Maltratadores, sin patria potestad

Una de las principales víctimas de la violencia machista son sin duda los hijos de la pareja. En muchos de los casos, se trata de menores que son testigos de cómo su padre humilla, maltrata y veja a su madre, un horror difícil de olvidar. Pero, ¿qué ocurre con ellos cuando falta su madre?

La patria potestad es del padre, por lo que su cuidado queda en sus manos. La clase política parece consciente de esta realidad y por ello, el Grupo Popular defenderá este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados una moción en la que pide que se reforme la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género para que, entre otras cosas, permita retirar la patria potestad de los hijos a los maltratadores condenados y considere que los menores son también objeto de protección.

La moción, consecuencia de la interpelación urgente que llevó a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a comparecer el pasado mes de julio ante el Parlamento, exige al gobierno que acate “de forma inmediata” las conclusiones de la subcomisión parlamentaria que a lo largo del año pasado analizó la aplicación de la norma para recomendar algunas mejoras.

Así, solicita la modificación del Artículo 1 de la ley para que se incluya a los menores como “víctimas directas de la violencia de género” de forma que no sean sólo las mujeres el sujeto de la protección que concede la norma, y exige las modificaciones legales oportunas para “suspender la patria potestad cuando haya sentencia firme condenatoria”.

Además, la iniciativa persigue que se revise el contenido de la ley en cuanto a las competencias civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para devolver la tramitación de los procedimientos civiles (como separaciones o divorcios) a los Juzgados de lo Civil y a los especializados en familia.

En cuanto a las medidas de protección, los populares exigen que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para que “la orden de alejamiento se cumpla de forma efectiva y con garantía de seguridad para las víctimas”.

En este sentido, proponen que se impulsen los brazaletes de localización GPS para maltratadores de modo que “siempre” que la valoración del riesgo de la víctima sea “alto o muy alto” los jueces “deban acordar la utilización” de estos instrumentos, dado que en la actualidad, sólo funciona el 10% de los que están a su disposición.

Por otro lado, el PP quiere que el Congreso inste al gobierno a promover una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la primera declaración de una víctima ante el Juzgado de Violencia sobre la mujer tenga el valor de prueba preconstituida, de modo que aunque no quiera declarar en el juicio contra su agresor, el testimonio pueda ser tenido en cuenta.

Por último, reclaman el establecimiento de unidades de valoración forense integral en materia de violencia de género “en los Institutos de Medicina Legal de todo el territorio nacional” donde se pueda analizar la situación de cada víctima a fin de “favorecer la toma de decisión más adecuada y fundada por parte de los organismos judiciales sobre las medidas de protección que deban acordarse”.