La democracia en EEUU está rota

La semana pasada, los medios de comunicación de Estados Unidos daban la noticia de que el candidato presidencial Pete Buttigieg decidió devolver unos 26.800 euros de contribuciones de grupos de presión a su campaña. Así, se unía a muchos otros candidatos demócratas que rechazan dinero de ciertos grupos de presión o corporaciones. Desde que Beto O’Rourke lanzó su campaña para ser elegido senador en 2017, este acto de rechazar-para-reformar se ha convertido en la única forma de evaluar si un candidato está comprometido con reformar la democracia estadounidense. Si no rechazas el dinero de las corporaciones, no estás con nosotros.

Sin embargo, esta medida de reforma es extraña y una simulación. Lo importante no es cómo llegas a ser electo, sino cuáles son tus compromisos fundamentales si eres elegido. Actualmente, las contribuciones de grupos de presión y corporaciones a campañas electorales son en realidad una forma moderada y poco polarizadora de influir en la política estadounidense. Eliminar sólo estas contribuciones no reparará la democracia. Y esta obsesión con saber de dónde proviene el dinero en realidad quita el foco de las preguntas importantes sobre si un candidato es realmente reformista.

En este sentido, y sorprendentemente teniendo en cuenta que es una de las políticas que más dinero recibe para sus campañas, la diputada demócrata Nancy Pelosi ha sido la única en subir un poco el listón. La ley conocida como HR1, que ella logró que fuera aprobada por los diputados, es extraordinaria no sólo por la profundidad de las reformas que se plantean en una sola ley –desde la financiación de las campañas electorales y el fraude electoral hasta el compromiso de crear un registro automático de votantes y recuperar la Ley de Derechos de Votantes–. También es extraordinaria porque reconoce que lo primero es llevar a cabo esta reforma. “La democracia primero” se ha convertido en la consigna de muchos dentro de este movimiento. Y la pregunta más importante que deberíamos hacer a los candidatos no es si el dinero de su campaña está limpio, sino si están verdaderamente comprometidos con reparar la democracia.

Y aquí se abre una grieta interesante entre los demócratas. Esta semana, la senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand subió la apuesta al presentar el programa más ambicioso para cambiar la forma de financiación de las campañas políticas de los últimos 50 años. Si se aprobara, la ley otorgaría a cada votante “dólares democráticos” que podrían utilizar para ayudar a financiar campañas. Estos dólares cambiarían radicalmente la forma en que se financian los candidatos al Congreso. Los fondos pasarían de provenir de donantes externos a ser otorgados por el propio electorado de los candidatos. Andrew Yang ha propuesto un proyecto similar, aunque no tan ambicioso como el de Gillibrand. Sin embargo, hasta ahora supuestos reformistas como Elizabeth Warren no han dicho nada sobre cómo piensan cambiar la forma en que se financian las campañas.

Además, algo más importante que los detalles de estos proyectos es la prioridad que se les dé. El alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, le dijo a Trevor Noah que una reforma “como la ley HR 1” sería la prioridad “número uno” de su gobierno. Andrew Yang “corrigió” su plataforma para que “recuperar la democracia” sea su primera acción como presidente. Lo mismo le dijo Warren a Chris Hayes: que una “reforma anticorrupción” sería lo primero que haga su gobierno. Marianne Williamson ha dicho lo mismo. Y también Gillibrand.

Este es el tipo de compromiso que deben asumir los reformistas. No la ley HR 1, sino un Gobierno igual de ambicioso o incluso más. El próximo presidente de Estados Unidos debería seguir los pasos de Nancy Pelosi y comprometerse a hacer reformas a fondo. Él o ella deberían explicarnos qué incluirá esa reforma a fondo. Y a su vez nosotros deberíamos evaluar a los candidatos en función del efecto que tendría ese compromiso.

Porque éste es el verdadero potencial de este ciclo electoral. Recordemos que ya no podemos creer sólo en las promesas: Donald Trump prometió acabar con la misma corrupción en su campaña de 2015. “Limpiar el pantano” fue una consigna que sedujo a muchos de los que apoyaron al presidente. Si los demócratas se comprometen a que estas reformas sean la “prioridad número uno” del próximo gobierno, tenemos al menos la posibilidad de que ese compromiso atraiga también a republicanos reformistas.

Este es el único tema en torno al cual está unido Estados Unidos. Deberíamos encontrar la forma de debatirlo para que las promesas se hagan realidad.

Lawrence Lessig es profesor de derecho y liderazgo en la Facultad de Derecho de Harvard, fundador de EqualCitizens.US y autor de America Compromised

Traducido por Lucía Balducci