La parcela del policlínico Valvanera es irregular desde hace cinco años

Tras denunciar a lo largo de los últimos años la situación irregular de la parcela dotacional que se encuentra junto al hospital San Pedro adjudicada a la empresa Hekania (donde se ubica el policlínico Valvanera) y con un proceso judicial abierto por parte de esta sociedad al presidente del PR+, Miguel González de Legarra, los regionalistas han demostrado ahora con documentos que la situación de dicha parcela no se ajusta a los criterios establecidos en el pliego municipal, probando así la irregularidad de la misma.

En concreto, esos criterios de adjudicación del año 2003 establecían que el titualar de la actividad desarrollada en dicha parcela, debería ser la empresa adjudicataria (Hekania) u otra empresa especializada en los ussos previstos en el pliego (en este caso, Viamed, que es quien gestiona el policlínico Valvanera ubicado en la misma). El propio concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo, declaraba en 2013 tras el alquiler a Viamed para el traslado de la clínica Valvanera que con esta operación no se cambiaban los usos ni la propiedad inicial por lo que el Ayuntamiento entendía que “no hay nada que objetar”.

Sin embargo, el Secretario General del Partido Riojano, Julio Revuelta, ha demostrado hoy con un documento oficial del Registro de la Propiedad, que Hekania vendió hace cinco años esta parcela a la empresa Genefem Sucursal España, “una sociedad inmobiliaria de un banco francés que se dedica a rentabilizar bienes inmuebles, es decir, a especular”.

El mismo día en el que se produjo la venta de la parcela, en una operación paralela Genefem realizaba una operación de 'leasing' favor de Promociones Hekania. Es decir, la empresa vendió la parcela ya con el edificio construido y la alquiló directamente a la nueva adjudicataria por un precio de 16,5 millones de euros hasta el año 2028. A partir de ahí, Hekania sigue manteniendo un subarrendamiento con Viamed, que es la que gestiona la clínica Valvanera.

Esto supone un cambio sustancial en las condiciones ya que desde hace cinco años el titular de la parcela no es el mismo que figuraba en el pliego municipal. Un pliego que establece específicamente que el contrato deberá rescindirse en caso de producirse “reconversión o cambio de titularidad en la actividad objeto del contrato sin autorización expresa de la Administración municipal”.

Revuelta ha señalado que no sabe si el Ayuntamiento está al corriente de este cambio de titularidad ya que, aunque el IBI se lo están cobrando a la nueva adjudicatiaria, “es posible que no estén al tanto todos los departementos del consistorio”. En cualquier caso, ha exigido que se tomen medidas urgentes ante esta “gravísima vulneración de las condiciones y posible ocultación de la venta de la parcela”. De no ser así, los regionalistas se plantean tomar medidas por su cuenta. “El Ayuntamiento tiene que investigar esta situación y actuar porque está en juego la credibilidad de los actos jurídicos municipales”.