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Florentino Pérez quiso vender la mitad de su paquete en Castor a Enagás antes de los terremotos

Pretendía desprenderse de su parte por unos 400 millones de euros.

El proyecto ha costado ya 1.700 millones más de lo que estaba previsto, un desvío de costes muy por encima del 90% de lo presupuestado.

La empresa gasista apenas había empezado a estudiar la propuesta del constructor cuando se inició la sucesión de seísmos que amenaza el Delta del Ebro.

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Imagen de la plataforma del proyecto Castor, en aguas del golfo de Valencia. / Foto:Efe

El grupo constructor ACS, presidido por Florentino Pérez, también presidente del Real Madrid, intentó desprenderse de buena parte de su paquete mayoritario en UGS, la concesionaria del proyecto Castor, el almacén submarino de gas acusado de ser el responsable de los más de 400 terremotos registrados en la costa del Golfo de Valencia, especialmente en las localidades de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona). Algunos de los seísmos han alcanzado hasta 4,3 puntos en la escala Richter y han provocado auténtico pánico en ambas localidades.

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El presidente de ACS, Florentino Pérez.

El grupo constructor de Pérez controla un 66,67% del capital de UGS, gracias a la concesión realizada por el ministro de Industria del anterior Gobierno socialista, Miguel Sebastián. Durante el mes de agosto, Florentino hizo llegar una propuesta a Enagás, la empresa responsable del transporte de gas en España y filial de Gas Natural, según informan fuentes muy próximas a la gasista.

La oferta consistía en que ACS vendería el 33,3% de UGS, exactamente la mitad de su participación, a Enagás por 400 millones de euros. En Enagás apenas tuvieron tiempo de estudiar la oferta a la que, ya de entrada, no eran demasiado receptivos. Días después de recibir el pliego de condiciones de la empresa de Florentino Pérez, empezó la sucesión de terremotos que ha venido afectando durante el último mes a las localidades costeras del Golfo de Valencia, fundamentalmente al norte de la provincia de Castellón y al sur de la de Tarragona.

La dirección de Enagás decidió entonces que no había nada que estudiar. Si ya eran renuentes a hacerse cargo de un tercio del capital de la empresa concesionaria del proyecto Castor, la negativa fue inmediata y rotunda en cuanto se produjeron los primeros movimientos sísmicos. Ni siquiera tuvieron que abrir el dossier para estudiar la propuesta de ACS.

Los motivos de la oferta

Pero ¿por qué de repente le entraron prisas a Florentino Pérez por abandonar su papel de accionista de referencia de la concesionaria de Castor precisamente durante el mes de agosto, apenas semanas antes de que se iniciara la cadena de terremotos que están atemorizando a las poblaciones del norte de Castellón y del sur de Tarragona? ¿Acaso contaba ACS con informes geológicos que alertaban del peligro de que se desencadenara la sucesión de movimientos sísmicos que se han venido produciendo durante el último mes? Es imposible de saber. Dichos informes, si existen, permanecen en el secreto.

Hay, sin embargo, dos evidencias palmarias. La primera es que los responsables del proyecto sabían perfectamente que el almacén de gas lindaba peligrosamente con una falla que en cualquier momento podía provocar movimientos de tierra e, incluso, y, según la opinión de diversos geólogos, microtsunamis. Razón por la cual el Ministerio de Industria ha decidido paralizar los trabajos de inyección de gas en la planta de Castor.

La segunda evidencia es que Castor ha acabado por convertirse en un auténtico desastre económico que amenaza la propia estabilidad financiera del grupo ACS. Al cierre de 2011, el desvío presupuestario del proyecto ya alcanzaba los 1.194 millones de euros. Es decir, que hace casi dos años Castor ya había costado casi un 90% más de lo que se había presupuestado.

En este momento, y según apuntan fuentes cercanas al Ministerio de Industria, el coste del proyecto supera ya los 1.700 millones de euros. Como Florentino Pérez recurrió para financiar Castor a un crédito sindicado dirigido por Banesto pero participado por los principales bancos con los que trabaja ACS –Santander, Bankia, Crédit Agricole y Société Générale–, ACS podría verse repentinamente afectada por una crisis de crédito porque, aunque el proyecto estaba inicialmente garantizado al estar regulado por Industria, los cambios legislativos lo han dejado desprotegido.

Parece ser que lo que buscaba ACS al desprenderse de la mitad de su paquete era hacer caja y liberarse de parte de los compromisos financieros que había adquirido precisamente con sus bancos de cabecera. Lo que está claro es que el sobrecoste del proyecto Castor, que probablemente ya duplique lo presupuestado, acabará de momento en la factura de los consumidores de gas, que se repartirán, de entrada, 250 millones de euros del desastre financiero.

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