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MADRID

Coslada, Getafe y Leganés volvieron en 2017 a los niveles ilegales de contaminación anteriores a la crisis

Las tres, que suman 500.000 habitantes, registraron concentraciones de dióxido de nitrógeno anuales casi idénticas a las de 2011 y que rebasan lo permitido

La expresidenta Esperanza Aguirre pidió con una situación similar a la actual una moratoria a Europa, ya obsoleta, que eximía al área metropolitana de cumplir los máximos comunitarios hasta 2014

El Gobierno actual de Garrido dice que los altos niveles de 2017 motivaron el protocolo regional antipolución, que no se ha activado ninguna vez en un año

Madrid desactiva mañana el límite de velocidad por alta contaminación

EFE

El área metropolitana de Madrid volvió en 2017 a registrar niveles de contaminación prácticamente idénticos a los que se daban antes de la crisis. Los datos recabados por la Comunidad de Madrid revelan que Coslada, Getafe y Leganés rebasaron los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire permitidos por la normativa europea el año pasado y se situaron en cifras muy similares a las de 2011.

Entonces, el Gobierno regional, dirigido por Esperanza Aguirre, pidió a Bruselas una prórroga para poder saltarse la media anual máxima establecida en una directiva de 2010. Pero ya no es posible acogerse a esta moratoria: terminó el 31 de diciembre de 2013 y estos niveles están castigados con multas. El problema de la contaminación no solo atañe a la ciudad de Madrid, aunque el ultimátum de Bruselas solo se cierne, de momento, sobre ella. 

Según los informes regionales de calidad del aire, en dos zonas de un total de siete –Corredor del Henares (Coslada) y Urbana Sur (Getafe y Leganés)– se registraron en 2017 concentraciones anuales superiores a los 40 microgramos por metro cúbico, el límite máximo permitido. Coslada alcalzó los 47, Leganés llegó a los 43 y Getafe, 42. Unos valores que se parecen mucho a los anotados en 2011: 47, 44 y 44, respectivamente. Además 19 de las 23 estaciones aumentaron la media anual de acumulación de este gas nocivo en el aire respecto a 2016, según datos de la Comunidad de Madrid. De ellas, Rivas Vaciamadrid (38), Fuenlabrada (36) y Alcalá de Henares (37) son los municipios que más rozan el límite máximo anual permitido. 



Otros elementos habituales para medir la contaminación (como el ozono troposférico) también están al alza respecto a 2016 en un marco general de aumento de los contaminantes en España. La legislación establece un valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana (120 µg/m3 , máximo de las medias móviles octohorarias) que no debe ser superado en más de 25 ocasiones por año. Y durante 2017, 18 de las 23 estaciones de la región se pasaron de este tope, según los últimos datos anuales de la Comunidad de Madrid frente a las 16 de 2016. "Son el 78% de las estaciones y en la ciudad de Madrid las afectadas son 8 de las 14 que miden este contaminante secundario, el ozono malo", explica el diputado regional de Podemos Alejandro Sánchez (Equo). El ozono troposférico, producido por complicadas reacciones químicas que los rayos del sol provocan en otros gases como el dióxido de nitrógeno que sale de los tubos de escape, puede viajar cientos de kilómetros. "El problema es de alcance regional", razona. 

Coslada, Getafe y Leganés, que suman una población de casi 500.000 habitantes, habían reducido desde 2012 la acumulación de dióxido de nitrógeno –un gas perjudicial para las vías respiratorias procedente sobre todo de la combustión de los vehículos– por el efecto fundamentalmente de la crisis económica que rebaja la actividad y también las emisiones.

Pero con la recuperación ha regresado el ascenso: Coslada lleva desde 2015 sobrepasando los niveles máximos establecidos; Leganés se quedó en el tope en 2015 y el año pasado ya lo rebasó; y Getafe ha atravesado ese umbral por primera vez 2017 tras la recesión. Desde 2011 no se daban en esta localidad del sur de Madrid estas altas concentraciones medias anuales, aunque sí se había dado allí un repunte en las mediciones por horas en 2015 (límite horario), el otro valor acotado por Bruselas que de momento se mantiene por debajo de los máximos en estas estaciones. 

La Comisión Europea estuvo a punto de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento de la normativa comunitaria sobre la calidad del aire. El Estado sorteó la demanda después de que las ciudades de Madrid y Barcelona, las que superaban por más los umbrales permitidos, presentaran medidas más ambiciosas contra la contaminación. La capital salvó el ultimátum con el gran área de bajas emisiones de Madrid Central y el protocolo anticontaminación endurecido, en vigor desde este lunes.

Sin embargo, la Comisión Europea dejó fuera del procedimiento sancionador las zonas del Corredor del Henares y Urbana Sur, pese a que en 2017 registraron incumplimientos. Y eso que Bruselas ya estaba advertida de que estos aglomerados habían rebasado los límites permitidos por normativa años atrás. La Comisión concedió en 2012 una prórroga a la Comunidad de Madrid que le eximía de ceñirse a los máximos hasta 2014. El Ayuntamiento dirigido en esas fechas por Ana Botella (PP) también pidió una moratoria pero le fue negada. 

