Ni un intento para la paz en Palestina

Es sabido que la historia de las relaciones entre Israel y el pueblo palestino no empezó el pasado sábado con los asesinatos de israelíes por parte de Hamás. Esos crímenes no son el kilómetro cero de esta historia. Detrás de ellos hay setenta y cinco años de abusos y opresión contra un pueblo que sufre ocupación ilegal y un régimen de apartheid.

Antes de dar rienda suelta a la llamada a las armas, a la cultura de la guerra, a la justificación de una nueva masacre en Gaza y a la deshumanización de los palestinos conviene siempre buscar todas las vías para la paz, la diplomacia, la negociación y el derecho internacional. Y para ello es preciso abordar el nudo gordiano que atraviesa toda esta historia y que podría resolverla si se desenredara. Tanto la comunidad internacional como Israel y el pueblo palestino saben muy bien cuál es. Pero el actor que tiene la llave de esa puerta se niega a abrirla.

La ocupación ilegal

En la Guerra de los Seis Días de 1967 Israel ocupó ilegalmente –con condena de varias resoluciones de Naciones Unidas– Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio. A día de hoy, y a pesar de su ilegalidad, mantiene esa ocupación, excepto en el Sinaí, devuelto a Egipto en 1979, tras la firma de los acuerdos de paz de Camp David. Esta ecuación impide de facto la creación del Estado palestino asignado por Naciones Unidas como tal.

Los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza están separados entre sí por Israel. La población de Gaza sufre desde 2007 un bloqueo que dificulta enormemente la salida de sus habitantes y la entrada de productos básicos y que ha convertido la Franja en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Casi dos millones de personas –un millón, menores de edad– viven apelotonadas en 41 kilómetros de largo y 10 de ancho. Desde 2004 ha sido bombardeada por Israel en numerosas ocasiones, con algunas ofensivas que llegaron a provocar más de mil muertos palestinos, la mayoría civiles.

Cisjordania y Jerusalén Este

En Cisjordania y Jerusalén Este viven más de 500.000 colonos judíos que ocupan tierras palestinas y controlan la mayoría de los acuíferos. El territorio es una especie de queso gruyer con pueblos palestinos aislados, separados entre sí y de la propia Jerusalén Este por el llamado muro del apartheid y por carreteras de uso exclusivo para israelíes. La desconexión territorial es en sí misma un castigo colectivo a la población palestina. La ocupación ilegal de Cisjordania sigue extendiéndose cada año, con la construcción de nuevos asentamientos ilegales, impulsados por colonos judíos que cuentan con la protección del Ejército israelí e incluso con subvenciones del Estado.

La vida en Cisjordania es muy dura para la población palestina. Está sometida a un régimen de segregación y sufre limitación en su libertad de movimientos, con la existencia de unos 200 puestos militares israelíes permanentes y un par de centenares más móviles que controlan las entradas y salidas. Hay menores palestinos que se levantan a las cinco de la madrugada cada día para hacer frente a la larga espera en los checkpoints con la intención de llegar a sus institutos, colegios o universidades. A veces lo consiguen, a veces no.

A estas dificultades diarias se suma en los últimos meses el incremento de agresiones de colonos contra población palestina. Desde enero hasta septiembre de este año más de 200 palestinos habían muerto en Cisjordania a manos de colonos o soldados israelíes, cuarenta de ellos menores.

Además, el Ejército israelí sigue derribando periódicamente viviendas de palestinos o expulsándoles de sus casas a través de un proceso de desposesión. Todos esos obstáculos y humillaciones cotidianas empujan a muchos palestinos a emigrar a otros países donde, en muchos casos, les es más fácil hallar derechos y una vida digna. Quedarse es en sí una forma de resistencia.

Arrestos arbitrarios

Otro de los castigos colectivos son los arrestos arbitrarios. A día de hoy hay 5.200 palestinos en prisión. De ellos, 33 son mujeres y 170, menores. 1.264 están bajo detención administrativa, recluidos indefinidamente sin enfrentar juicios ni cargos. Los que no son arrestados bajo esa práctica son siempre juzgados en tribunales militares. La ley israelí permite que sean condenados por participar u organizar protestas, imprimir o distribuir material político, ondear banderas palestinas y otros símbolos políticos.

Uno de cada cinco palestinos ha sido detenido alguna vez por Israel, dos de cada cinco en el caso de los hombres. El maltrato a palestinos en las prisiones israelíes es habitual y ha sido denunciado por multitud de organizaciones de derechos humanos.

