La CPAR califica la Ecociudad de “recalificación” sólo beneficiosa para los dueños del suelo
La CPAR (Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja) ha presentado, como ya anunciara, sus alegaciones al proyecto de Ecociudad proyectado por el Gobierno de La Rioja para el monte El Corvo de Logroño. Lo ha hecho basándose en un informe encargado al catedrático y abogado Eduardo García de Enterría, distinguido, entre otros galardones, con el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales (1984).
En él, García de Enterría, considerado, según ha afirmado el secretario general de la CPAR, Juan Ramón Liébana, el “padre del Derecho Administrativo español”, afirma que la Ecociudad “carece del pretendido interés regional”. “Pura y simplemente”, según argumenta, se trata de una “operación de recalificación de terrenos rústicos de especial protección”, que sólo va a favorecer “extraordinariamente” a quienes han adquirido ese suelo. A este respecto, cabe destacar que, en la actualidad, la constructora y promotora Luis Martínez Benito es propietaria del 70 por ciento de ese terreno.
Además, el estudio del catedrático insiste en que la calificación de El Corvo como 'suelo no urbanizable de especial protección' impide cualquier proyecto en este sentido. Privarle de esa protección, según explica, no es necesario. Frente a esto, el jurista apuesta por ejecutar las previsiones del Plan General y aprobar los nuevos sectores propuestos por el Ayuntamiento de Logroño para la construcción de cerca de 5.000 viviendas de protección oficial.
Por otra parte, García de Enterría recalca que la Ecociudad “vulnera el principio de autonomía local del Ayuntamiento de Logroño”.
NO TAN ECOLÓGICA
En su estudio, Eduardo García de Enterría afirma que la “'presentación ecológica' de la Ecociudad como si fuese una novedad urbanística y medioambiental, no es más que una aplicación de los requisitos exigibles en toda actuación urbanística y constructora por la Ley de Vivienda y la Ley de Urbanismo”.
Así se refiere a las condiciones del proyecto referidas a ahorro de energía y agua, aislamiento térmico y empleo de energías renovables, protección frente al ruido o accesibilidad para personas de movilidad reducida. Según él, todas ellas no responden a una actuación “pretendidamente modélica”, sino a las “exigencias técnicas de calidad” a las que la ley obliga en todas las construcciones.
Juan Ramón Liébana, ha asegurado, al término de la lectura de conclusiones del estudio de Eduardo García de Enterría que la CPAR “no difiere ni un punto” del estudio del catedrático. “El Gobierno de La Rioja se está equivocando”, ha asegurado Liébana, que ha acusado al ejecutivo riojano de “saltarse a la torera” las reglas urbanísticas y le ha instado a optar por el “desarrollo razonable” del Plan General aprobando los nuevos sectores propuestos por el Ayuntamiento de Logroño.
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