Presiones sobre Grecia para que cancele un acuerdo de venta de armas a Arabia Saudí
El gobierno griego ha anunciado que acatará cualquier embargo de la Unión Europea a Arabia Saudí, que hoy no existe, tras ser criticado –incluso por diputados griegos– por un polémico acuerdo de venta de armas.
Cuando comenzaron a aparecer grietas en el acuerdo de 66 millones de euros del gobierno de izquierdas con el reino del golfo, el portavoz de la Administración dijo que Atenas aplicará la ley a “a rajatabla” si se anuncian sanciones de la Unión Europea.
“Estamos esperando a ver las decisiones del Parlamento Europeo y actuaremos en consecuencia”, explicó el portavoz del Gobierno, Dimitris Tzannakopoulos. “El proceso está parado”.
Las tensiones dentro del partido en el poder, Syriza, se han sumado a la condena del acuerdo por parte de grupos de derechos humanos internacionales. Amnistía Internacional ha declarado que el cargamento podría acabar siendo usado por el Estado del Golfo en su guerra contra su vecino Yemen, donde la población civil está sufriendo la peor parte del conflicto.
“Hacemos un llamamiento a que Grecia revoque de inmediato la venta y transferencia de equipamiento militar a Arabia Saudí, y a rechazar la autorización del transporte de todo tipo de armamento convencional, munición y material de guerra a puntos de conflicto en Yemen”, declaró Amnistía Internacional.
Miembros destacados de Syriza han cuestionado la moralidad de la venta de armas a Arabia Saudí, y el comité de aprovisionamiento militar del Parlamento griego indicó el martes que podría rechazar el acuerdo.
“Grecia es un oasis de estabilidad, paz y amistad en toda la región y eso es lo que exportará”, dijo el exviceministro de Exteriores Nikos Xydakis a the Guardian. “No hay necesidad de esto [realizar el acuerdo] y francamente, cuando hablamos de 66 millones de euros, no de 66.000 millones de euros, no merece la pena. No es una cantidad de dinero que vaya a salvar a Grecia”.
La semana pasada, el ministro de Interior, Panos Skourletis, un miembro veterano de la izquierda del partido gobernante, expresó su temor a que esas armas puedan permitir abusos a los derechos humanos en Yemen.
“Obviamente, todo país tiene derecho a explotar sus excedentes en munición, pero tenemos que ser mucho más cuidadosos”, contó al canal de televisión público ERT. “Un país del tamaño de Grecia no puede vender armas sin que le importe cómo serán usadas”.
La indignación por la gestión de la venta por parte del gobierno ha exacerbado las tensiones, con los partidos de la oposición tanto de izquierdas como de derechas, que critican la evidente falta de transparencia del acuerdo.
Las irregularidades están alimentando las peticiones de dimisión del ministro de Defensa, Panos Kammenos, que lidera el pequeño partido nacionalista Anel, el socio menor de Syriza en la coalición gubernamental.
El primer ministro, Alexis Tsipras, controla 153 de los 300 escaños del parlamento, de manera que el gobierno depende de los nueve diputados de Anel. La tajante defensa que Tsipras realizó de Kammenos en un agitado debate parlamentario ha hecho poco para disipar los interrogantes que giran alrededor del acuerdo.
El fiscal del Tribunal Supremo griego puso en marcha recientemente una investigación de la venta de armas entre acusaciones de que Kammenos había violado la legislación al conseguir el acuerdo por medio de un intermediario privado que negoció en nombre de Arabia Saudí. Documentos filtrados publicados en los medios griegos identificaron al intermediario como Vassilis Papadopoulos, dueño de una empresa privada de venta de munición y un traficante de armas convicto.
El ministro de Defensa se dirigió a los diputados negando vehemente toda acusación: “Es un acuerdo de gobierno a gobierno y no hay ningún intermediario”.
Tsipras le defendió diciendo que el ministro de Defensa saudí garantizó a Atenas que Papadopoulous estaba autorizado a representar a Riad. Señaló que la oposición estaba intentando desestabilizar el gobierno de manera deliberada, fabricando un escándalo.
Bajo la ley griega, ordenada por acreedores internacionales como parte de un impulso anticorrupción después del colapso del país, el uso de intermediarios en grandes contratos gubernamentales es ilegal.
Syriza irrumpió en la política griega prometiendo acabar con la corrupción. Las acusaciones han dañado esta promesa fundacional, aunque varios analistas opinan que, con otros países occidentales como Reino Unido lanzándose a los beneficios económicos de acuerdos armamentísticos similares con Arabia Saudí, Grecia solo está siendo pragmática.
“No es el mejor momento de un gobierno de izquierdas”, dice Thanos Dokos, que dirige el thinktank Eliamep, con sede en Atenas. “Para sus partidarios, toda esta historia ha sido un gran golpe contra los principios morales de Syriza”.
Traducido por Marina Leiva