Hamás pretende intercambiar con Israel algunos de esos presos palestinos con sus rehenes israelíes y también recuperar cadáveres que llevan años en manos de Israel.

El apartheid

En los últimos quince años murieron a causa de la violencia 6.401 palestinos y 308 israelíes. La superioridad militar de Israel es incuestionable, y esto le ha permitido aplicar políticas sistemáticas de opresión contra la población palestina y de apartheid, tal y como han denunciado organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y B'tselem, así como el relator especial de Naciones Unidas, el antiguo secretario de Naciones Unidas Ban Ki-Moon o el expresidente de EEUU Jimmy Carter, entre otros.

Durante décadas los territorios palestinos estuvieron gobernados por grupos laicos y la presencia en la sociedad civil de organizaciones de izquierda fue notable. Como indican numerosos analistas, Israel ha fomentado el auge de Hamás negando interlocución a Al Fatah y la Autoridad Palestina. De ese modo el Gobierno de Tel Aviv pretende reducir la cuestión a una guerra de Israel contra Hamás, sacando de la ecuación la ocupación, el apartheid y la existencia de una sociedad civil palestina, entre la que hay una minoría palestina cristiana y muchos musulmanes partidarios de un Estado laico.

El propio primer ministro Netanyahu así lo mencionó a los miembros de la Knesset (Parlamento israelí) de su partido Likud en 2019: “Cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar el refuerzo de Hamás y la transferencia de dinero a Hamás. Esto es parte de nuestra estrategia”.

También el exministro de Exteriores israelí Shlomo Ben Ami o el propio exjefe del servicio secreto interno de Israel Ami Ayalon han señalado al Ejecutivo de Netanyahu en ese sentido: “El Gobierno israelí ha hecho todo lo posible para garantizar que Al Fatah y la Autoridad Nacional Palestina ya no sean socios, le han dado todo el poder a Hamás”, decía recientemente este último.

El doble rasero

En las últimas décadas se ha podido observar que siempre que Israel invoca su derecho a la defensa exige, de forma implícita, vía libre para perpetuar su pecado original: el acto ilegal de la ocupación, el bloqueo, el asedio, el apartheid y, si lo considera oportuno, licencia para matar. Ante ello, el doble rasero de la comunidad internacional occidental es notable. Se privilegia a la potencia ocupante frente al pueblo ocupado.

En la narrativa de Israel, defenderse implica negar derechos a la población palestina. Para persistir como Estado judío de mayoría judía el Gobierno israelí discrimina, oprime y aparta a los palestinos que habitan en los territorios ocupados, lo cual es incompatible con el carácter democrático que asegura tener.

Es decir, reivindica los territorios palestinos como propios –Netanyahu mostró recientemente en Naciones Unidas un mapa en ese sentido, desafiando las propias resoluciones de la ONU– pero no está dispuesto a asumir a la población palestina como ciudadana de plenos derechos en un Estado binacional. Al contrario: niega sistemáticamente derechos e igualdad a los palestinos, a los que en algunos casos usa como mano de obra explotada y barata que al final del día es devuelta al otro lado del muro, cual ganado.

Al mismo tiempo también sigue negando la posibilidad de un Estado palestino –como dicta Naciones Unidas–, porque para ello tendría que entregar los territorios palestinos que ocupa ilegalmente, algo a lo que sigue sin estar dispuesto.

La sociedad civil palestina lo ha intentado todo a lo largo de las décadas: resistencia no violenta, dos Intifadas, manifestaciones, protestas o campañas de boicot a los productos que se fabrican en territorios ocupados ilegalmente, siguiendo el modelo de lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Todos los mecanismos no violentos han obtenido represalias por parte de Israel, con disparos, asesinatos, detenciones, multas o criminalización.

Por poner dos ejemplos, la Flotilla a Gaza que en 2010 intentó romper el bloqueo para llevar ayuda humanitaria terminó con once personas muertas por fuego israelí. La Gran Marcha pacífica en Gaza de 2018 recibió balas israelíes como respuesta, con cientos de muertos y miles de heridos y mutilados.

El enquistamiento

Esta ha sido la dinámica habitual a lo largo de los años y ello explica el enquistamiento de la situación y la impunidad israelí. Toda agresión israelí suele ser presentada como una legítima defensa, lo que facilita que se repitan los crímenes. La propia ocupación ilegal y la aplicación del apartheid son justificados de ese modo por el Gobierno de Tel Aviv.

