La Fiscalía investigará si Burgos cometió prevaricación y malversó fondos en la compra de terrenos del Monte el Corvo

El Juzgado de Instrucción número uno de Logroño, y la Fiscalía, investigarán si Antonino Burgos, en su calidad de presidente del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI), cometió prevaricación y malversación de fondos en la compra de terrenos en el Monte el Corvo.

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, y el secretario general del mismo, Miguel Gómez Ijalba, ofrecieron hoy una rueda de prensa en la que informaron de que el partido ya ha ingresado los 5.000 euros de fianza necesarios para llevar adelante la querella.

Legarra recordó que el pasado 3 de marzo el partido informó de que el Juzgado había admitido a trámite la querella contra Burgos. Sin embargo, se exigía al PR una fianza de 10.000 euros. El partido, entonces, inició dos acciones paralelas: pedir ayuda ciudadana para lograr el dinero y solicitar la reducción de la fianza.

El pasado martes, relató el regionalista, el Juzgado notificó al PR, mediante un auto, que, a entendimiento del Ministerio Fiscal, se reducía la fianza a la mitad (a 5.000 euros, por tanto) y se daba tres días al PR para pagarla. El partido, entonces, comprobó que había recibido “donativos suficientes”.

En su querella, el Partido Riojano entiende que el IRVI compró a las empresas L.M.B S.A y PROGEA SAU terrenos en el Monte el Corvo (lugar en el que el Gobierno riojano planea la Ecociudad) a precio superior al de mercado y al que dicta la Ley del Suelo para entidades públicas.

En concreto, Ijalba señaló que el IRVI compró 20.000 metros cuadrados a nueve euros el metro; “el doble del valor máximo de los terrenos”. Y firmó una opción de compra de 130.000 metros cuadrados a 46,80 euros el metro; “lo que multiplica su valor por veinte”.

Legarra explicó que el PR basa su querella en la sospecha de que Burgos ha cometido un delito por pagar un sobrecoste por los terrenos con el objetivo de que estas empresas se enriqueciesen. El PR, además, cree que la recalificación del Monte para construir la Ecociudad podría estar, también, detrás de este objetivo.

A esto añadió que la compra se hizo directamente a las empresas “y por el precio que éstas solicitaban” sin abrir una oferta pública para la adquisición de terrenos en las condiciones más ventajosas.

En su auto, el Juzgado pide al IRVI información sobre el criterio seguido para fijar el precio de la compra, y de la opción de compra; y al Ayuntamiento de Logroño sobre si el precio “se desvía del valor de esos terrenos, según los datos de la Oficina del Ayuntamiento”.

El PR, además, añadió Ijalba, quiere que se investigue si hay más cargos públicos que pudieran incurrir en responsabilidades penales; y la suspensión cautelar de cualquier acción, en torno a la recalificación de los terrenos, mientras dura el procedimiento.