Simpleza política

El 15 de abril el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Simplificación Administrativa, Calidad Normativa y Mercado Abierto de La Rioja para el periodo 2025-2029. Su portavoz lo presentó adornándolo con esa tetrarquía de palabras que se han convertido en dogma de la comunicación política contemporánea; palabras que, intercambiadas indistintamente en cualquier contexto y para cualquier propósito, han acabado convertidas en fetiches de la retórica sin ideas: sostenibilidad, resiliencia, transversalidad, bienestar. Tampoco faltó la complaciente grandilocuencia cuando destacó que este “ambicioso instrumento estratégico” representa “el mayor esfuerzo de simplificación realizado por la Comunidad en su historia”. Esfuerzo casi heroico; y de tan heroico, sobrenatural, lo que justificaría que apelase a la esperanza de los feligreses, más que a la fiscalización de los votantes. Así, aseguró que el Plan nos “convertirá en una de las Comunidades más ágiles y eficaces de España”, una expectativa promisoria y no un objetivo mensurable: podemos ser primeros, terceros o séptimos (¿y según qué métricas?: el Plan contiene algunos indicadores de evaluación cuantitativa, pero no las cifras o términos comparativos a los que se aspira), y que, en los tres supuestos, se venda feliz, ufanamente, que La Rioja se halla entre “las Comunidades más ágiles y eficaces”. La exposición del portavoz no me inspiró confianza ni despertó mi optimismo (la expresión no es hueca, sino que es hueco lo que se expresa), pero esperé prudencialmente a estudiar el Plan.

No lo he encontrado publicado en el Portal de Transparencia (¡oh, contradicción!), aunque sí en otra pestaña de la web del Gobierno de La Rioja. Consta de unas veinticinco páginas de contenido neto que apenas desarrollan los anuncios que se proclamaron durante la rueda de prensa: las medidas son frecuentemente vagas y desiderativas, más propias de un programa electoral que de un plan de gobierno, del estilo (citaré una por cada línea estratégica del Plan) “establecer cauces de participación de las organizaciones sociales y empresariales y avance en el mercado abierto”, “revisar todos los procedimientos administrativos aplicando los criterios de simplificación”, “fomentar las evaluaciones de impacto normativo ex post” o “impartir formación dirigida a todo el personal público abordando los aspectos generales de la simplificación administrativa”. Muchas veces no se atribuyen competencias a órganos específicos, tampoco se asocia la dedicación de recursos humanos (por unidades funcionales dentro de cada departamento), el calendario de despliegue de las medidas (que no acciones) se corresponde casi siempre con el horizonte del propio Plan (2025-2029). No creo que sea la cautela lo que ha retraído a la oposición de formular reproches al Plan, sino la actitud indolente, y así indulgente (¿quizá aquiescente?), que están demostrando durante la legislatura. Yo no esperaré más a criticar el Plan, porque me preocupa mucho el funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas (me remito a una columna anterior). ¿Qué podemos exigir a los gobernantes, sino que las instituciones nos sirvan y funcionen ya ahora, de forma óptima, siempre dirigidas a la vez hacia una visión de un mejor mañana? 

Como corolario, debo decir que las medidas que se defienden como principales o cruciales ya están aprobadas normativamente, por lo que el enfoque del Plan debería ser otro: no se trata tanto de introducir nuevos mecanismos para ganar eficiencias (dicho en su terminología, “implantar”, “diseñar” o “elaborar”), como de gestionar los recursos de los que está dotada la Administración, muy singularmente los humanos, para que los mecanismos existentes se ejecuten de manera ágil, rigurosa y accesible (sin embargo, los verbos gestionar u organizar no encabezan ni una de las acciones que enumera el Plan). Así pues, el actual Ejecutivo, que fía su capital político a la gestión cotidiana (dado su tono apagado, parece que ha renunciado a abanderar un liderazgo estratégico, de proyecto vital, para La Rioja), se limita, en sustancial medida, a prometer el presente, lo que ya tenemos; inhibición que nunca puede conducir a la anhelada “transformación de la cultura del sector público” que invocó el portavoz. Más que un plan de simplificación administrativa (en el que, por cierto, la IA solo se menciona una vez, y de soslayo), cabría calificarlo de simpleza política. 

Repasemos el elenco de esas medidas preponderantes. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas son, desde 2009, el régimen ordinario y preferente de intervención administrativa para el reconocimiento de facultades o el inicio de actividades: no es una novedad. El silencio positivo ya es la solución jurídica prioritaria cuando la Administración no responde a una solicitud del administrado, como puede comprobarse en el art. 24 Ley 39/2015: no es una novedad. El modelo de mercado abierto, que se originó en la Ley de Unidad de Mercado de 2013, necesita que proliferen las leyes autonómicas (y solo está vigente la de Madrid) que regulen el estándar normativo común o equivalente a partir del que pueda aplicarse el principio de eficacia en todo el territorio nacional, según explicó la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 79/2017, de 22 de junio de 2017: la adopción de un plan tampoco puede considerarse una novedad, en este sentido, cuando el proyecto de ley no ha entrado todavía en el Parlamento (ni siquiera aparece, al menos con esa denominación, en el Plan anual normativo de la CAR para 2025). 

Que las solicitudes del Cheque digitalización, una ayuda de la ADER, todavía no se hayan resuelto desde el pasado 27 de enero (sin perjuicio de que sus bases reguladores anoten un plazo de concesión de seis meses, el doble de la regla supletoria, y encima con el denostado silencio negativo), no se soluciona con un pretendido plan de simplificación burocrática, sino con una gestión más eficiente y eficaz del surtido de recursos disponible. Que no se resuelva, dentro de su plazo de seis meses, una reclamación económico-administrativa, un medio de impugnación privativo del ámbito tributario, cuando aquélla se registró el 28 de octubre de 2024 y se le asignó el número de expediente 8/2024 (lo que proyecta una ratio de menos de un recurso por mes), no va a remediarse con este pretendido Plan, sino con esa gestión cotidiana de la que suele presumir el Gobierno. Con esas pequeñas cosas, que recitaría Serrat, sin las que (prosigo con la canción y con la metáfora) nos matará el tiempo y la ausencia.