El PR+ exige que el alcalde Briñas pague la multa de 10.000 euros impuesta por la CHE

El PR+ exige que el alcalde Briñas pague la multa de 10.000 euros impuesta por la CHE

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El pasado mes de febrero, el presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, denunció públicamente el vertido de piedras y escombros que se había realizado en la orilla del río Ebro a su paso por la localidad de Briñas y alertó de que ese vertido procedía de las obras de excavación que estaba realizando en la misma localidad el hijo del alcalde de Briñas para la construcción de una bodega familiar. La respuesta a su denuncia no se hizo esperar ni por parte del alcalde ni por parte del PP que acusándole de mentir, aseguraron que “las actuaciones cumplen de forma muy estricta la normativa medioambiental”.

Tras conocer que la CHE acaba de sancionar al ayuntamiento de Briñas con 10.000 euros de multa y que le exige que reponga las riberas a su estado natural, González de Legarra ha declarado que se demuestra que el alcalde de Briñas, Ángel Seisas, actuó como un auténtico “allanabarrancos abusando del poder que le concede su cargo de alcalde para permitir que su hijo obtuviera un claro beneficio económico vertiendo el escombro al río en lugar de trasladarlo a la escombrera como se le exige al resto de los vecinos”.

La actuación del alcalde de Briñas, -ha insistido González de Legarra-, es propia de quien está acostumbrado a gobernar el municipio como si fuera un cortijo, por lo que no me extrañaría que a partir de ahora a Ángel Seisas se le acabe conociendo en la comarca como 'El Cortijano', no solo por su actuación sino por su incapacidad para reconocer su error y persistir en la mentira a pesar de las claras evidenci“as y con el único fin de que su familia obtuviera un beneficio económico.

El presidente riojanista considera también que “en esta actuación del alcalde de Briñas ha existido un claro componente de corrupción política, con la presencia de todos los agravantes de trato de favor, información privilegiada e incluso prevaricación, que obligarían al Partido Popular a emprender acciones inmediatas exigiendo las responsabilidades políticas necesarias que, en este caso, no pueden ser otras que la dimisión”.

Además, González de Legarra, considera que “el Gobierno de La Rioja y el propio Partido Popular deberían explicar las razones por las que, como autoridad medioambiental de La Rioja, no han actuado en este caso e incluso justificaron la acción del alcalde popular asegurando que cumplía de forma estricta toda la normativa medioambiental cuando resulta evidente que no ha sido así y por ello nunca debería ser el ayuntamiento quien asuma la sanción impuesta por la CHE sino que, en todo caso, esta debería asumirse por el propio Ángel Seisas puesto que era muy consciente de lo que estaba haciendo o incluso por el Partido Popular que, en todo momento, justificó la ilegalidad cometida por su alcalde”.

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