Perú acude a las urnas con pocas esperanzas de resolver la crisis de gobernabilidad

El candidato Pedro Castillo habla desde un balcón ante cientos de simpatizantes durante el cierre de su campaña, en la plaza Dos de Mayo, en Lima.

Unas 25 millones de personas están llamadas a las urnas este domingo en Perú para elegir al presidente o presidenta de los próximos cinco años. Lo harán en medio de una prolongada crisis política, además de la económica y sanitaria generada por el coronavirus, que ya ha dejado más de 185.000 fallecidos. Una vez más el electorado deberá votar con esa lógica del “mal menor”, pues ni el candidato izquierdista Pedro Castillo, del partido Perú Libre, ni la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, suponen una garantía sólida para resolver los problemas de inestabilidad y gobernabilidad del país. 

No es de extrañar que gran parte de la ciudadanía peruana vote entre la desafección, el hartazgo y la desesperanza, pues el país andino aún se encuentra inmerso en una profunda crisis política que lleva gestándose desde 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones a Keiko Fujimori y el Congreso quedaba dominado por una mayoría fujimorista, de manera que siempre hubo enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el legislativo. Kuczynski, en medio de acusaciones por corrupción, terminó después renunciando al cargo y fue reemplazado por Martín Vizcarra.

Esa crisis política continuó y alcanzó su punto más crítico en noviembre de 2020, cuando el Congreso destituyó a Vizcarra como presidente y asumió Manuel Merino como nuevo mandatario.

Tras la oleada de protestas que se extendió por todo el territorio y que terminó con dos jóvenes fallecidos y decenas de heridos por la represión policial, Merino se vio obligado a dimitir y finalmente fue Francisco Sagasti quien tomó posesión como presidente interino. En apenas ocho días, Perú tuvo tres presidentes y ninguno de ellos fue elegido en las urnas.

A la inestabilidad política y económica de los últimos meses, se suma una polarizada campaña electoral en la que ha habido más reproches y ataques que propuestas por parte de los candidatos presidenciales.

“No ha sido precisamente una campaña de debate ni de presentación de ideas. El tono de confrontación no ha bajado en ningún momento”, indica a elDiario.es el analista político Gonzalo Banda. El ambiente de gobernabilidad tras las elecciones, añade, “no da lugar a mucho optimismo, pues ese discurso polarizante va a hacer daño a la calidad de nuestra democracia”.

En la primera vuelta de las elecciones, celebradas el pasado 11 de abril, Castillo dio la sorpresa al situarse en primera posición con el 19,8% de los votos, mientras que Keiko Fujimori logró el segundo puesto al reunir el 13,4% de los apoyos. En la segunda vuelta de este domingo se prevé un resultado muy reñido, pues varias encuestas dibujaban casi un empate entre ambos. La última realizada por Ipsos daba al postulante de izquierda una mínima ventaja, con un 51,1% de intención de voto, sobre su rival derechista, que obtenía un 48,9%.

“Son solo dos puntos de diferencia entre ambos y ya hay cánticos de fraude vinculados a la derecha peruana. Todo indica a que si el candidato ganador no vence con una diferencia solvente, puede haber problemas”, advierte Banda. 

Al igual que el electorado peruano ya está acostumbrado a votar por el “mal menor”, también ha vivido en otras ocasiones una ajustada segunda vuelta electoral, como cuando Kuczynski ganó por solo 40.000 votos de diferencia.

“Lo curioso es que las personas que han acabado gobernando en Perú en los últimos años no contaron con mucho apoyo desde el inicio, desde la primera vuelta. En este caso, más que el mal menor, la gente va a votar en contra del mal mayor, que para un sector de la población podría ser una candidatura de izquierda moderada hasta radical o el retorno del fujimorismo al poder”, dice la politóloga peruana Denisse Rodríguez-Olivari, profesora en la Universidad Humboldt de Berlín. 

La lucha por el sillón presidencial

Si bien Castillo y Fujimori son dos polos opuestos, ambos comparten rasgos autoritarios y una agenda social conservadora que no contempla ni la igualdad de género ni el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el aborto.

Castillo, de 51 años, es un maestro rural y líder sindicalista de la región de Cajamarca, ubicada a unos 900 kilómetros de Lima. Logró ese sorpresivo triunfo en la primera vuelta gracias al voto del campo andino, un sector de la población que históricamente ha sido ignorado en el país y que nada tiene que ver con la élite limeña.

El candidato izquierdista “representa al peruano común, promedio, que tiene ilusión por un cambio”, asegura Banda. “Hay un mensaje que excede a los errores de Castillo, porque pese a haber cometido muchos, hay votantes que han ido ilusionados en familia a sus mítines, gente que toda su vida ha estado ninguneada y a la que nunca se le ha escuchado”, dice el experto.

Lo que el candidato ha dejado entrever en sus intervenciones es que “es una persona genuina, que conoce la problemática rural, la andina, la de los maestros de escuela, la de sindicalistas… Como candidato es mucho más legítimo que Keiko y despierta más simpatía, pero a la gente también le aterra que pueda implementar ideas de izquierda radical”, explica Rodríguez-Olivari, integrante de la Red de Politólogas #NoSinMujeres.