Sobre el plazo adicional concedido a la Comunidad, el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, justificó por escrito que las autoridades españolas habían facilitado "unos datos sobre las concentraciones de NO2 proyectadas para 2014 razonables y realistas". Y efectivamente hasta ese año se sucedieron las reducciones. "Era la tendencia por el efecto de la crisis", explica Juan Bárcena, experto en contaminación de Ecologistas en Acción. 

En 2015 trajo consigo nuevos picos y 2016 dio al Ejecutivo (y al aire) un pequeño respiro, pero la escalada de 2017 ya no pudo demorar más la acción. La acumulación de dióxido de nitrógeno en Coslada, Getafe y Leganés alertó a Medio Ambiente mientras España se hallaba inmersa en intensas reuniones con Bruselas que solo miraban a la ciudad porque ahí se estaban dando los niveles más altos.

La Consejería de Medio Ambiente admite que estos datos empujaron al Gobierno a aprobar el primer protocolo regional contra la contaminación.  El Ejecutivo de Cristina Cifuentes lo puso en marcha en noviembre de 2017. Los límites inicialmente previstos para activarlo tuvieron que retocarse tras las alegaciones de Ecologistas en Acción y terminaron alineados con los del protocolo del Ayuntamiento. Aún así, un año después, el plan no se ha activado ninguna vez y la Consejería ha anunciado esta semana que hará una primera revisión próximamente que contempla dos escenarios más: uno cero (sin medidas) y otro de alerta. El Ejecutivo también ha puesto un marcha un Plan de Movilidad Urbana Sostenible dotado con dos millones de euros para la ayuda de compra de vehículos que funcionen con energías alternativas y una red, que estará finalizada en el largo plazo, de aparcamientos disuasorios. 

"No se resuelve solo con medidas en la ciudad"

Bárcena explica que "aunque el cúmulo de incumplimientos que se dan en la ciudad de Madrid es mayor, también se producen en la corona y hay que relacionar unos con otros". Este experto sostiene que "buena parte del incumplimiento de Madrid tiene que ver con el tráfico metropolitano, con los coches que entran y salen". "Según el último estudio del parque circulante, más del 40% de los vehículos proceden de municipios fuera de Madrid", apunta. Por eso, a su juicio, "difícilmente puede resolverse el problema solo tomando medidas en la ciudad". 

En los últimos meses, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha afirmado en varias ocasiones que la calidad del aire en la región ha mejorado en los últimos años un 20%. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente cifran el descenso de niveles de dióxido de nitrógeno en un 23% en comparación con 2011 y lo emplean como aval para demostrar que sus políticas medioambientales funcionan mejor que las del Ayuntamiento. Pero hay que tener en cuenta, como apuntan los expertos, que en el corazón de este periodo se dio un descenso estructural provocado por la crisis en toda España. 

Ecologistas en Acción considera que las medidas emprendidas por la Comunidad sirven para "intentar cubrir el expediente con Bruselas" pero "en general han brillado por su ausencia" hasta ahora, a su juicio. La asociación advirtió en sus alegaciones de que el protocolo marco de 2017 no implementaba medidas suficientes. Los ecologistas señalaron, por ejemplo, que el hecho de que los altos niveles de dióxido de nitrógeno tuvieran que registrarse a la vez en dos estaciones de las 23 de la región hacía "prácticamente imposible" que se activara

Podemos, en la misma línea, lleva años solicitando un mayor número de estaciones de medición en la región a través de enmiendas en los presupuestos que de momento nunca no han sido atendidas por el Gobierno. La Comunidad de Madrid se divide en siete zonas y en ellas hay 23 estaciones. Son menos que las que se concentran en la ciudad de Madrid (24) en un territorio 13 veces más pequeño. "Hay cuatro municipios grandes que no tienen ni un medidor: Parla, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes y Pozuelo de Alarcón", apunta el diputado Alejandro Sánchez (Equo), cuyo grupo ha pedido que se instalen medidores en los "corredores importantes de transporte donde se concentra mucha contaminación", como la A-1, la A-3 y la M-50.

El protocolo regional obliga a los municipios de más de 75.000 habitantes a elaborar sus propios protocolos y la revisión pendiente invitará también a hacerlo a los que tengan una población superior a 50.000. El pasado 24 de noviembre cumplió el plazo para que los presentaran a la Comunidad y empezarán a aprobarse, según los planes de la Consejería de Medio Ambiente. 

Los altos niveles de dióxido de nitrógeno tienen un efecto directo y nocivo sobre la salud. Por ejemplo, los ingresos hospitalarios urgentes por enfermedades respiratorias aumentan un 42% durante los episodios de alta contaminación en Madrid, según los datos entre 2006 y 2013 analizados por eldiario.es. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha cifrado en cerca de 6.000 las muertes en España atribuibles a la contaminación y tratar las enfermedades relacionadas con la polución atmosférica causada por el tráfico cuesta a las arcas públicas más de 3.600 millones de euros al año, según un informe elaborado recientemente por la Alianza Europea de Salud Pública.

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