UPyD

Estos días se escuchan en los medios de comunicación declaraciones sobre la reforma del Estado de la Autonomías. Hablan mucho pero no hacen absolutamente nada, y no proponen soluciones a este problema que nos afecta de manera política y económica. Son actitudes y manifestaciones hipócritas que buscan engañar a los ciudadanos.

Ninguno de los dos partidos, PP y PSOE, llevan ni llevarán en su programa electoral una reforma del modelo del Estado autonómico. UPYD lo lleva en su programa electoral e incluso en sus estatutos. UPyD es una formación que defiende el Estado de las Autonomías, pero no sólo pide retoques para evitar duplicidades y disfunciones, sino que se eliminen las duplicidades: eliminar elementos y normas jurídicas que cuestionan el funcionamiento económico de un mercado único como debería ser el español.

El Estado autonómico actual ha abierto una brecha en la cohesión social de nuestro país y por lo tanto de la igualdad de los ciudadanos de España. Nuestro partido propone, en lo que es el núcleo de nuestro programa electoral, los siguientes puntos:

Aplicación del art.149.1.1ª o del 150.3, relativos a leyes de armonización, como paso previo a una reforma constitucional que solucione el actual caos competencial de las Administraciones. La reforma regulará las relaciones interadministrativas según principios de coordinación, no duplicidad, simplificación, austeridad, cooperación, transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

El Gobierno Central debe tener poderes de coordinación de las CCAA equiparables, al menos, a los de la Comisión Europea sobre los Estados miembros de la Unión Europea (UE), con mecanismos de alerta y control del déficit de todas las Administraciones para que la mala gestión de una de ellas no redunde en graves problemas para el conjunto del Estado.

Ley de rendición de cuentas homologada y unificada para la totalidad de las Administraciones Públicas, haciendo posibles su evaluación y el establecimiento de criterios de mejora.

La Constitución establece los límites que no puede sobrepasar el modelo de Estado, su grado de descentralización, la distribución de competencias y demás cuestiones que afectan a la distribución del poder entre los distintos entes territoriales. Modificar el edificio levantado por la Constitución de 1978 es legítimo y necesario porque la Constitución está al servicio de los ciudadanos, únicos y legítimos titulares con poder para modificar su contenido, incluyendo la idoneidad de la autonomía política y su grado de intensidad.

Sin embargo, las reformas estatutarias emprendidas en los llamados Estatutos de segunda generación fuerzan un cambio del modelo de Estado sin la preceptiva reforma constitucional, sin un diagnóstico previo del actual Estado Autonómico y sin objetivos claros a conseguir.

Este proceso sigue en marcha y ha contado y cuenta, con el acuerdo del Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP), a pesar de sus discrepancias y fracturas evidentes. La iniciativa ha correspondido a las Comunidades Autónomas, que han fijado los límites de su relación con el Estado en función de circunstancias políticas cambiantes, dominando lo coyuntural y accesorio frente a la visión de Estado. El proceso ha partido de un sobreentendido que hay que refutar: que toda descentralización es, en sí misma, buena y deseable, argumento que sólo pueden aceptar aquellos que no creen en un Estado sólido y cohesionado, y que ha acabado infectando a los dos grandes partidos, rehenes de sus poderes territoriales.

La alternativa de UPyD es una España liberada del caos y desconcierto producto de la irresponsabilidad de los dos grandes partidos, que no han sabido ni querido liderar y reconducir este proceso de disgregación institucional.

Desde de su inicio, el proceso autonómico ha estado aquejado por el vicio del bilateralismo que ha conducido a una desaforada carrera de emulaciones.

Es necesario fijar de forma definitiva en la Constitución la lista de competencias estatales y autonómicas, devolviendo al Estado las necesarias para garantizar la cohesión nacional y la igualdad de sus ciudadanos.

Por lo tanto, pedimos la reforma completa del Título VIII de la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales, asumiendo el Estado una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general, la igualdad de todos los españoles, su cohesión social y su libertad.

Como mínimo el Estado debería tener las siguientes competencias exclusivas: órganos constitucionales, derechos fundamentales, legislación civil, penal y laboral, unidad de mercado, representación internacional, defensa, justicia y legislación procesal, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio.

Suprimir la disposición transitoria cuarta que afecta a Navarra y la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales Vascos. Se trata de suprimir la mención a legitimidades históricas previas y ajenas a la propia Constitución.

Reforma del Senado para que sea una verdadera Cámara de representación territorial donde las Comunidades Autónomas puedan defender sus intereses legítimos. Proponemos un Senado mixto (mezcla de número fijo de senadores por Comunidad y provincias que la integren, y por población) de elección directa en un colegio electoral único autonómico los senadores fijos, y elegidos por los Parlamentos autonómicos los correspondientes a la población.

Se deben potenciar los mecanismos de coordinación, participación y cooperación interterritorial reformando el Senado. Se trata, en definitiva, de conseguir un Estado federal cooperativo fuerte donde las CCAA tengan las mismas competencias, claramente delimitadas y separadas de las estatales para evitar duplicidades y discriminaciones.

Modificar el art. 2 CE: donde dice “nacionalidades y regiones” debe decir “Comunidades Autónomas y Ciudades Autonómicas”.

En el marco de la reforma constitucional, proponemos suprimir las Diputaciones y que las Comunidades Autónomas asuman sus funciones.