Los concejales logroñeses Alonso y San Martín declaran por posible malversación
María Luisa Alonso y Julián San Martín, concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, declararán este lunes ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Logroño. Lo harán, como avanzó en mayo Rioja2, en calidad de investigados por un posible delito de malversación pública.
Estas diligencias judiciales hacen referencia a la contratación irregular de Alonso a finales del año 2015 como auxiliar administrativo a cargo del Grupo Municipal de Ciudadanos. Esta práctica está expresamente prohibida por la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que las asignaciones a los grupos municipales no pueden “destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación”.
El origen del proceso judicial remite a la denuncia que uno de los miembros de la Junta Directiva Regional de Ciudadanos, Enrique Echezarra, interpuso en enero por la contratación irregular de Alonso. Cabe recordar que Echezarra fue expulsado del partido en abril de 2016 acusado de enviar a los militantes unos correos electrónicos críticos con la formación y que, en junio de 2017, dicha expulsión fue declarada nula en un proceso judicial independiente del que motiva la declaración de Alonso y San Martín.
Los concejales investigados, por su parte, han explicado en diversas ocasiones en referencia a la contratación irregular de Alonso que no se trata de “un caso de corrupción política”, sino de “un error administrativo completamente solventado y regularizado [...] ante el Ayuntamiento de Logroño, la Seguridad Social, Hacienda y el Tribunal de Cuentas”. Esta última institución, han recordado, emitió un informe que “deja bien claro que ese error quedó subsanado” y, como consecuencia, procedió al archivo de las diligencias.
Ciudadanos La Rioja ha expresado en diversas ocasiones su respeto por las decisiones judiciales y ha apuntado que los dos cargos citados en el tribunal aportarán todas las explicaciones que ofrecieron tanto al Tribunal de Cuentas como a la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Logroño. La dirección nacional del partido ha confirmado su apoyo a los dos miembros del partido citados para comparecer ante la jueza que instruye las diligencias.
Tanto desde el Partido Popular como desde el Partido Riojano han solicitado la dimisión de la Alonso y San Martín. Estos han explicado en diferentes ocasiones que no van a dimitir y han insistido en que “como llevamos explicando desde hace año y medio, no se trata de ningún caso de corrupción política, sino de un error administrativo que se corrigió en su momento”.
Artículo 73.3 Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril)
“El Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”.
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