Cuando el Ejército israelí asesina a palestinos en Cisjordania, los gobiernos europeos y estadounidense no dicen que la población palestina tiene “derecho a defenderse”. Pero cuando grupos armados palestinos asesinan a israelíes, la comunidad internacional occidental apoya “el derecho” de Israel “a defenderse y responder”, a sabiendas de lo que eso suele significar en términos de pérdida de vidas civiles palestinas. Recordemos que en los últimos quince años el 95% de las muertes han sido de palestinos, según datos de Naciones Unidas.

Ante la última escalada, tanto Biden como los mandatarios de la Unión Europea y Reino Unido han condenado los asesinatos perpetrados por Hamás -que han supuesto un ataque contra Israel sin precedentes- y mostrado su solidaridad y empatía con las víctimas israelíes, como es lógico. Sin embargo, no han tenido palabras específicas para las víctimas palestinas que, mientras escribo esto, siguen muriendo en Gaza. Tampoco ha habido exigencia explícita o contundente a Israel para que detenga sus ataques, sino reiteración de su “derecho a defenderse”. Biden incluso lo ha extendido a “derecho y deber” de defenderse. De ese modo durante tres días se ha estado dando luz verde a asesinatos de población palestina en la Franja.

La presidenta de la Comisión Europa señalaba el domingo que “Israel tiene derecho a defenderse hoy y en los días venideros”, cuando ya había más de doscientos palestinos muertos. No hacía falta ser ninguna experta para saber en qué consistiría esa “defensa” israelí. El pasado reciente nos arroja numerosos ejemplos. Más aún, cuando el propio Gobierno de Tel Aviv anunciaba un asedio total “sin electricidad, sin alimentos, sin gas”. “Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”, dijo el lunes el ministro de Defensa israelí, sin que nadie le corrigiera.

Poco después de los ataques de Hamás el diputado y miembro del partido israelí Likud, Ariel Kallner, llamaba a una segunda Nakba –700.000 palestinos expulsados en 1948, 600 aldeas arrasadas–, el ministro de Finanzas israelí –que se define a sí mismo como fascista y homófobo– decía que “tenemos que ser crueles ahora y no considerar demasiado a los cautivos”, un portavoz militar israelí ha afirmado que “nuestro objetivo está en crear daño, no en la precisión” y el propio primer ministro Netanyahu anunciaba una “poderosa venganza”. A esto es a lo que han estado dando respaldo Estados Unidos y Europa estos días.

“No se puede decir que nada justifica matar a israelíes y luego justificar el asesinato de palestinos. No somos infrahumanos”, clamó el pasado lunes el embajador palestino en Naciones Unidas.

Este martes por la tarde Josep Borrell repetía que “Israel tiene derecho a defenderse” aunque matizaba el cierre de filas de estos días de atrás al señalar que “tiene que ser de acuerdo al derecho internacional, y algunas decisiones son contrarias al mismo”, en referencia a “los cortes de luz, agua o alimentos”. No ha tenido palabras el alto representante europeo para pedir explícitamente el cese de los bombardeos israelíes sobre Gaza o para apelar al fin del bloqueo y la ocupación que asfixian la vida de los palestinos.

La paz es siempre posible

Israel puede poner fin al mal llamado conflicto, pero, como indica el israelí Rami Elhanan, integrante de la organización Parent´s Circle, “Israel solo aceptará suscribir un pacto de paz cuando se dé cuenta de que el precio de no tener paz es más alto que el de tenerla”. La solución lleva muchos años encima de la mesa –hay varias propuestas válidas– en forma de acuerdo que contemple el fin de la ocupación ilegal y del régimen de discriminación, y el cumplimiento del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas. Pero por lo que ha mostrado históricamente, Israel no estará dispuesto a no ser que la realidad le obligue a ello.

La autoría de los actos ilegales y criminales israelíes no corresponde a una banda terrorista, sino a un Estado que se erige con derecho para asesinar extrajudicialmente, ocupar ilegalmente, aplicar políticas de segregación y normalizar la deshumanización a través del apartheid. Esto es lo que sigue permitiendo la comunidad internacional occidental, escribiendo uno de los capítulos más negros de su historia reciente.

Solo hay dos caminos: búsqueda de la paz y negociación asumiendo que los palestinos existen, que deben tener derechos y que no pueden ser enterrados bajo la arena, o persistencia en la opresión y la violencia contra ellos, con la eliminación física de cientos o miles de forma periódica. O con una limpieza étnica de cientos de miles. Cuanto antes se trabaje por la única opción válida, mejor. La paz siempre es posible.

Sigue la actualidad en el nuevo canal de WhatsApp de elDiario.es con las claves del día y las últimas horas más importantes.