El equipo de campaña de Trump dice que WikiLeaks no tiene responsabilidad por los correos hackeados
El equipo de campaña de Donald Trump ha contestado a una demanda ante los tribunales alegando que no se le pueden exigir responsabilidades a Wikileaks por publicar los correos electrónicos robados por hackers rusos antes de las elecciones presidenciales de 2016. Lo justifican diciendo que Wikileaks funcionaba como una plataforma de publicación neutral en uso por terceras partes, igual que Google y que Facebook.
Los cuestionamientos a Wikileaks por la publicación de miles de correos electrónicos hackeados (obtenidos en una operación supuestamente lanzada por el servicio de espionaje ruso para quedarse con los correos del partido Demócrata y del equipo de campaña de Hillary Clinton) son el centro de la investigación criminal dirigida por Robert Mueller sobre una posible connivencia entre el Kremlin y el equipo de campaña de Trump.
En el documento presentado también se argumenta que no podría considerarse como “conspiración” ningún supuesto acuerdo entre el equipo de campaña de Trump y Wikileaks, dado que la decisión del portal de publicar los correos robados no fue ilegal.
La contestación se produce después de que dos donantes de Hillary Clinton y un exempleado del Comité Nacional Demócrata cuyos correos electrónicos fueron hackeados demandaran al equipo de campaña de Trump.
La sorprendente defensa que el equipo de campaña está haciendo ahora de Wikileaks marca un punto de inflexión en la política oficial de Estados Unidos, que hasta ahora venía acusando al portal de perjudicar los intereses del país por sus ataques contra el Gobierno y por publicar miles de documentos secretos sobre procedimientos clandestinos.
El propio Mike Pompeo, exdirector de la CIA y actual ministro de Asuntos Exteriores (secretario de Estado) de Trump, llegó a decir que Wikileaks era un “servicio de espionaje no estatal hostil” que ponía en peligro vidas estadounidenses, perjudicaba la seguridad nacional y era “asistido por actores estatales como Rusia”.
Para los analistas, el recurso presentado también es relevante porque da una pista sobre la posible línea de defensa que adoptarán los altos cargos de la Casa Blanca de Trump, y los particulares que le ayudaron en la campaña, si los terminan acusando del delito de conspirar con Wikileaks.
Libertad de expresión
La contestación también argumenta que, en ejercicio del derecho a la libertad de expresión consagrado por la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos, tenían derecho a publicar esa información aunque fuera robada, siempre y cuando no hubieran participado en la sustracción de los correos electrónicos. Según el documento presentado ante las cortes, los materiales hackeados eran un asunto de “notoria importancia para el público”.
Las 32 páginas de la contestación que argumenta la falta de mérito de la demanda civil contra el equipo de campaña de Trump fueron escritas por letrados del bufete Jones Day. El mismo en el que trabajaba Don McGahn, actual abogado de la Casa Blanca.
En su defensa, los abogados del equipo de campaña de Trump se acogen al artículo de la Ley de Decencia en las Comunicaciones que otorga inmunidad a grandes compañías de Internet como Facebook, YouTube y Google, al protegerlas de demandas por los materiales publicados en sus plataformas. Lo que hace la ley es considerarlas como plataformas neutrales y los defensores del equipo de Trump argumentan que Wikileaks debe gozar de la misma protección.
“Un sitio web que proporciona un foro donde 'terceras partes pueden publicar información' no es responsable de la información publicada por terceros.... Dado que Wikileaks proporcionó un foro para que un tercero (sin nombrarlos, se refiere a los 'agentes rusos') publicara contenido que ese tercero ha hecho surgir (los correos electrónicos hackeados), no puede ser considerado responsable de la publicación”, dice la contestación.
Pero el papel de Wikileaks en la publicación de los correos electrónicos se ve desde otra perspectiva después de una evaluación sobre el hackeo hecha en 2017 por los servicios de inteligencia estadounidenses y de la reciente imputación del fiscal especial Mueller contra los doce miembros del servicio de espionaje ruso que supuestamente robaron los materiales hackeados. En su acusación, Mueller afirma que los “conspiradores” rusos hablaron de la publicación de los documentos robados con un grupo al que se refiere como “Organización 1” (se cree que es Wikileaks) con el fin de “aumentar su impacto” en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.
Para Ryan Goodman, exconsejero especial del Pentágono y coeditor del blog Just Security, la reciente acusación de Mueller implica que Wikileaks desempeñó un “papel activo” en la publicación de los correos electrónicos y documentos robados, así como en decidir el momento en que se produjo: “Ese hecho, del que hasta ahora no se sabía nada, podría cambiar significativamente el cálculo de un posible pedido de inmunidad bajo la Ley de Decencia en las Comunicaciones [artículo 203] porque el papel que están desempeñando ya no es neutral”.
Traducido por Francisco de Zárate
