Ir a la mesa electoral por obligación: España es un caso casi único en Europa

España es el único país de la UE en el que las mesas electorales están compuestas sólo por ciudadanos corrientes, elegidos al azar y obligados por ley a prestar este servicio. Los sistemas más parecidos al español son los de Grecia y Bélgica, pero en la abrumadora mayoría de Europa los colegios electorales están gestionados por funcionarios, empleados, voluntarios o personas propuestas por partidos políticos. 

El sistema español supone que cualquier persona con derecho a voto menor de 70 años puede ser convocada el día de las elecciones para formar las mesas que recogen las papeletas y las cuentan. Para evitar esta tarea, se pueden alegar motivos de salud, laborales o, en el caso de las próximas elecciones del 23 de julio, vacaciones contratadas y pagadas previamente. Si no se ha admitido su excusa o no aparece, el ciudadano puede recibir una multa y hasta, en teoría, una pena de cárcel. Hay precedentes de multas de más de 300 euros por llegar tarde a una mesa electoral y de más de 2.000 por no presentarse. A menudo, estos casos acaban en reclamaciones en un juicio, pero también hay precedentes de ciudadanos que han aceptado la sanción, como un hombre multado en Láncara (Lugo) con 1.800 euros por no presentarse a una mesa electoral en las elecciones europeas de 2019.

No hay ningún caso igual en la UE ni por el requisito de que sean sólo los ciudadanos corrientes los que ocupen de manera obligatoria todos los puestos de las mesas electorales sin admisión de voluntarios ni por los precedentes de sanciones aplicadas. elDiario.es ha contactado con representantes diplomáticos y ministerios de los 27 países de la UE y voces académicas expertas en la administración de las elecciones en la jornada electoral en Europa. En los casos sin respuesta o suficiente información, elDiario.es ha cotejado leyes electorales y los documentos sobre las últimas elecciones de la OSCE, la organización de seguridad que también manda observadores a elecciones en todo el mundo. La conclusión es que no hay ningún sistema exactamente igual al español y el de Grecia es el más parecido. El de Bélgica también es similar, pero con más matices.

El sistema electoral más común en la UE es el de colegios electorales gestionados por personas nombradas por los partidos políticos, según un informe de Election Watch, una organización no partidista especializada en elecciones y que ha estudiado la composición de los colegios electorales con los datos de la OSCE en Europa, incluyendo también a Reino Unido. Así son elegidos los miembros de las mesas electorales de 10 países, la mayoría del centro y el este de Europa, además de Finlandia. Nueve países de los analizados en Europa dependen de ciudadanos corrientes, pero emplean distintas maneras para conseguirlos: seis los contratan o reclutan como voluntarios -Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Reino Unido- y tres los eligen de manera aleatoria y obligatoria, Grecia, Bélgica y España. Una decena de países utiliza formas mixtas. Chipre también es un caso especial: sólo recurre a funcionarios y personas desempleadas que tengan una titulación universitaria (todos acuden de manera voluntaria).

“Las elecciones tienen mucho que ver con la confianza. Y cada país tiene una historia diferente sobre la desconfianza entre los partidos, la desconfianza hacia los militares o la desconfianza hacia el Estado. Así que hay diferentes formas de superar esa desconfianza”, explica a elDiario.es Armin Rabitsch, académico especialista en procesos electorales, uno de los autores del informe y co-responsable de Election Watch. “En Austria, los socialistas no confiaban en los conservadores y viceversa. Y entonces decidieron que querían que hubiera personas seleccionadas por el partido en los colegios electorales en todas partes. Sucede lo mismo en los Balcanes o en Europa del Este”.

En el caso de España, Rabitsch comenta que “expandirlo a todo el electorado probablemente sea una forma de generar confianza” y que el sistema “es muy democrático” al no ser siempre las mismas personas ni estar ligadas a partidos o al Estado. La formación de las mesas electorales con vecinos corrientes de un municipio ya estaba en la Constitución de Cádiz de 1812.

