La península de las palabras demudadas
Durante la posguerra, Blas de Otero clamó por una reivindicación esperanzada: “Escribo en defensa del reino del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra”. Curiosamente, la ausencia de signos de exclamación aumenta la persuasión imperiosa de los versos, pues la contundencia de su invocación reside en la exacta desnudez de su semántica, de su valioso significado intrínseco, y no en al artificio de una expresión exasperada. En el mismo año en que publicó el poeta, Dreyer estrenó Ordet (La palabra), cumbre de ese cine trascendente que entiende el arte como una revelación mística (todavía me sobrecojo cuando aguardo expectante, con fe, el milagro que sé inverosímil o imposible). Como en los versos de Blas de Otero, una de las claves narrativas del largometraje es el poder (antropológico, sociológico, religioso) de la palabra: la sobrina del protagonista le implora que diga “la palabra”, sincera y radicalmente comprometida con su conciencia, que es lo único en que confía para salvar la vida de su madre.
Habitualmente escuchamos que el Parlamento es “el templo de la palabra”. Más allá de su cursilería, la denominación tópica peca de superficialidad, puesto que la palabra, que puede utilizarse de maneras tan legítimas como arbitrarias, no constituye ontológicamente un instrumento democrático; es más, incluso puede atacarla. Los versos de Blas de Otero lo descubren agudamente: la palabra debe ser instrumento de justicia y paz, que son, a su vez, presupuestos insoslayables de la democracia (humanista); pero aquella palabra que carece de justicia y paz no “defiende el reino del hombre”, no defenderá la democracia. Por su parte, a través de una estilizada puesta en escena, Dreyer nos muestra cómo la palabra mendaz o hipócrita o irresponsable o inconsciente carece de utilidad para “salvar la vida”. Durante las últimas semanas (quizá como bullente crisol de las tendencias corrosivas de los últimos años), hemos asistido a varios episodios que ejemplifican cómo la palabra, esto es, cómo algunos usos indignos de la palabra, puede erosionar y no contribuir a la democracia.
La palabra negada. El título del artículo parafrasea el de la exitosa novela de Uclés, el autor que instigó la polémica cuando renunció a participar en las jornadas sobre la Guerra Civil que organiza Pérez-Reverte. El suceso me interesa (y preocupa) porque plasma la denuncia que Haidt y Lukianoff desarrollan en su ensayo La transformación de la mente moderna: los campus universitarios de EE.UU. han exportado una concepción de que las palabras (las ideas) son una forma de violencia (sorprendentemente, con una dimensión muy física, a la que también apeló Uclés); dicho de modo más preciso, que “el efecto percibido, sin atender a la intención” de esas palabras o ideas es una forma de violencia. Naturalmente, quien siente o teme que una idea puede amenazarle o agredirle (me abstraigo, por supuesto, del contexto penal) exige una respuesta institucional coherente: protección eficaz. Como ninguna protección asegura más eficacia que la prohibición (al menos a priori, teóricamente), el miedo se traduce en el rechazo y la ausencia de debate. Esta cancelación acentúa el pensamiento tribal, “la política identitaria del enemigo común”, y redunda en el círculo vicioso. Ninguna palabra o idea debería excluirse ad limine (de entrada, desde el comienzo) del debate público, sin perjuicio de que, ¡claro!, haya muchas que deban refutarse porque contrarían la justicia y la paz.
La palabra emotivizada. El emotivismo que propagó Hume ha alcanzado su paroxismo en este siglo: se abandonan los juicios éticos racionales, ya que, en última instancia, la validez del juicio siempre depende del sentimiento. El extremo enfrentamiento político y social sobre la inmigración (que, por cierto, ha estallado después de largos años durante los que la política migratoria ha quedado relegada, como tabú, de un debate público sereno: adviértanse las consecuencias de esa expulsión, de la palabra negada) es un paradigma de la perversión de la palabra emotivizada. A pesar de que muchos discursos sobre inmigración se están tachando de sofistas, Gorgias perfeccionó los recursos retóricos para convencer hábilmente a su audiencia de una razón (relativa, no absoluta, porque era escéptico) y no de una emoción. La divergencia es extraordinaria: pueden discutirse dialécticamente los argumentos a favor y en contra de una determinada política migratoria, pero no puede hacerse lo mismo con los sentimientos (de angustia o xenofobia, de solidaridad o apego) que la inmigración provoca a cada ciudadano. Lamentablemente, la opinión pública está encerrada dentro de esta última trampa.
Y, por último, la palabra deformada. Aunque Bertrand Russell nos legó “diez mandamientos” que permearían efectos beneficiosos para el debate público democrático, su filosofía analítica del lenguaje ha propalado, en la práctica política, un axioma adverso: que el lenguaje crea la realidad. Russell proponía esta teoría para comprender la realidad (epistemología), no para gobernarla (ética). Son los estructuralistas y los postestructuralistas, como Foucault, quienes dotan de una connotación ideológica a lo que originalmente era una tesis lógica. El problema de la vivienda ha propiciado una de esas palabras deformadas contra las que me rebelo: soluciones habitacionales (sintagma harto feo, pero la estética administrativa, si esto no es un oxímoron, no puede producir otra cosa). Me rebelo porque la alteración de la representación lingüística solo reorienta el debate público (ya no hay que ofrecer viviendas, sino alternativas residenciales, llamadas con neologismos en inglés, que siempre implican compartir una vivienda), sin que se solvente la verdadera necesidad y demanda ciudadana, que permanece invariable (¡una vivienda para construir un hogar!). La palabra deformada no revoluciona la realidad, solo la rinde a un interés.
Frente a la palabra negada, emotivizada y deformada que erosionan nuestra democracia, la palabra sincera y radicalmente comprometida con la conciencia, como instrumento de justicia y paz, es la que contribuye a una democracia (humanista) y puede preservarla y “salvarla”. Pidamos esa palabra en nuestro febril y empobrecido debate público (la palabra digna de Blas de Otero y Dreyer, la palabra digna de la que se valió Liliana Sáenz, la hija de una de las víctimas del descarrilamiento de Adamuz), para que la mudez y la sordera no descompongan nuestra sociedad como hizo la ceguera en la ficción de Saramago.
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