Cinco detenidos en el registro de las clínicas acusadas de abortos ilegales

Entre cinco y seis personas fueron detenidas en el marco de un registro a varias clínicas de la parte alta de Barcelona investigadas por practicar abortos ilegales, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil. Entre los detenidos, figura el máximo directivo de las mismas, el cirujano peruano Carlos Morín.

El registro se inició por instancias del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona y en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que en julio de este año admitió a trámite una querella criminal de la entidad E-Cristians, contra el doctor Morín y sus clínicas Ginemedex, TBC, EMECE, y Clínicas Barnamedic de Barcelona.

Sobre las 9.30 horas, agentes de la Guardia Civil en colaboración con la Guardia Urbana, empezaron los registros en las sedes de al menos cuatro de estos clínicas y algún domicilio particular. Los agentes registraron los centros Clínicas BarnaMedic (CBM), TCB y Ginemedex, en la Via Augusta, y Ginemedex (Grup Barnamedic) en la calle Dalmases.

ABORTOS “RADICALMENTE FUERA” DE LOS SUPUESTOS PERMITIDOS

Según la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la investigación criminal se inició por hechos considerados “graves”, como la “práctica reiterada” de interrupciones voluntarias del embarazo “radicalmente fuera” de los supuestos permitidos por ley.

Tanto la Fiscalía como el TSJC aseguraron que los datos personales de las usuarias de las clínicas no serán revelados, si bien el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Solamente se incorporarán a las diligencias judiciales aquellos historiales clínicos en los cuales “aparezcan fundamentados motivos de imputación”.

Además, tanto el juzgado como la Fiscalía aseguraron que han actuado con “la debida independencia e imparcialidad” sin “entrar en ninguna de las consideraciones de tipo ideológico” de diferentes sectores sociales. La juez que lleva el caso, Elisabeth Castelló, ha decretado el secreto de las actuaciones. Por su parte, el abogado de Carlos Morín, Francesc Campà, explicó que no tiene constancia de detenciones ni del número exacto de registros.

En octubre del pasado año, la clínica Ginemedex fue acusada de asesorar abortos ilegales tras hacerse público un reportaje de cámara oculta de la televisión pública danesa DR, donde una periodista embarazada de 26 semanas pedía abortar. A raíz de este reportaje, la entidad E-Cristians presentó la querella en octubre de 2006.

La pena para un médico que provoque un aborto ilegal es de hasta tres años de prisión y inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria o trabajar en centros médicos por tiempo de uno a seis años. Por su parte, la mujer que consienta que le provoquen un aborto ilegal podría enfrentarse a una pena de hasta un año de cárcel o una multa.