Castillo anunció su candidatura presidencial en 2020 para representar a Perú Libre después de que el líder de ese partido, Vladimir Cerrón, fuera condenado por corrupción e inhabilitado.

Esta formación política se describe en su programa como un partido de izquierda marxista, “democrático, descentralista, internacionalista, inclusivo, soberano, humanista y antiimperialista”. Sin embargo, son muchas las voces críticas que cuestionan esta formación política y politólogos como Eduardo Dargent, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo definen como una plataforma populista cuyo líder -Cerrón- “tiene el discurso de las izquierdas radicales latinoamericanas que considera que hay una élite corrupta que ha capturado el poder y el pueblo viene como redentor a rescatarlo”. 

En su programa de Gobierno, Castillo propone cambiar el modelo económico, un Estado fortalecido con control sobre la nacionalización de empresas de sectores estratégicos y crear una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, entre otras medidas. 

El candidato izquierdista, recuerda Dargent, proviene de una tradición sindical “muy dura, que deja profundas dudas, no solo de convicción democrática, sino de conocimiento del funcionamiento de la propia democracia”, y se suman, además, discursos contradictorios, pues “hay ataques contra las élites corruptas pero también contra órganos de control que han tratado de regular la alta informalidad en el país”.

Para un sector de la población Castillo representa el fantasma del comunismo, que se asocia con el terrorismo de Sendero Luminoso de los años 80 y 90. Por ello, y porque representaría un cambio en el sistema económico, el candidato izquierdista ha recibido los mayores ataques durante la campaña. 

Pero ¿es realmente tan radical como ha mostrado la prensa peruana? En opinión de Rodríguez Olivari en estas últimas semanas se ha puesto en marcha toda “una maquinaria para erosionar su candidatura”, una demonización de la izquierda que en el país se conoce como “terruqueo” y que califica de terrorista cualquier tipo de agenda que no calce con la derecha conservadora. “Que Castillo no sea el típico político del establishment, que no sea blanco, que tenga rasgos indígenas y que hable con un acento propio de la región de Cajamarca, son factores que suman a la demonización de su candidatura”, dice la experta.

En ese sentido Dargent considera que “aun imaginando que Castillo fuera un comunista converso y confeso, es muy difícil que pueda desarrollar una lógica de ese tipo”, y en caso de llegar al poder, lo haría con los problemas de gobernabilidad que existen en el país, asegura el docente.

La heredera del fujimorismo

Keiko Fujimori, de 46 años, es la primogénita y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y se presenta por tercera vez como candidata presidencial. Su fortaleza reside precisamente en la experiencia política que ha acumulado durante años: conoce el sistema y sabe perfectamente cómo funciona una campaña electoral -llegó también a la segunda vuelta en 2011 y 2016-. Cuenta, además, con un gran respaldo mediático y del establishment económico, además del apoyo de figuras destacadas como el escritor Mario Vargas Llosa, que no ha dudado en pedir el voto para la candidata derechista al considerar que representa ese “mal menor”.

Su principal desventaja, sin embargo, “es que es Keiko Fujimori y la gente no le cree”, dice Rodríguez-Olivari. Esa falta de credibilidad se ve reflejada incluso en la reciente reconciliación con su hermano y excongresista Kenji Fujimori, pues según la encuesta Datum Internacional, el 70% de los consultados cree que es mentira y que se trató de una estrategia de campaña. 

La candidata derechista también ha realizado otros esfuerzos por inspirar confianza. Ha firmado hasta dos juramentos democráticos en los que se compromete a preservar la democracia y la libertad de expresión, fortalecer las instituciones, defender la Constitución y luchar contra la corrupción. “Pero no es suficiente”, dice la politóloga.

“No importa qué ofrezca, ya alcanzó su techo y hay gente a la que no va a poder convencer porque es Keiko Fujimori y defiende ideas que no son negociables para un sector de la población”, explica.

La líder de Fuerza Popular apuesta por la permanencia del modelo económico neoliberal y la Constitución de 1993, promulgada por el gobierno de su padre. Entre otras medidas, en su plan de Gobierno asegura que impulsará “oportunidades en el trabajo formal, simplificando procesos para el desarrollo de emprendimientos y promoviendo las asociaciones público-privadas”.

También ha reiterado que si es elegida presidenta indultará a su padre, quien cumple una condena de 25 años en la cárcel por delitos de lesa humanidad.

Keiko Fujimori, quien ya ha ingresado dos veces en prisión preventiva, está acusada de organización criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucción a la Justicia por ocultar presuntas donaciones de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2011, acusaciones que ella rechaza. Por esos delitos la Fiscalía pide 30 años de prisión y la candidata derechista evitaría el juicio si se convierte en presidenta, al gozar de inmunidad.

Independientemente de quien logre el sillón presidencial, Perú necesita invertir en sanidad y comprometerse a que la vacunación contra el coronavirus seguirá avanzando, ya que el presidente interino Sagasti confirmó que el país va a contar con 60 millones de dosis para vacunar a la población mayor de 18 años antes del final de 2021. El próximo presidente o presidenta también deberá encargarse de reactivar una economía tremendamente golpeada por la pandemia, además de gobernar y lidiar con un Congreso fragmentado para evitar una crisis política como la de los últimos años.

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Publicado el
5 de junio de 2021 - 22:23 h

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