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La Fiscalía rechazó una denuncia contra los dueños de Damm por hechos como los que les han llevado al banquillo

La familia Carceller, que hizo fortuna con la venta de Bancotrans al Deutsche Bank, es accionista de referencia de Damm, Pescanova, Repsol, Sacyr y la petrolera canaria Disa.

La Fiscalía Anticorrupción pide 48 años de cárcel para Demetrio Carceller padre, hijo del exministro de Franco, y 14 años para su hijo por delito fiscal y por blanqueo de más de 72 millones.

La auditora Deloitte acaba de denunciar en su informe que falsearon las cuentas de Disa, como afirmaron en vano los particulares que acudieron a la Fiscalía en Catalunya hace un año.

Ruz imputa a Carceller (Damm) en una trama de fraude fiscal junto a su padre

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, encargado de instruir el caso contra los Carceller. / Efe

La familia Carceller, accionista de referencia de Damm, Pescanova, Sacyr, Repsol y la petrolera canaria Disa, no atraviesa por su mejor momento. El patriarca de la familia, Demetrio Carceller Coll, hijo del ministro franquista del mismo nombre, se enfrenta a una petición de 48 años de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción por un conjunto de delitos fiscales que suman 72 millones de euros. Y el heredero, Demetrio Carceller Arce, presidente de la cervecera Damm, afronta una petición de una pena de 14 años de prisión.

Y, aun así, podría ser mucho peor para ellos: la auditora Deloitte ha denunciado que los Carceller falsearon las cuentas de Disa de 2012 para anotarse unos beneficios de 49 millones de euros cuando, en realidad, el balance arrojaba unas pérdidas de más de 53 millones.

Lo sorprendente es que este hecho ya fue denunciado por un grupo de particulares hace un año ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Catalunya, que decidió archivar las diligencias con el argumento de que los hechos no constituían delito, a pesar de que era pública y notoria la instrucción del juez Pablo Ruz y de Anticorrupción para sentar en el banquillo a los principales representantes de la familia Carceller.

En el caso por delito fiscal y blanqueo de capitales contra los Carceller, en el que también están acusados el hombre de confianza de la familia, José Luis Serrano Flórez, y el asesor fiscal radicado en Londres Gabriel Pretus Labayen –y que fue instruido primero por el juez Baltasar Garzón y, posteriormente, por su sucesor Pablo Ruz–, se acusa a Demetrio Carceller padre de haber simulado que residía en Portugal y Reino Unido para evitar sus obligaciones fiscales en España hasta alcanzar los citados 72 millones de euros.

La figura de Pretus Labayen emerge como una pieza clave porque los Carceller no son sus primeros clientes multimillonarios que se enfrentan a la persecución del fisco por haber simulado que residían fuera de España por consejo de este asesor fiscal. El empresario catalán Eugenio Mora, antiguo propietario de la marca Burberry's en España, se vio imputado también en el procedimiento y mitigó sus tribulaciones judiciales haciendo entrega a la Agencia Tributaria de un cheque de nada menos que 27 millones de euros, la mayor cantidad abonada hasta la fecha en concepto de sanción por un particular en España.

'Caso Pretoria'

De la documentación intervenida en el despacho de Pretus en Barcelona también nació el 'caso Pretoria', de corrupción urbanística en Cataluña, y que mantiene imputados a los exhombres fuertes de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, y a los exdirigentes del PSC Bartomeu Muñoz y Luis García Sáenz.

Los Carceller, sin embargo, incurrieron en más irregularidades porque, según el escrito entregado por la Fiscalía Anticorrupción al juez Ruz, tejieron una auténtica trama de empresas reales y fantasmas para, primero ocultar su patrimonio y, después, aflorarlo blanqueado. Lo hicieron a través de sociedades como Atlántica Petrogás S.A. (antigua Naviera Petrogás S.A.). De esta sociedad, Demetrio Carceller padre poseía un paquete a través de Aboukier Maritime S.A, participada a su vez por la sociedad de Madeira, un paraíso fiscal, Roquesta Constultadoria E Servicios LDA. Entre ellas se adquirían participaciones que pasaban a formar parte de otras sociedades como la luxemburguesa List S.A o la alemana Bankhaus Hermann Lampen KG, en lo que el fiscal denomina Operación Nelson.

