La policía registra el domicilio del ministro de Sanidad francés en una investigación por la gestión de la pandemia

Varios miembros del actual y del anterior Gobierno francés, incluido el exprimer ministro, Édouard Philippe, han sido objeto este jueves de registros judiciales en sus oficinas y en sus domicilios en el ámbito de la investigación abierta por su gestión de la crisis del coronavirus.

Fuentes judiciales han confirmado a Efe que, además de a Philippe, los registros afectaron al actual ministro de Sanidad, Olivier Véran, a su predecesora, Agnès Buzyn, a la antigua portavoz del Ejecutivo, Sibeth Ndiaye y al director general de Sanidad, Jérôme Salomon. Según Le Monde, los registros han sido llevados a cabo por gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Daños al Medio Ambiente y a la Salud Pública (Oclaesp).

La investigación, abierta el pasado 7 de julio sobre la base de nueve denuncias agrupadas en un mismo procedimiento (del más de medio centenar que se presentaron), corre a cargo del Tribunal de Justicia de la República, que es el competente en Francia para juzgar a miembros del Ejecutivo por el ejercicio de sus funciones dado su estatuto de aforados.

Las denuncias contra los miembros del Gobierno a cargo de la gestión del coronavirus las formalizaron médicos, asociaciones y ciudadanos particulares.

Se trata de determinar si hubo dejación de funciones de los responsables de la gestión de la crisis por abstenerse de tomar medidas para hacer frente a la pandemia, un delito que está penado con hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa.

En esta fase de la instrucción todavía no se han llevado a cabo interrogatorios, con lo que en principio la eventual imputación de las personas investigadas no debería producirse todavía.

Movilizaciones del personal sanitario por la falta de medios

Los registros se produjeron el mismo día en que ocho organizaciones representativas del personal sanitario han convocado una jornada de huelgas y movilizaciones para protestar por la falta de medios personales para hacer frente a la presión de la epidemia.

Los sindicatos reclaman la contratación de más personal cualificado, la apertura de camas que permita limitar el agobio de los servicios de urgencia o un aumento salarial de al menos 300 euros por mes.

La información sobre este procedimiento judicial llega unas horas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara el miércoles la imposición de un toque de queda nocturno durante al menos cuatro semanas en la región de París y en otras ocho áreas urbanas para intentar contener la escalada de contagios de COVID-19.