Los responsables del golpe de Estado, ante la Justicia

El golpe de Estado que derrocó al mandatario Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras el pasado 28 de junio podría ser aclarado por la Justicia hondureña. El Fiscal General del país, Luis Alberto Rubí, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia la detención y el procesamiento de la cúpula militar hondureña.

El requerimiento fiscal presentado por Rubí pide al máximo tribunal que se procese a la Junta de Comandantes, formada entre otros por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Romeo Vásquez, el comandante de la Fuerza Áerea, Venancio Cervantes, y el comandante de la Fuerza Naval, Luis Javier Prince. Se les acusa de abuso de la autoridad y expatriación ilegal de Zelaya, que fue levantado a punta de pistola y enviado a Costa Rica de madrugada.

“El requerimiento se presentó porque las leyes de Honduras prohíben la expatriación de nacionales y la orden que recibieron los militares era detenerlo y presentarlo a los tribunales”, dijo la Jefa de fiscales del Ministerio Público, Danelia Ferrera, en una entrevista telefónica a Reuters.

En respuesta a la solicitud presentada por el Fiscal, Vásquez ya ha dado instrucciones al gabinete jurídico de las Fuerzas Armadas para que designe a un grupo de abogados que se encargará de efectuar la defensa de los comandantes, informó un portavoz del Ejército, el coronel Ramiro Archaga, en declaraciones a Radio América.

“Es una situación que está poniendo a prueba a la institución armada”, reconoció Archaga al diario hondureño El Heraldo. Tanto el presidente de facto, Roberto Micheletti, como el propio Vásquez han asegurado en varias ocasiones que expulsaron a Zelaya cumpliendo órdenes de la Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, el depuesto presidente ha defendido la necesidad de impulsar “un proceso de cambio” en Honduras que prime un modelo de “liberalismo prosocialista” y “la desmovilización de las Fuerzas Armadas” en el país.

Estas declaraciones de Zelaya a la emisora Radio Globo, se produjeron después de reunirse en la Embajada brasileña en Tegucigalpa con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Graig Kelly.

Zelaya explicó que analizó con el funcionario estadounidense “diferentes perspectivas que tiene la crisis hondureña” y pudo constatar en el encuentro que “la posición de Estados Unidos sigue siendo la misma”. “Ellos desconocen el gobierno del señor Micheletti, que aquí se dio un golpe de Estado, que aquí hay un Estado de facto, que es necesario buscar una salida política a la crisis”, señaló el depuesto presidente.

Tras estas palabras, Zelaya leyó un comunicado en el que defendió impulsar “”un proceso de cambio dentro de la perspectiva política hondureña“ que, incluya, ”la desmovilización de las Fuerzas Armadas“, que apoyaron el golpe militar que lo derrocó el pasado 28 de junio y la adopción de un modelo de ”liberalismo prosocialista“ para Honduras. Dicho proceso de cambio debe dar a su juicio ”paso a una nueva autoridad democrática y popular que debe surgir a través de la consulta popular“.

Por el momento, Manuel Zelaya sigue refugiado en la Embajada brasileña a la espera de la resolución del Congreso de Honduras, quien votará la próxima semana una posible amnistía que permitiría su salida del país y la retirada de cualquier cargo contra los militares involucrados en el golpe de Estado.