Denuncian irregularidades en la gestión de la SGAE

La Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Asociación de Internautas (AI), Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y, la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE), todos ellos miembros de la plataforma todoscontraelcanon.es, obligados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 264), han puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los hechos publicados en diferentes medios de comunicación sobre “supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)”, informan en un comunicado acogiéndose al artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según el texto de la denuncia, a raíz de la publicación de recientes reportajes periodísticos en la prensa de tirada nacional, “se ha puesto de relieve que en el seno de la Junta Directiva de la SGAE, existe una actividad económica con aparentes tintes delictivos”.

“La prensa viene advirtiendo desde hace días de que, supuestamente, el reparto de las múltiples y variadas clases de recaudaciones de la SGAE (incluido el canon digital), se realiza en gran medida de forma ilegal entre sus filiales, y no entre sus socios, como ordena el artículo 154 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)”, dice el comunicado.

TRAMA SOCIETARIA

Los internautas denuncian también que los directivos de la SGAE “vienen participando en la creación y gestión de empresas filiales de la entidad y, podrían estar envueltos en una trama societaria supuestamente utilizada para la gestión fraudulenta de sus fondos” y creen que, según las noticias publicadas, las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se han estado invirtiendo en actividades de “lucro propio” para los directivos de la SGAE.

Asimismo, consideran que “del entramado societario de la SGAE parece dibujarse que estas actividades y servicios, se han estado contratando y remunerando de forma directa a sus propios directivos, a través de las empresas filiales que precisamente y al efecto, éstos han creado o dirigen”.

ALGUNAS CIFRAS

En la denuncia los internautas ponen como ejemplo uno de los artículos periodísticos referidos en los que se asegura que los resultados económicos de una filial de la SGAE, Iberautor, “debe su facturación (que ha rondado entre 2002 y 2005 los 10 millones de euros anuales) fundamentalmente a SGAE, que aportó el 93% del total en 2004 y el 84% en 2005.

La factura de 2005 equivale al 3,4% de todo el dinero recaudado ese año por SGAE como derechos. No se especifican las actividades de Iberautor porque, aclaran, eso puede 'provocar perjuicios' a la sociedad. En el caso de SDAE, el 99% de su facturación la obtiene de SGAE“.

De ser ciertas estas cuentas, los internautas consideran que se podría justificar que la actividad de la entidad denunciada “no cumple el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, empresas que además lo son de sus socios y, que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley”.

BENEFICIOS MULTIPLICADOS

Para el colectivo denunciante es aún “más injusto y grave, si tenemos en cuenta que la SGAE no deja de multiplicar los beneficios obtenidos del canon digital (dinero que obtienen directamente de los consumidores de tecnología digital)”.

Aseguran que en 1999 la entidad obtuvo 2,2 millones de euros con el sistema de remuneración compensatoria y, en 2005, obtuvo 23,6 millones de euros, según las últimas cifras publicadas por la propia SGAE. Dicen también que en el 2008, distintas fuentes han afirmado que la SGAE recaudará 100 millones de euros por este concepto, multiplicando por 50 la recaudación obtenida en 1999 y señalan, haciéndose eco de lo publicado, que “de la recaudación de SGAE no han escapado ni Inditex, ni TVE, ni las bodas, ni lo van a hacer los móviles”.

Los internautas aventuran en su denuncia que podría estar sucediendo que “los únicos beneficiarios de las recaudaciones, no sólo no las estuviesen recibiendo, sino que además ni siquiera tuviesen claro que la gestión de los derechos será encomendada por sus titulares (autores) a la entidad mediante contrato cuya duración no podrá ser superior a cinco años, indefinidamente renovables, ni podrá imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de explotación ni la de la totalidad de la obra o producción futura (art. 153 de la LPI)”.

Finalmente la denuncia pone de manifiesto “la subsidiaria culpa 'in vigilando' del Ministerio de Cultura, por ser el principal fiscalizador de la actividad de este tipo de sociedades”.