pobres de Pombal, tanto en la zona urbana como en la rural.

La ciudad, que queda a 370 km de la capital, João Pessoa, y tiene aproximadamente 30.000 habitantes, fue elegida por la ONU para representar a los municipios brasileños en la 70° Asamblea General, que se celebró en Nueva York en septiembre de 2015, como ejemplo de desarrollo social y superación de la pobreza.

Uno de los principales motores de aquellos años de gloria fue la capacitación promovida para los beneficiarios de la Bolsa Familia, un programa social iniciado por el gobierno de Luís Inácio Lula da Silva en 2003. El programa afecta a más de 13 millones de personas. Los beneficiarios de la Bolsa Familia, considerados extremadamente pobres, reciben una base mensual de 89 reales (20 euros). El valor aumenta 41 reales más (9 euros) por niño (máximo cinco, de 0 a 15 años), 48 reales (11 euros) por joven de 16 a 17 años, limitado a dos. Para mantener el beneficio en las familias con hijos, es necesario comprobar la vacunación, el peso y la altura de los niños de hasta 6 años.

La Bolsa Familia sacó a 36 millones de personas del umbral de pobreza, según datos del propio Gobierno. En 2014, Brasil salió del Mapa del Hambre, elaborado por las Naciones Unidas para medir a los países que tienen a más del 5% de la población viviendo en inseguridad alimentaria.

Hoy, la realidad es otra. El equipo de la Agencia Pública ha visitado la ciudad de Pombal y ha escuchado historias sobre ayudas sociales canceladas sin justificación clara, pensiones rurales cada vez más difíciles de obtener y comida que comienza a escasear en la mesa de los brasileños.

De vuelta al pasado

Hélio se apoya en la puerta, mira hacia la calle sin asfaltar y cuenta que llegó a creer en un futuro mejor. “Yo vivo enfermo, pero vivo de la pesca, que no da dinero. La casa no es mía, es de un hermano mío que me la dio para vivir, pero yo pago el agua, la luz y el gas. Estoy comiendo porque mi mamá manda las cosas. Yo pensé que nosotros íbamos a tener un futuro mejor. Mi futuro es conseguir un lugar para morir y listo”, dice. No tiene más que arroz y dos pedazos de mortadela para comer y dar a sus hijos.

En septiembre del año pasado, su pensión por invalidez fue suspendida. En noviembre, la evaluación pericial, realizada en el propio INSS, rechazó el apoyo financiero. Por la misma época vino el corte de la ayuda de Bolsa Familia, suspendida justamente por la pensión que él recibía, pues constaba en el sistema que no había necesidad de las dos subvenciones.

Al explicar su situación, Hélio se pone nervioso y cae al suelo desmayado. La escena es habitual en la casa del pescador y después de ser socorrido por su hija y su sobrino él se niega a ir al hospital: “No pasa nada”.

A causa de un accidente en la infancia Helio tiene fracturas en la mano y en la pierna derecha y ha sido diagnosticado con epilepsia postraumática. Por eso, cuenta, que jamás ha conseguido un empleo formal. Siempre ha vivido de la pesca.

Política de gobierno iniciada por Michel Temer

El subsidio de Hélio fue solo uno de un total de 552.000 que han sido suspendidos en los últimos dos años en todo Brasil, después de una revisión meticulosa del INSS. El proceso de revisión de las pensiones comenzó en agosto de 2016, mismo mes del impeachment a Dilma Rousseff, cuando el entonces presidente Michel Temer encaminó al Congreso la medida provisional (MP) 739, que acabó perdiendo validez por no haber sido votada.

En enero de 2017, Temer publicó la Medida Provisional 767, con un texto prácticamente idéntico al anterior. Esa medida restringió el acceso a las pensiones, especialmente las ayudas por invalidez.

La institución realizó cerca de 1,1 millón de pruebas periciales. Al final de la operación de revisión (llamada en portugués operación peine fino), fueron canceladas el 80% de las ayudas por enfermedad revisadas y el 30% de las pensiones por invalidez, según el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). En noviembre del año pasado, el MDS anunció que la revisión de las ayudas por enfermedad y pensión por invalidez había generado una “economía” de 3.146 millones de euros.

La recesión, sumada a los cortes de los programas sociales ha provocado que Brasil esté regresando al Mapa del Hambre cinco años después de salir de él por primera vez, en 2014. Es lo que dice el Informe Luz, elaborado por 20 entidades de la sociedad civil y publicado en 2018. En noviembre la organización internacional Oxfam publicó un informe demostrando que por primera vez en los últimos 15 años se había paralizado la reducción de las desigualdades de ingresos en Brasil. El informe apunta que en 2016 el espacio dedicado a los gastos sociales en la inversión federal retrocedió 17 años.

“Por lo menos el 85% de los municipios brasileños no tiene prácticamente recaudación tributaria directa. Viven de las transferencias del gobierno federal, principalmente del Fundeb (Fondo de Manutención y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de los Profesionales de la Educación), la Bolsa Familia, el Sistema Único de Salud y el Fondo de Participación de los Municipios”, señala José Henrique Artigas, politólogo y profesor de la Universidade Federal da Paraíba.