El escrito detalla operaciones similares para la ocultación de activos en otras sociedades como Piolin (para ocultar paquetes accionariales en Inmuebles del Archipiélago S.A, Cursa, Syoc, Amicsa), la operación Halfrond (para ocultar inversión en Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.) o la denominada operación de sociedades agrarias (inversiones en Majanova, Garcibravo, Los Tojales, La Torre de Gudiamar; Paymogo, Azanaque y FM).

Llama la atención que la mayor parte de esas empresas se dediquen al sector petrolífero o estén radicadas en el archipiélago canario, lo que las vincula estrechamente con el primer negocio que los Carceller emprendieron en cuanto lograron su fortuna por la venta del Banco Comercial Transatlántico al alemán Deutsche Bank, la petrolera canaria Disa.

Días antes de que trascendiera el escrito de acusación del fiscal anticorrupción, se conoció el informe del auditor de Deloitte Ignacio Ramírez, que afirma que Disa Corporación Petrolífera se atribuyó beneficios ficticios de 49 millones de euros en el ejercicio 2012 cuando, en realidad, había perdido más de 53 millones.

Fuentes próximas a la Fiscalía Anticorrupción aseguran que el Ministerio Público está estudiando con detalle el informe del auditor de Disa por si el falseamiento de las cuentas pudiera formar parte de la operación de blanqueo de capitales que atribuye a los Carceller.

Lo paradójico es que Anticorrupción no habría necesitado esperar al informe de Deloitte para conocer las acusaciones de falsear las cuentas que pesan contra los Carceller. Hace un año, concretamente el 19 de octubre de 2012, un concesionario de Disa presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña en la que acusaba a la petrolera precisamente de falsear sus cuentas.

Concesionarios indignados

Aunque la denuncia en realidad acusaba a Disa de estrangular a sus gasolineras concesionarias con prácticas abusivas como vulnerar el plazo máximo de abanderamiento –la Unión Europea establece un máximo de 10 años para la exclusiva en el suministro de carburante a las gasolineras independientes, mientras Disa exige 35 años– o el privilegio de la distribuidora de fijar unilateralmente los precios, también acusaba a la compañía de los Carceller de falsear sus cuentas.

Según la denuncia, las prácticas de Disa están encaminadas a quedarse con las gasolineras de los concesionarios "díscolos" tras abocarlos al cierre. Cuando las gasolineras cierran, siempre según el texto de la denuncia, Disa suma las instalaciones a sus activos, estén como estén las obras, a precio muy por encima del mercado. Por esa razón, la denuncia considera que Disa había incurrido en un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, un delito contra el mercado por su actuación con la concesionaria y, especialmente, un delito societario por "un incremento de activos en balance irreal por la nulidad contractual y por la negativa a pagar del concesionario".

Sorprendentemente, y a pesar de que eran públicas las diligencias que seguía el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra los Carceller, apenas 10 días después de la interposición de la denuncia, el 28 de octubre de 2012, el fiscal Ricardo Sanz-Gadea adoptó un acuerdo por el que archivaba las diligencias informativas abiertas a instancias de los denunciantes porque consideraba que en los hechos relatados "no se aprecian los elementos típicos del delito contra el mercado" ni que el falseamiento de las cuentas "causen perjuicio económico a un tercero". No consta que en momento alguno se informara de la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción.

Este diario se puso en contacto este miércoles con la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña para recabar su versión de los hechos, pero los representantes del Ministerio Público no atendieron las llamadas.

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