Varios académicos y diplomáticos europeos consultados para este artículo se sorprenden por cómo funciona el sistema español, que comparan con la obligación de servir como jurado. Y también comentan algunas de las ventajas que puede tener este sistema respecto a otros.

“Contribuye a reforzar el rito y los sentimientos de pertenencia y responsabilidad de los ciudadanos que son convocados”, explica a elDiario.es la profesora Florence Faucher, directora del centro de estudios europeos de la universidad Sciences Po en París y que ha comparado las rutinas electorales de los sistemas de Francia y Reino Unido. “Me gusta la idea y me gustaría saber qué piensan los ciudadanos sobre su papel en este proceso. Me imagino que participantes reticentes podrían estropear el proceso más o menos voluntariamente y que puede haber situaciones en las que algunas personas sean incompetentes a la hora del recuento y otras tareas, pero estoy segura de que pueden ser formadas o supervisadas”, dice Faucher.

La académica explica los rasgos esenciales de un sistema que funciona, el que promueve la conexión y el sentido de legitimidad del sistema, además de la motivación, la rapidez y la eficacia: un elemento esencial es “la existencia de rutinas claras y profesionales”. 

Grecia y Bélgica

El sistema de Grecia es el más parecido al de España, con la elección de ciudadanos al azar para el trabajo en los colegios electorales. Pero la principal diferencia es que las personas que están al frente de las mesas son un juez y un representante judicial, que tienen la responsabilidad de vigilar todo el proceso y son la máxima autoridad sobre cualquier decisión, como aceptar o no voluntarios. 

El resto de integrantes de las mesas sí están escogidos por sorteo entre personas mayores de edad y menores de 65 años, con una lista de excepciones por profesiones: no pueden ser miembros de una mesa electoral funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, policías, representantes religiosos y quienes son o han sido alcaldes, diputados y ministros.

Si alguien no acude a una mesa, la policía puede ir a su casa a buscar a esa persona u obligarla a quedarse cuando vaya al colegio electoral a votar. El voto en Grecia es obligatorio. No votar y no presentarse para desempeñar la función en una mesa electoral si te ha tocado son acciones que pueden ser castigadas con sanciones económicas similares a las españolas, aunque cuesta encontrar precedentes de que se hayan impuesto multas alguna vez. Un portavoz diplomático griego comenta que no suele haber problemas por la presencia de suplentes. 

Bélgica, donde el voto también es obligatorio, elige a ciudadanos corrientes para completar las mesas electorales después de haber recurrido a un grupo más restringido de personas por su profesión y que son quienes presiden las mesas. Según detalla la ley, para los principales responsables de las mesas, se escoge entre jueces, abogados, alguaciles, profesores y profesionales de órdenes reguladas como farmacéuticos, arquitectos, agentes inmobiliarios y peritos.

Otra de las principales diferencias con España es que en Bélgica se admiten ciudadanos que se presenten voluntarios sin haber sido convocados para ejercer estas funciones, pero que estén interesados por la experiencia o la compensación económica. 

Además, Bélgica aprobó en marzo cambios en su ley sobre la administración de las elecciones para introducir más excepciones. A partir de octubre, según la nueva norma enmendada, si cualquier ciudadano recibe la convocatoria oficial para participar en una mesa electoral dos elecciones seguidas puede pedir la exención para las siguientes. 

Rabitsch, el académico de Election Watch, comenta que las autoridades belgas no están procesando las posibles multas contra quienes no se presentan para trabajar en las mesas electorales y que su principal reto es la incertidumbre hasta el día de las elecciones, por lo que entiende el interés en conseguir voluntarios antes. La recomendación de su equipo de Election Watch es pagar mejor, reclutar a jóvenes y aprovechar la oportunidad para educar a las personas sobre el proceso democrático.

Alemania, Eslovenia y la pandemia

Algunos países han ido virando hacia un modelo que depende más de los ciudadanos que se presentan voluntariamente para administrar las elecciones sea por el dinero que se paga, por interés en el proceso u otras ventajas. 