“En este sentido, los fondos de transferencias vienen disminuyendo en los últimos dos, tres años. La tendencia es que las recaudaciones de inversión caigan de nuevo en 2019”, añade.

En la ciudad de Pombal, 200 familias han perdido el derecho a las ayudas de Bolsa Familia. Para la auxiliar de servicios Joana Paula da Silva, de 37 años, que vive con su marido y dos de sus tres hijos y que gana apenas un salario mínimo, los 420 reales (96 euros) que recibía de la Bolsa Familia eran esenciales. La suspensión ocurrió a comienzos del año pasado.

“Yo lo recibía, hasta que un día no llegó. Entonces fui al registro (en la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social de Pombal), y me dijeron que faltaba la constancia de estudio de los niños para mandarla a Brasilia. Fui a la escuela, la solicité y la entregué. Pasé unos cinco meses yendo todos los meses y la muchacha que trabaja allá me decía que iba a llegar. Todos los meses era lo mismo y nada”, cuenta. Hoy los hijos de Paula tienen 19, 17 y 11 años. Actualmente, solo la más pequeña estudia.

Para estar en la Bolsa Familia es necesario tener un ingreso por persona de menos de 85 reales mensuales (20 euros), aunque la familia no tenga hijos menores de edad. Si la familia tuviera en su composición niños o adolescentes de hasta 17 años, el nivel salarial pasa a 170 reales por persona (39 euros).

Pero para Joana la suspensión fue una gran sorpresa. La explicación que le dieron sobre la constancia no le convenció, ya que sus dos hijos más pequeños iban a la escuela todos los días y podían probarlo. Tal vez sea el hecho de tener un contrato firmado, cuestiona, pero ya hace cuatro años que trabaja y la ayuda se la cancelaron el año pasado. “Cuatro personas viven en casa con un solo salario. La ayuda marca mucho la diferencia para nosotros porque con el dinero yo pagaba el agua, la luz y compraba lo que hiciera falta”.

Sin dinero, a la familia le cortaron el agua. “La cojo de la casa de la vecina. Con la luz, hago de todo para poder pagarla”. Joana se ha endeudado para comprar cosas como  la bombona de gas, que cuesta 70 reales (16 euros). “Este mismo mes he comprado su material escolar”, dice señalando a la hija. “Sin Bolsa Familia, ¿no?”, suspira.

Otros habitantes de Pombal han sufrido cortes en las ayudas de Bolsa Familia por justificaciones variadas y poco lógicas. Uno de los casos más tristes es el de Maria de Fátima dos Santos Souto, de 53 años. Dos Santos Souto es sordomuda, por eso tampoco ha podido trabajar nunca. La ayuda fue suspendida en octubre de 2017. El motivo: porque Maria de Fátima hizo la solicitud de pensión por invalidez. Pero, incluso con la solicitud de la pensión no aprobada, también le denegaron las subvenciones de la Bolsa Familia. Desde entonces, ella y el marido dependen casi exclusivamente de la ayuda de su familia para comer.

Maria de Fátima dos Santos Souto explica a través del lenguaje de señas la situación que vive en casa. “Mi hermano trabaja en el sembradío con los dedos lisiados debido a un accidente de carro que tuvo y sufre muchos dolores, principalmente en la columna. Él ya intentó jubilarse, pero no lo consigue. Trabaja para no pasar hambre, pero sus ingresos no pasan de 200 reales (46 euros). Su mujer le ayudaba con el dinero de la Bolsa Familia. El hijo les ayuda también, nosotros ayudamos, la familia de ella... Todo el mundo tiene que dar alguna cosa, sino ellos pasan hambre”, afirma.

El optimismo tampoco impera en el área rural del municipio. El secretario de la Asociación del Sítio Tabuleiro Redondo, Francinaldo José dos Santos, una especie de presidente de barrio, recuerda los principales cambios en el lugar en los 20 años en que él ha estado al frente de la asociación. El lugar tiene aproximadamente 40 casas.

“Cuando yo entré era muy difícil. Los años de sequía no gozaban de las facilidades y ayudas que tienen hoy. Hubo un gran cambio de los gobiernos de Lula para acá. Es una convivencia con la sequía a través de cisternas, abastecimiento de agua con tanques en camiones transportados por el Ejército, construcciones de represas subterráneas... Cosas que no tuvimos en los gobiernos pasados. Hay unos programas que todavía continúan, pero desfasados. Está comenzando a ser difícil”, relata.

La mayor preocupación de Francinaldo es cómo las personas van a conseguir mantenerse por su propia cuenta. Según cuenta, muchas familias de la comunidad han sufrido cortes en las ayudas y suspensiones de las pensiones y ya no reciben más ayuda para aguantar los años de sequía. “Ya hay gente cocinando con leña. Jubilados a los que el ingreso no les da para cambiar la bombona de gas”, cuenta.

Este texto es resultado del Concurso de Microbecas de Reportaje sobre el Hambre realizado por la Agencia Pública en alianza con la Oxfam Brasil.

Traducido por Diajanida Hernández