Todas las novedades de la Selectividad, que en La Rioja será del 6 al 8 de junio

Los alumnos riojanos se examinarán de Selectividad los días 6, 7 y 8 de junio. En el conjunto estatal, unos 300.000 alumnos participarán desde la próxima semana de las ahora denominadas EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad) o EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), que se celebrará durante la primera quincena de junio en todas las comunidades españolas.

En concreto, los primeros estudiantes en examinarse serán los alumnos de Castilla-La Mancha, que tendrán que enfrentarse a las pruebas los próximos 4, 5 y 6 de junio, mientras que los de Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Extremadura lo harán el 5, 6 y 7 de junio.

En Canarias y La Rioja los estudiantes se examinarán de las pruebas de Selectividad los próximos 6, 7 y 8 de junio, mientras que los alumnos de las regiones de Cantabria y Murcia deberán hacerlo los días 8, 11 y 12 de junio. La semana siguiente, será el turno de los estudiantes de Andalucía, Cataluña y Galicia 12, 13 y 14 de junio.

En 2017, se matricularon en las Pruebas de Acceso a la Universidad un total de 280.852 alumnos, de los que el 55,8% fueron mujeres. Así, del total de alumnos inscritos, finalmente, se presentaron un total de 264.980 a las pruebas y 230.530 estudiantes las superaron.

Características de la evaluación

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó en pasado mes de enero en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que regula las características que tendrá la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, una prueba con un diseño similar a la realizada el año pasado y a la antigua Selectividad.

Así, la prueba sólo será obligatoria para los alumnos que quieran estudiar un Grado universitario, que se examinarán exclusivamente de las asignaturas de 2º curso de Bachillerato cumpliendo una serie de objetivos de aprendizaje establecidos, y cuyas calificaciones se calcularán ponderando un 40% la nota de la prueba, que se supera con un 4 sobre 10, y un 60% la de la etapa. El resultado habrá de ser igual o superior a 5 para poder acceder a la Universidad.

Se introducen otras novedades, como que los estudiantes podrán subir nota examinándose de una segunda lengua extranjera además de la que les sea obligatoria, una prueba voluntaria que la universidad podrá tener en cuenta en sus procesos de admisión.

De hecho, los centros universitarios podrán fijarse para seleccionar al alumno en la nota que ha obtenido en alguna materia en particular, más allá de la media obtenida, en función del itinerario que haya escogido.

También se podrá mejorar la nota examinándose de al menos, dos materias optativas de segundo curso o presentándose a sucesivas convocatorias de la prueba, en cuyo caso, la nota que se tendrá en cuenta será la más alta que se obtenga.

La superación de la prueba general tendrá valor indefinido y las calificaciones de los exámenes que se hayan realizado para subir nota se guardarán dos cursos académicos a partir de su superación, tanto si se realizan al finalizar el curso vigente como si se hicieron en el anterior, según la orden publicada por el Ministerio.

Se mantiene el diseño de las pruebas en relación con el año pasado, con un examen por materia de un mínimo de dos y un máximo de 15 preguntas, una duración de 90 minutos, y una puntuación repartida al 50% entre las preguntas tipo test y las de respuesta abierta.

Al igual que en la convocatoria del curso pasado, la orden ministerial recoge la “matriz de especificaciones” de cada materia a examen, es decir, los estándares de aprendizaje evaluables y que pesarán un 70% en la calificación de cada prueba. No obstante, dentro de cada asignatura hay temas que tienen más peso y temas que valen menos a la hora de 'sumar' en ese 70%.

En Historia, el Fascismo y la democracia 'valen' menos

En el caso de la asignatura de Historia de España, por ejemplo, los contenidos se han organizado en cinco bloques y el que tiene un mayor peso, que asciende al 25%, es el correspondiente al conocimiento de la crisis del Antiguo Régimen, la construcción del Estado Liberal (1833-1874), la Restauración Borbónica, y las transformaciones económicas del siglo XIX.

Mientras, el bloque sobre el conocimiento de la Dictadura Franquista (1939-1975) y la Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975), que aborda asuntos como ETA, el Gobierno de Adolfo Suárez o las preautonomías de Cataluña y el País Vasco, tiene un peso del 15%.

Es, de hecho, el bloque con un menor peso relativo sobre la evaluación global de Historia de España, pues el resto de las áreas, como la Prehistoria, la Edad Media, o la Segunda República y la Guerra Civil tienen asignado un 20%.

Fuentes del Ministerio de Educación explican que la asignación del peso de cada bloque de contenidos se ha fijado en función de su extensión. Así, el bloque que se inicia con el Antiguo Régimen tiene un 25% frente al 15% de la Dictadura Franquista porque el primero abarca dos siglos de Historia de España mientras el segundo, en términos cronológicos, es más breve, “pero no menos importante”.

Bajada de las tasas

Ante el inminente comienzo de los exámenes, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha reclamado una bajada de las “altas tasas” que conlleva la realización de la prueba de acceso a la universidad, y ha destacado la diferencia territorial que, desde su punto de vista, “existe actualmente en su coste y la discriminación que esto supone para muchos estudiantes”.

En este sentido, la organización estudiantil ha asegurado que el coste de esta prueba termina suponiendo una vulneración de “la no discriminación y la igualdad efectiva en la permanencia en el sistema educativo”.

Del mismo modo, los estudiantes creen que no existen “mecanismos de ayuda” para aquellos estudiantes con menos recursos económicos y que esto está provocando “grandes problemas” para muchas familias a la hora de afrontar el pago.

CANAE también ha destacado que el precio de la prueba puede ser hasta tres veces mayor dependiendo de dónde viva el estudiante, por lo que considera que se produce un “agravio comparativo” y solicita a las comunidades autónomas mecanismos para compensar dichas desigualdades.

Finalmente, el presidente de la organización, Carles López, ha anunciado que presentarán diversas mociones en parlamentos autonómicos para revertir la situación, y ha añadido que “los poderes públicos deben fomentar y facilitar la permanencia en el sistema educativo” y eliminar las “trabas” que lo dificultan.