Aferrados a la Ley Concursal

Los problemas del Club Deportivo Logroñés vuelven a tener fecha de caducidad. De todos es sabido las deudas que mantiene con diferentes estamentos, públicos y privados, con personas físicas y federaciones. Y de nuevo, estas deudas le mantienen en una situación crítica. Aunque no es el único club con problemas de este tipo. En total son 39 los equipos de Segunda B los que deben casi 6 millones de euros. Y todos ellos deberán hacer frente a sus deudas antes de esta medianoche si no quieren descencer de categoria.

En el caso del Logroñés, se mantienen las 21 denuncias de impago por parte de 19 jugadores de la plantilla de la temporada pasada, más la de Fernando Marín y Edu Garcia León, con deudas de otros años en los que militaron como jugadores.

En total, y según fuentes del club, la cantidad bruta asciende a 354.00 euros. Esta cantidad debe ser abonada antes de esta medianoche en la “Asociación de Futbolistas Españoles”, la AFE. La consecuencia de no abonarla sería el descenso administrativo de categoría. Pero el Logroñés ha movido su última ficha.

El club, en manos el empresario madrileño Juan Hortelano, ha solicitado al Juzgado de Instrucción numero dos de Logroño que declare el incumplimiento del convenio de la suspensión de pagos del año 2003. En una palabra, el club ha decidido recurrir a la Ley Concursal. Será una comisión mixta quien decida el futuro de este requerimiento legal.

Esta Ley de Ordenación Económica y Concursos lleva vigente desde el año 2003, a pesar de que su efecto en el ámbito futbolístico se está dejando sentir ahora. En el contexto que nos ocupa, su objetivo principal es proporcionar viabilidad a una sociedad que se enfrenta a deudas que en principio no puede pagar. Antes de la promulgación de la ley, una sociedad que se encontraba en situación desesperada acababa declarando suspensión de pagos, se disolvía y sus bienes eran embargados. En el caso de los clubes de fútbol, en particular, como le ocurrió al Logroñés, la denuncia por impago a los futbolistas conllevaba el descenso de categoría.

Con la nueva legislación, en cambio, la situación es bien diferente. Si una sociedad (o club) con graves problemas económicos decide acogerse a la Ley Concursal y el juez acepta la petición, se lleva a cabo un concurso de acreedores y son nombrados tres administradores que fiscalizan en lo sucesivo las cuentas de la sociedad.

Dichos administradores no toman las riendas del club sino que supervisan los gastos del Consejo de Administración, que sigue ejerciendo su labor. El objetivo es que los gastos no superen a los ingresos, liquidar a corto plazo el 50% de la deuda y pactar con los acreedores el resto de los pagos en un periodo de tiempo más largo, máximo cinco años; esto es el llamado coloquialmente “quita y espera”. Si los pagos no se afrontan o la actitud del Consejo es inapropiada, el juez puede dar todo el poder del club a los administradores e, incluso, disolver la sociedad, aunque esto se considera una medida extrema.

El punto más relevante es que durante el tiempo en que el club esté bajo supervisión, no pueden efectuarse embargos ni ejecuciones hipotecarias, ni tampoco presentarse denuncias por impago. Dicho de otro modo, la ley garantiza un plazo de supervivencia a clubes que de otro modo se encontrarían al borde del abismo, y le garantiza un tiempo para buscar inversores que recuperen la solvencia de la sociedad.

CAMBIOS LEY CONCURSAL

Pero esta Ley Concursal tiene ahora un punto a debatir. Se acaba de firmar un nuevo convenio , entre la Liga de Fútbol Profesional y la AFE, para evitar el uso indeseado de la ley y para que los clubes no puedan jugar la carta de esta normativa tan alegremente. En téminos más concretos, establece una serie de medidas para situaciones de aplicación de la Ley Concursal, actualiza las cantidades económicas correspondientes al fondo de garantía salarial, así como todas las partidas correspondientes a salarios mínimos, antigüedad y fondo social.

“Ahora se ha acordado un plazo de 3 años para aplicar nuevos sistemas: no se descenderá de categoría pero se penalizarán a los clubes con puntos. En el caso del Logroñés, los cambios no les afectarían porque aún no han entrado en vigor”, aclara el abogado logroñés Carlos Ruíz.

Mientras van pasando las horas, seguro que, hay logroñeses que sufren también la agonía de un club “histórico”, un sentimiento que muchos otros aficionados estarán sintiéndolo hoy por sus clubs. En total son siete equipos de segunda, con una deuda de casi 25 millones y 39 de segunda B.