Las 'sin papeles' serán protegidas contra la violencia de género

Miedo a ser denunciadas, encarceladas, expulsadas del país. Se trata de la principal razón por la cual muchas mujeres inmigrantes en situación de irregularidad administrativa no denuncian la violencia que sufren por parte de sus parejas o de otros hombres . Por esto, en el Pleno del Congreso de hoy se debatirá la aprobación de una Ley Orgánica de modificación de la actual Ley de Extranjería para que no se abran expedientes de expulsión a las mujeres extracomunitarias que no estén en poseso del permiso de residencia y que denuncien maltratos. Siguiendo el borrador del anteproyecto de Ley, que había sido presentado en febrero y preve cambios a los artículos 39 y 59bis del actual texto, se establece que estas mujeres tengan una protección especial a lo largo de todo el “período de reflexión” en el que la víctima podrá decidir si cooperar con las autoridades en la investigación del delito. En este caso, “cuando se considere necesario a causa de su cooperación para los fines de invetigación o de las acciones penales”, la víctima podrá elegir entre el “retorno asistido” a su país o la autorización de residencia y trabajo “por circunstancias excepcionales”, con la conseguente no abertura de su expediente de expulsión. Además, uno de los aspectos más novedosos de la propueta es la ampliación de estas concesiones a sus hijos o hijas menores de edad o “no capaces de preveer a sus necesidades básicas”, quienes accedrerán al permiso de residencia y, si tienen más de 16 años, también al de trabajo.

Hasta hoy, la Ley de Extranjería establecía que las “sin papeles” que denunciaban un maltrato se enfrentaran a un alto riesgo de expulsión. Como señalaba la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CAER) a finales del año pasado, la violencia de género era el único delito que implica la apertura de un expediente de expulsión. Según la comisión, esto “desincentiva la presentación de denuncias –que de por sí son menos que el número de agresiones– por el miedo de las víctimas a ser sancionadas por su situación irregular”. En la nueva ley se especifica que se podrá revocar el permiso solo por motivos de orden público o en el caso de que la la acusación se revelarara falsa.

Según datos oficiales, en el año 2010 murieron a manos de sus parejas o ex parejas 73 mujeres en España, de las cuales el 31 por ciento eran inmigrantes no comunitarias. En los años anteriores, la media de muertas por violencia de género extranjeras rondaba también el 30 por ciento. De las mujeres que presentan denuncia por maltrato, se calcula que el 25 por ciento son inmigrantes. Sin embargo, como denuncia Amnistía Internacional, según el Consejo General del Poder Judicial, en 2008 se archivaron el 46% de las denuncias. En juzgados de lo penal se absolvió al 48% de los acusados de maltrato.