En el caso de Alemania, los voluntarios han aumentado desde que ha subido la compensación económica que se paga a los ciudadanos en la mesa electoral. Por ejemplo, en las últimas elecciones en Berlín la cifra pasó de 60 a 240 euros y en algunas zonas les sobraban voluntarios. 

En las elecciones de 2021, los municipios ofrecían vacunar contra el COVID antes a las personas que se presentaran como voluntarias para gestionar los colegios electorales. 

Varios países mejoraron las condiciones para atraer personal al trabajo de la jornada electoral durante la pandemia. Es el caso de Eslovenia, donde las mesas se seleccionan entre personas que han dado previamente su consentimiento antes de ser propuestas para la labor y donde se mejoró el pago en las últimas elecciones parlamentarias. Según explica una portavoz, el pago exacto es una decisión que se toma en cada elección y la cuantía se subió por “el riesgo” extra de trabajar durante la pandemia hasta unos 74 euros para el presidente y unos 63 para los miembros de la mesa. 

El dinero

Lo que se paga por la jornada electoral es uno de los incentivos para conseguir reclutar a ciudadanos ordinarios. Los países que mejor pagan en la UE según la información recabada por elDiario.es son Irlanda, Chipre, Alemania e Italia, que pagan entre dos y cinco veces más que en España, donde la compensación es de 70 euros por toda la jornada. 

En el caso de Irlanda, que se parece mucho al de su vecino Reino Unido, las administraciones locales encargadas de las elecciones anuncian puestos de trabajo un mes antes de las elecciones y seleccionan al personal entre quienes se presentan. Habitualmente, suelen ser personas jubiladas, estudiantes o que tienen un trabajo a tiempo parcial porque las elecciones pueden caer en día laborable, según explica una portavoz diplomática. Reciben 350 euros por la jornada electoral, que suele alargarse 16 horas por el horario extenso en que permanecen las urnas abiertas, y 250 euros por el recuento, que suele ser al día siguiente, además de las horas extra. 

Chipre paga 357 euros al presidente de la mesa electoral y 180 a los asistentes, según el Ministerio del Interior chipriota. El presidente suele ser un funcionario con experiencia previa. El resto de los miembros son funcionarios, empleados de organizaciones semipúblicas y desempleados con un título universitario, “a quienes se les da prioridad”, según explica una portavoz. Los policías que trabajen ese día para supervisar la seguridad del proceso reciben entre 210 y 425 euros según su función. 

En el caso de Italia, las personas que se ocupan de las mesas electorales están escogidas habitualmente al azar entre quienes se han apuntado a una lista de voluntarios que se renueva periódicamente. Suelen recibir entre 120 y 150 euros, si bien depende de la posición, de cuánto se alargue la jornada electoral, de cuántas papeletas haya que contar y la complicación de cada elección (por ejemplo, si incluye un referéndum), con extras para varios supuestos.

En el extremo opuesto, hay países donde lo habitual es no cobrar, como en Grecia, donde sólo reciben compensaciones el presidente y el representante legal que le ayuda mientras los demás ciudadanos trabajan gratis, si bien el Ministerio de Economía y de Interior podrían ponerse de acuerdo para pagar. También es así en Francia.

En algunos países como Letonia se paga por hora, actualmente, entre cinco y seis euros. En otros, como en Eslovaquia, cambia según la evolución del salario medio. 

Se encuentran varios ejemplos en la UE donde el pago se ajusta más que en España a las horas exactas de trabajo, también con más flexibilidad en los turnos, como en Estonia y Dinamarca. En el caso estonio, depende de las horas y de las decisiones de cada municipio. En el caso danés, se paga el equivalente a 60 euros por una jornada de menos de cuatro horas y de 120 por el doble.  

Las quejas 

Una revisión de los informes de la OSCE sobre las elecciones sugiere que no suele haber conflictos de interés por la dependencia de los partidos dada la variedad de los representados. Las quejas más habituales suelen ser por la falta de equilibrio de género o de formación electoral de los componentes de las mesas. 

Las reservas más serias se han dado en Hungría, entre múltiples problemas de opacidad y falta de competencia real. “El reclutamiento de los miembros de las mesas electorales se hace a través de convocatorias públicas que no contienen criterios detallados y no siguen un enfoque unificado por lo que disminuyen la transparencia y la coherencia del proceso de selección”, dice el informe de los observadores sobre las elecciones de abril de 2022. 

La falta de personal también puede llegar a ser un problema en algunos países, como en el caso de Francia, donde las mesas electorales están presididas por un concejal o autoridad municipal y el resto de los componentes son elegidos entre las propuestas de partidos y los ciudadanos voluntarios. El informe de la OSCE sobre las últimas elecciones parlamentarias francesas de junio de 2022 incluye quejas por “la necesidad de las autoridades de afrontar los retos persistentes para encontrar voluntarios”. También subraya que apenas hay formación para la gestión de la jornada electoral. 

La obligación como último recurso

Obligar a los ciudadanos es el último recurso en algunos países, pero tampoco es habitual ponerlo en práctica. Entre estos ejemplos está Dinamarca.

“Según las leyes electorales danesas, cualquier votante tiene el deber de asumir la tarea de ser supervisor de un colegio electoral. Esto significa que en el caso de que hubiera una falta de voluntarios para un área en particular, el municipio tiene la autoridad de llamar a ciudadanos corrientes para que trabajen en los colegios electorales”, explica a elDiario.es Valdemar Helms Kløve, jefe de la oficina para la democracia del Ministerio de Interior de Dinamarca. “El objetivo es asegurarse de que haya suficiente personal para llevar a cabo el proceso electoral de manera eficaz. Merece la pena señalar que este tipo de circunstancias nunca han sucedido porque los ayuntamientos se esfuerzan para reclutar a voluntarios con tiempo”.

Lo mismo sucede en Eslovaquia, donde los municipios son los encargados de organizar los colegios electorales con suficiente personal para mesa. “En caso de no haber suficientes miembros, el alcalde elige entre ciudadanos con su mejor criterio”, explica un portavoz diplomático a elDiario.es. “Le puede tocar a cualquiera, pero no es obligatorio así que no hay sanción por negarse a participar”. 

En Portugal, la ley también contempla convocar a votantes al azar si no hay suficiente personal entre las personas propuestas por los partidos y los ayuntamientos. En las elecciones de enero de 2022, por ejemplo, hubo dimisiones entre los elegidos para las mesas electorales por el riesgo de contagio de COVID. Pero, según la información transmitida a los observadores de la OSCE, los ayuntamientos “mantienen un pool de solicitantes y evitaron nombrar a ciudadanos que no se habían ofrecido voluntarios para servir en las mesas electorales”.

Equilibrio

Los requisitos para poder trabajar en un colegio electoral suelen limitarse al conocimiento del idioma y una educación básica, aunque quienes tienen suficientes candidatos incluyen otros factores. Por ejemplo, en Países Bajos, donde los municipios hacen una selección entre el personal que se presenta de manera voluntaria y retribuida, existen algunos criterios más. 

“Para llevar a cabo esta tarea, es necesario tener un buen dominio del idioma neerlandés, si bien no es necesario tener la nacionalidad neerlandesa. Los requisitos son ser preciso, eficaz y resistente al estrés. También ser físicamente capaz de completar una jornada laboral larga”, explica Rob Zoutberg, portavoz de la embajada de Países Bajos en Madrid. 

Una de las cuestiones que suele subrayar la OSCE como cuenta pendiente es la paridad de género. La organización se queja a menudo en sus informes de que no hay equilibrio de género o las autoridades no dan información sobre ello. 

Un modelo es Finlandia, donde en los comités encargados de gestionar las urnas tiene que haber como mínimo una representación del 40% de hombres y el 40% de mujeres. Pocos países tienen un estándar tan claro.